A dos semanas de las revelaciones de Convoca.pe sobre el Gasoducto del Sur, como parte de la investigación transfronteriza coordinada por ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), hoy un contingente de fiscales del Equipo Especial para el caso Lava Jato y de agentes policiales empezó a allanar 26 inmuebles de personas y estudios de abogados presuntamente implicados en irregularidades o actos ilícitos en relación a la millonaria concesión adjudicada en 2014 a Odebrecht, durante el gobierno de Ollanta Humala, y que tiene como antecedente el proyecto gasífero Kuntur, otorgado en la última gestión presidencial de Alan García.

Desde las 6:30 horas de esta mañana, la fiscal especializada Geovanna Mori, a cargo del caso Gasoducto del Sur, dirige la intervención a los predios entre los que se encuentran la casa de la exprimera dama Nadine Heredia y las oficinas de tres importantes bufetes del país: Muñiz, Echecopar y Philippi Prietocarroza Ferrero Du & Uria (del cual forma parte el estudio Delmar Ugarte).

La fiscal Mori dijo a la prensa que el allanamiento se realiza por los testimonios de nuevos colaboradores eficaces que vinculan a la esposa del expresidente Humala con supuestos actos ilegales.

La medida fue autorizada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena y tiene como finalidad la incautación de bienes o información de interés para la investigación, “como por ejemplo agendas (anotaciones), correos electrónicos, mensajería, videos, audios, teléfonos celulares y cualquier otro medio audiovisual o documento físico y/o informático que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados", según la resolución judicial a la que accedió este medio digital .

Como se recuerda entre los investigados también están los abogados Jorge Danós Ordóñez y Luis Peschiera Rubini, ambos tuvieron participación −en representación de los estudios Echecopar y Delmar Ugarte, respectivamente− en la descalificación a última hora del consorcio competidor de Odebrecht por parte de Proinversión, hecho que terminó por beneficiar a la constructora brasileña y perjudicar al Estado peruano.

Resolución que ordena el allanamiento en el marco de las investigaciones por el caso Gasoducto del Sur.

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