Revelar en informes periodísticos fotografías de la presidenta Dina Boluarte que evidencian el resultado de sus supuestas cirugías estéticas podría llevar a la cárcel a los periodistas que firman esos reportajes de aprobarse en segunda votación el dictamen que agrupa los proyectos de ley 4431/2022 y 6718/2023. Estas normativas, según los gremios periodísticos, buscan criminalizar la investigación periodística bajo el pretexto de “proteger la intimidad” y el “honor” de los funcionarios públicos.

“Lo que están pretendiendo es abrir la puerta para sancionar a la prensa que revela, por ejemplo, las fotografías de la presidenta Dina Boluarte que contradicen su versión oficial en relación con una operación que se realizó”, explica Roberto Pereira, abogado especialista en temas de prensa y libertad de expresión y asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). “Van a tratar de sancionar el seguimiento que se hace para demostrar las mentiras de los políticos”.

Primera votación de la Ley Mordaza. Foto: Congreso de la República.

El 13 de marzo, el Congreso aprobó en primera votación una propuesta legislativa que introduce el delito de "violación a la intimidad" y endurece las penas por difamación y calumnia, con sanciones de hasta cinco años de cárcel y multas económicas a favor del querellante. Ante un texto sustitutorio presentado a última hora se aprobó sin debate y con tan solo 36 congresistas a favor, 23 en contra y 32 abstenciones. 

De aprobarse en segunda instancia , la norma pasará al Ejecutivo para su promulgación o eventual observación, algo muy difícil teniendo en cuenta la actitud de Dina Boluarte con la prensa. Más aún cuando la presidenta rechazó reunirse con la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa que visitó Lima recientemente, una delegación que advirtió de la grave situación de la libertad de expresión y prensa en el país. En su reporte, la SIP advierte de “la creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales”. 

"Cajón desastre" para penalizar investigaciones periodísticas

La propuesta fue presentada en el pleno por el congresista de Perú Libre, Isaac Mita. Convoca.pe solicitó sus descargos al respecto, pero no tuvo respuesta hasta el momento.

Isaac Mita, en el Pleno. Foto: Congreso de la República.

El abogado Roberto Pereira, también señaló que esta normativa no tiene "una justificación racional ni razonable", sino que responde a "un patrón de debilitamiento de las garantías legales del ejercicio periodístico". Además, advierte que la incorporación de la "intimidad personal" en la tipificación de difamación podría ser utilizada como un "cajón de sastre" para sancionar investigaciones periodísticas.

Ejemplificando el caso de las fotos de Dina Boluarte destapadas por Latina, Renzo Rojas, coordinador de comunicaciones de la ANP, recordó que "la presidenta es un personaje de interés público" y que, según la jurisprudencia nacional e internacional, su derecho a la intimidad puede ser relativizado cuando existe un "supremo interés público". Esto según lo indicado por el Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia.

En vista a lo narrado, diversos gremios periodísticos han manifestado su rechazo y exigen que el Congreso reconsidere su decisión en defensa del derecho a la información de la ciudadanía. El 14 de marzo, la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de Prensa Peruana, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas alertaron, a través de un comunicado, que la propuesta legislativa no cumple con los estándares internacionales fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Comunicado de los gremios. Foto: ANP.

El camino hacia la propuesta

Los Proyectos de Ley 4431/2022 y 6718/2023 iniciaron su recorrido legislativo con enfoques distintos, pero terminaron fusionados en un dictamen conjunto aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El PL 4431, presentado en marzo de 2023 por la congresista Katy Ugarte Mamani, buscaba endurecer las penas por calumnia y difamación, introduciendo como agravante la falsa imputación del delito de terrorismo, conocido como "terruqueo". Por su parte, el PL 6718, impulsado en diciembre de 2023 por Segundo Montalvo Cubas, tenía un alcance más amplio, incluyendo modificaciones al Código Civil y a la Ley de Rectificación para establecer indemnizaciones obligatorias y fortalecer el derecho al honor.

Ambos proyectos fueron enviados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde se inició un proceso de evaluación que llevó a modificar y ampliar su contenido original. Durante el debate, se identificaron antecedentes de propuestas similares que habían sido archivadas por falta de consenso. Entre ellas, el PL 2862/2022, que proponía aumentar penas por difamación y que fue rechazado en el Pleno en junio de 2023.

