Al promediar el mediodía del viernes 9 de septiembre se realizó la primera audiencia virtual en la Corte Suprema por la acción de amparo interpuesta por el poderoso Estudio Echecopar para anular la resolución judicial que la haría asumir parte del pago de mil 300 millones de dólares de reparación civil por los presuntos delitos que investigan las autoridades del Ministerio Público en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano.

En la sesión participaron Samuel Abad, abogado constitucionalista y socio del Estudio Echecopar, quien defendió la demanda, y los representantes de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, Magno Abraham García y Miguel Chero.

La procuradora pública ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien también estuvo presente en la audiencia como parte interesada, dijo a Convoca.pe que el Estudio Echecopar "no ha presentado una correcta motivación de sus argumentos" al buscar evadir la relación entre los abogados investigados del bufete con los hechos que investiga la Fiscalía sobre la adjudicación del megaproyecto a favor del consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht durante el gobierno de Ollanta Humala.

Primera audiencia sobre la demanda de amparo presentada por el Estudio Echecopar dirigida por los jueces Néstor Fernando Paredes Flores (presidente de la sala), José Luis Velarde Acosta y Erika Mercedes Salazar Mendoza. Foto: Captura de pantalla.

En 2014, los abogados del Estudio Echecopar, Jorge Elías Danós y Ana Sofía Reyna, participaron en la elaboración de un informe legal a pedido de Proinversión que, según la Fiscalía, sirvió de base para descalificar del proceso de licitación del Gasoducto Sur Peruano al consorcio integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI, que competía con Odebrecht y la empresa española Enagás.

Años después, en 2019, Convoca.pe identificó en las planillas secretas de Odebrecht pagos ocultos por 3 millones de dólares asociados al proyecto gasífero a través de diversos 'codinomes' o alias. Esto dió un giro a la investigación fiscal que seguía el Equipo Especial Lava Jato, que tuvo que interrogar a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y otros exdirectivos de la empresa, quienes confirmaron estos pagos ocultos y reuniones en Palacio de Gobierno entre representantes de la compañía, la ex primera dama Nadine Heredia y el entonces presidente Ollanta Humala. En estos encuentros precisamente se hablaba del proceso de adjudicación y ejecución del proyecto Gasoducto Sur Peruano, según lo confesado por el propio Barata.

Al respecto, el abogado Roberto Pereira, que asumió la defensa del Estudio Echecopar, y Juan Carlos De los Heros, socio director de este bufete, aseguran que el informe que elaboraron los abogados Danós y Reyna estaba al margen de los negociados en Palacio de Gobierno entre Odebrecht y la pareja presidencial, y que ellos solo hicieron un trabajo profesional que pidió Proinversión, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

Convoca.pe accedió a la demanda de amparo interpuesta por el Estudio Echecopar.

Para Pereira la inclusión del Estudio Echecopar como tercero civil responsable en este caso es un "abuso judicial" con el que se les busca imponer "una reparación económica exorbitante", ya que si los abogados Danós y Reyna no pueden pagar la indemnización al Estado se tendría que incautar las cuentas bancarias y realizar embargos a las propiedades del bufete.

Pero no sólo eso incomoda a los socios del Echecopar. Lo que fastidió a los abogados es que la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato hiciera una nota de prensa anunciando a la opinión pública que el estudio jurídico fue incorporado como tercero civil responsable en la investigación del Gasoducto Sur Peruano, lo cual constituye el primer caso de un bufete en esa situación en el megacaso de corrupción Lava Jato en el Perú.

"Este tipo de medidas afectan al patrimonio y prestigio [del bufete]", afirma Roberto Pereira acompañado de Juan Carlos De los Heros, desde las oficinas en Miraflores del estudio Benites, Vargas y Ugaz, que asumió la defensa del Echecopar. Ambos explican que ante este "impacto reputacional" varios clientes llamaron al Echecopar para pedir explicaciones. En este escenario, el estudio presentó una demanda de amparo contra la resolución judicial a la Corte Superior de Justicia.

Pereira explica que, según el Código Procesal, si a alguien se le incorpora como tercero civil responsable en un proceso, esa decisión "es inimpugnable", ya no se puede apelar. Por ello, asegura el abogado, el bufete recurrió a una demanda en materia constitucional y presentará su pedido a una segunda instancia si el Poder Judicial se rehúsa a darle la razón. La estrategia es agotar todas las vías legales posibles, e incluso llegar hasta el Tribunal Constitucional.

Esta acción de amparo tiene la firma del constitucionalista y socio Samuel Abad, quien está llevando la demanda, Javier De Belaunde y otros abogados del estudio. Foto Convoca.pe

El Estudio Echecopar domina el mercado legal en el Perú y tiene más de 70 años asesorando a importantes empresas e instituciones del Estado. Entre su registro histórico de clientes aparece la empresa española Enagás, precisamente la socia de Odebrecht en el proceso de adjudicación del Gasoducto Sur Peruano y que terminó siendo favorecida con el informe que los abogados Danós y Reyna hicieron a pedido de Proinversión.

La cronología de los hechos también indica que los miembros del comité de Proinversión, ahora investigados y que en un pasado asesoraron a Odebrecht, no fueron transparentes, por decir lo menos, en el proceso de adjudicación con el consorcio competidor de la empresa brasileña que se realizó en 2014.

