Cuatro días antes de la visita de una misión de alto nivel de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a Perú (OCDE), la presidenta Dina Boluarte criticaba públicamente el trabajo del Equipo Especial Lava Jato. "Se han gastado miles de soles para ir y venir y tomar declaraciones a Curitiba, a Sao Paulo y ese dinero invertido en nada, ¿de qué sirvió?", cuestionaba. "Vamos a ver si las nuevas autoridades de la Fiscalía se ponen firmes con sus pares, con esos fiscales que no han hecho bien su labor”, remarcó. 

En su visita del 21 y 22 de enero, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, liderado por la exfiscal canadiense Kathleen Roussel, dejó en claro la urgente necesidad de proteger a fiscales y jueces de “posibles interferencias políticas” que pusieran en riesgo las investigaciones de cohecho internacional contra altos funcionarios. Un comunicado de prensa o el envío de un misión de alto nivel son medidas drásticas que toma el organismo internacional cuando un país incumple con la Convención Anticohecho de la OCDE.

Perú se encuentra en la fase 2 –en total son cuatro–del proceso de adhesión a esta organización internacional, de la que forman parte 38 países de Europa, Asia y América. Pero tal parece que las intenciones de un sector del Estado distan de este objetivo. 

El 31 de enero, nueve días después de la última jornada de reuniones del Grupo Anticohecho en Lima, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abrió una investigación contra el Equipo Especial y los procuradores ad hoc del caso Lava Jato por haber firmado el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht. Los denunciantes fueron los abogados del prófugo empresario Gonzalo Monteverde, acusado de ser el operador financiero en Perú de Odebrecht.

Catorce días después, el 14 de febrero, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por rechazar el pedido de un ex coronel para reincorporarse a la Policía Nacional. Tello es una de las funcionarias que se reunió con Kathleen Roussell. 

En noviembre del año pasado el Ministerio Público abrió otra carpeta fiscal contra la procuradora Silvana Carrión por un hecho que resulta paradójico: La procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato está siendo investigada por un viaje que realizó a París para asistir en representación de Perú a una de la reuniones anuales del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, entre el 8 y 14 de octubre de 2023, es decir por participar en una conferencia anticorrupción.

Procuradora Silvana Carrión en conferencia de Comisión Anticohecho de la OCDE. Foto: Ministerio Público

La investigación nació a partir de las declaraciones que Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides. Villanueva es sindicado de archivar investigaciones —por orden de Benavides— contra parlamentarios a cambio de conseguir la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos, la remoción de titulares de la Junta Nacional de Justicia y la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. 

En sus declaraciones del 5 de febrero de 2024, el cuestionado Villanueva aseguró que Silvana Carrión impulsó una denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho transnacional para presentarlo ante la Misión Anticohecho en su viaje a la ciudad de París.

La denuncia contra Carrión fue presentada el 23 de febrero por la procuradora anticorrupción Judith Villegas basándose en las declaraciones de Villanueva. Villegas apunta a que todo habría empezado con Patricia Benavides y sus esfuerzos por proteger a su hermana Emma Benavides, fiscal investigada por liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos.

De acuerdo con la denuncia a la que accedió Convoca.pe, Patricia Benavides intentó contactar al entonces Procurador General, Daniel Soria, para que no apelara la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria en el caso de su hermana. 

Sin embargo, según el investigado Villanueva, Soria rechazó este pedido ya que el Ministerio Público no había abierto una denuncia contra Martín Vizcarra por el caso ‘Vacunagate’, lo cual señala que se anteponía al interés de la Procuraduría General de presentar la investigación contra el expresidente como un logro ante la OCDE. 

Así, con los dichos de Villanueva, el 6 de noviembre de 2024, el fiscal supremo Alcides Chinchay notificó a la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, del inicio de diligencias preliminares por el delito de tráfico de influencias agravado. El plazo para esta etapa de la investigación culminará en julio.

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El viaje de Carrión a París, en octubre de 2023, fue autorizado mediante una resolución ministerial a pedido de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). La autorización lleva la firma del actual titular de Justicia Eduardo Arana. 

Según un oficio de la PCM enviado a la Procuraduría General, Perú debía presentar el avance de los casos de corrupción ante el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE. Por ello, era necesario que un funcionario con información actualizada del caso Lava Jato asistiera a dicha reunión. 

Esta no es la primera vez que la procuradora participa en las evaluaciones de la OCDE o viaja a París para asistir a uno de sus eventos que congregan cientos de expertos. Ese mismo año Carrión atendió otras tres reuniones oficiales.

A la primera reunión, entre el 6 y 8 de marzo, asistió para evaluar la reciente adhesión de Costa Rica debido a su especialización en temas de corrupción e impunidad. El segundo viaje a la capital francesa fue el 24 y 25 de mayo, fecha en la que se celebraba el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE. 

La tercera conferencia que atendió a mediados de ese año fue para reportar el avance de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho —uno de los grupos más importantes de la OCDE— para garantizar la prevención y detección de soborno transnacional. 

La participación de la procuradora fue clave para que Perú avance en la Fase 2 del proceso de adhesión. 

Pese a los justificados viajes de Silvana Carrión a la sede de la OCDE en Paris, la Fiscalía ha declarado como compleja la investigación preliminar y ha dispuesto un plazo de ocho meses para iniciar las diligencias del caso. 

Adhesión a la OCDE en riesgo

Con más de 60 años de experiencia diseñando políticas basadas en estándares internacionales, la OCDE ha sido un organismo clave de cooperación técnica para abordar desafíos económicos, sociales y ambientales. 

Ser parte de la OCDE toma varios años y se ha convertido en un objetivo de política exterior de sucesivos gobiernos. Hoy Perú se encuentra en la Fase 2 del proceso de adhesión a este organismo, pero presentó formalmente la solicitud para convertirse en país miembro en 2012 y recién fue invitado a participar en el proceso en 2022. 

Sin embargo, el envío de la Misión Anticohecho a Lima es una señal de que el país no va por buen camino, ya que se trata de uno de los comités más activos y rigurosos de la OCDE,

Convoca.pe pudo conocer que a fines de 2023 la OCDE solicitó realizar una visita a Perú, pero recién se pudo concretar en enero de 2025. El pedido obedecía al contexto político de nuestro país en esa época: la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la suspensión del fiscal superior Rafael Vela y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides; así como la destitución de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez e Inés Tello.  

A esto se suman otras iniciativas legislativas señaladas como lesivas para la democracia como la reducción del plazo de prescripción de delitos, el debilitamiento de instrumentos claves como la colaboración eficaz y la eliminación de las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias). 

El envío de la Misión Anticohecho no fue un hecho aislado; fue algo que se planeó con más de un año de antelación ante la preocupación de los países miembros por la independencia judicial y fiscal en Perú. 

El internacionalista Augusto Thornberry explicó a Convoca.pe que pertenecer a la OCDE es una carta de presentación ante el mundo de la institucionalidad democrática de un país,  así como de sus buenas prácticas a nivel político, judicial y económico. 

“Lo que la OCDE ha intentado hacer es desarrollar estándares de institucionalidad democrática que permitan que un país se desarrolle razonablemente. Los países se desarrollan cuando tienen instituciones fuertes”, sostuvo el abogado en derecho internacional. “No importa la oferta, la demanda, la ventaja comparativa, el comercio, nada de eso es lo más determinante sino el hecho de que tengan instituciones fuertes”, agregó.

Thornberry también precisa que lo idóneo sería que un país desarrolle instituciones democráticas por convicción.