En medio de la evaluación de la Comisión, hubo posiciones divergentes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior manifestaron que la normativa vigente ya contemplaba mecanismos para sancionar la calumnia y la difamación, por lo que consideraban innecesarias las modificaciones, calificándolas de NO VIABLES en su primera versión.

La PNP calificó el PL 4431/2022 como inviable. Fuente: Congreso de la República

El Ministerio Público se mostró en contra de la propuesta. Fuente: Congreso de la República.

El dictamen final, aprobado el 8 de mayo de 2024, incorporó elementos de ambas iniciativas, pero con ajustes significativos. Se eliminó la referencia explícita al "terruqueo" como agravante y, en su lugar, se estableció un incremento generalizado de penas para la calumnia y la difamación, especialmente cuando se cometen a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales. También se añadieron sanciones económicas obligatorias en forma de indemnización para las víctimas y se reforzó el derecho de rectificación en medios informativos.

“Hay un consenso de todos los partidos para debilitar, digamos, el marco legal de protección a la libertad de expresión. Se han puesto de acuerdo en dejar una fórmula amplia, incrementando la pena e incorporando este asunto de la intimidad”, analiza Roberto Pereira.

Protagonistas con antecedentes

El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, presentó el 20 de diciembre de 2023, una de las propuestas legislativas en cuestión. Según una investigación de Ojo Público, antes de asumir su escaño, declaró un patrimonio de S/ 2,136 en su jurado de bienes y renta. Sin embargo, en menos de dos años, su patrimonio se habría multiplicado más de 50 veces, de acuerdo con el mismo medio.

Además, el medio digital de periodismo de investigación informó que, cuando era candidato, Montalvo tenía una sentencia del Juzgado Civil Mixto de Utcubamba por presuntos maltratos psicológicos contra su padre, Toribio Montalvo Jilca.

El congresista también fue cuestionado durante su campaña electoral por declaraciones polémicas sobre las mujeres, a quienes comparó con objetos en el contexto de la corrupción política. “Solamente les falta decir a estos corruptos que si tienes a dos mujeres, te van a quitar a una mujer. Eso les falta, señores, por eso les pido al pueblo peruano confianza”, afirmó en ese entonces.

Congresista Segundo Montalvo. Foto: Congreso de la República.

Con respecto a la autora del otro proyecto de ley, Jhakeline Katy Ugarte Mamani, fue denunciada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho para su beneficio, el conocido caso “Mochasueldos” destapado por investigaciones periodísticas. 

Jhakeline Ugarte está siendo investigada como parte del caso Mochasueldo. Fuente: Fiscalía de la Nación.

Meses después, el Congreso de la República oficializó la suspensión de la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani mediante la Resolución Legislativa Nº 005-2024-CR, que establece su cese por 30 días de legislatura y un descuento en sus haberes por 45 días. 

La decisión fue adoptada el 18 de septiembre tras la presentación del presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, en base al inciso d) del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria, que regula la conducta de los congresistas.

Las iniciativas censuradoras no paran

Curiosamente, una de las co-autoras del PL 6718, María Agüero, también congresista por Perú Libre, presentó un proyecto de ley (10208/2024) el pasado 15 de febrero que pretende controlar y perseguir a los medios de comunicación, a través de la fiscalización de las fuentes de financiamiento y las actividades de la prensa.

El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas también se pronunciaron en contra de esta iniciativa que deberá ser discutida en la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

Agüero, persona clave en ambos procesos, está siendo investigada por presuntos delitos de colusión y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Al igual que su compañera de bancada, Aguero, se ha visto implicada en el caso “Mochasueldos”.

Según un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), esta normativa, disfrazada de un esfuerzo por promover la transparencia, en realidad “confirma una tendencia más amplia de iniciativas que buscan restringir la libertad de prensa en el Perú”. La propuesta otorga al Ejecutivo facultades sancionadoras que incluyen la posibilidad de cancelar el funcionamiento de medios que no cumplan con los requisitos impuestos.

María Agüero propone fiscalizar los ingresos de los medios de comunicación. Foto: Congreso de la República.