Las bases del concurso exigían que los consorcios mantuvieran el porcentaje de participación de las empresas asociadas. El competidor de Odebrecht estaba integrado por cuatro empresas con 25% de participación cada una, pero luego una de las compañías, GDF Suez, redujo su participación tras vencerse el plazo para hacerlo, lo cual constituía una infracción.

En junio de 2014, Proinversión le dió la opción a dicho consorcio a subsanar el cambio de participación societaria. Esto que podía verse como una decisión independiente de los funcionarios de esta entidad estatal no fue tal. En paralelo, estos funcionarios solicitaron a los estudios de abogados Delmar Ugarte y Echecopar, informes que terminaron descalificando al consorcio competidor de Odebrecht y que fueron determinantes para sacarlos del proceso de adjudicación en el que estaban en juego 7 mil millones de dólares.

Según la tesis de la fiscal Geovanna Mori, los informes técnicos de ambos bufetes respaldaron una descalificación a última hora solicitada por Proinversión. El 30 de junio, se le otorgó la buena pro al consorcio que quedaba en pie, integrado por Odebrecht y Enagás.
 
La resolución judicial que señala como investigados a los autores del informe del Estudio Echecopar, Jorge Danós y Ana Sofía Reyna, indica que se descalificó al consorcio competidor de Odebrecht sin que se transgredan las bases del concurso de la licitación.

Para la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato fue un informe “hecho a medida” que sirvió para que Proinversión tomara la decisión de descalificar al consorcio competidor. Para la Fiscalía, los abogados que hicieron el informe y están siendo investigados se introdujeron en estructuras de ProInversión formando parte de un acuerdo o lo que sería un pacto ilícito para favorecer a la empresa Odebrecht con el otorgamiento de la buena pro del Gasoducto Sur Peruano.

Juan Carlos De Los Heros (izquierda), socio del Estudio Echecopar, y Roberto Pereira Chumbe (derecha), abogado del Estudio Benites, Vargas y Ugaz, ejerciendo la defensa del bufete para evitar ser incorporado como tercero civil responsable en el caso del Gasoducto Sur Peruano. Foto: Milagros Salazar

Roberto Pereira consideró que no fue un informe en tiempo récord y que se hizo rápido porque era un informe simple por el costo de 18 mil soles que únicamente comprobó que el consorcio perdió por hacer un cambio en su composición accionarial. "Proinversión decide contratar un viernes y solo había sábado y domingo [para emitir el informe]", añade.

Como los abogados Danós y Reyna forman parte del Estudio Echecopar y el informe se emitió a nombre de la firma, la Procuraduría exige que el bufete asuma como tercero civilmente responsable, de acuerdo al artículo 11 del Código Procesal Penal relacionado al eventual pago de reparación monetaria por los daños derivados del delito de colusión agravada contra el Estado peruano.

Para la procuradora Silvana Carrión, “que le den la razón [al estudio Echecopar] en materia constitucional (a través de la demanda de amparo), abre una puerta a que más empresas incorporadas como terceros civiles responsables en el caso Lava Jato se vayan a una demanda para anular sus procesos”.

Otra salida legal

La demanda de amparo no es la única vía de defensa que ha puesto en marcha el Estudio Echecopar. En febrero de 2021, el bufete presentó un recurso técnico de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que pueda definir si es legal o no mantener a los abogados en el proceso de investigación. Si la Sala lo acepta, van a salir del proceso y, en consecuencia, también el Echecopar.

La Sala Penal Permanente que tomará la decisión está conformada por los jueces César San Martin, Paloma Altabaz, Ivan Sequeiros, Erazmo Coaguila y Norma Carbajal. La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato ha solicitado a la Corte Suprema que San Martín se inhiba en esta causa debido a que fue socio del investigado Jorge Danós en el estudio Benites, Vargas y Ugaz, que precisamente defiende a Danós y a Reyna, abogados del Echecopar.

Los abogados Ana Sofía Reyna y Jorge Danós Ordoñez, del Estudio Echecopar, son investigados por la Fiscalía.
 

“Nosotros en principio no tenemos problemas con eso [el pedido de inhibición de San Martín], pero creemos que es injusto”, señala el abogado del estudio Ugaz, Roberto Pereira, que añade que presentó documentación para oponerse y brindar mayor información a la Sala.

La procuradora Silvana Carrión espera que el juez tome la decisión correcta puesto que él sí se inhibió en un recurso de casación interpuesto en 2018 por Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, procesados por presunto delito de lavado de activos, por unas declaraciones que dio en el pasado.

Jorge Danós fue socio del estudio Benites, Vargas y Ugaz entre 1994 y 2005, mientras que César San Martín lo fue entre 1994 y 2004.  De no inhibirse, San Martin tendría participación en la casación en la que uno de los imputados trabajó con él durante años.

Precisamente por “esta apariencia de imparcialidad que debe existir en cualquier decisión que toma un magistrado de un alto órgano del Poder Judicial como es la Corte Suprema”, señala Carrión, es que en este pedido presentado por el Estudio Echecopar también debería inhibirse.

En 2018, César San Martín se inhibió como juez en el caso seguido contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos.

Sin embargo, la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato no ha tenido suerte con su pedido. El último 21 septiembre de 2022 apareció en la página web del Poder Judicial la información de que los integrantes de la Corte Suprema votaron para decidir el recurso planteado por Carrión, para que César San Martín se inhibiera de resolver la casación del Estudio Echecopar, y lo declararon infundado. Aún no se conoce la resolución que explica esta decisión. La pelea legal de uno de los estudios jurídicos más poderosos del Perú aún sigue en marcha.