La defensa legal del prófugo empresario Gonzalo Monteverde, sindicado de haber constituido empresas como Construmac S.A.C. para recibir dinero de Odebrecht y pagar sobornos en Perú, ha emprendido acciones legales contra el Equipo Especial Lava Jato. 

El último 31 de enero, a pedido de los abogados José Luis Francia y Luis Pacheco Mandujano, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos decidió abrir una investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por los delitos de organización criminal, encubrimiento y prevaricato.

Según el documento fiscal, al que accedió Convoca.pe, el Equipo Especial Lava Jato habría otorgado "impunidad o inmunidad procesal" a los funcionarios de Odebrecht en el "caso Humala", el "caso Keiko Fujimori", el "caso Club de la Construcción” y el caso “Gonzalo Monteverde”.

La denuncia de los abogados de Monteverde, que han impulsado esta investigación fiscal,  considera como "acto delictivo" hechos relacionados con la firma del acuerdo de colaboración eficaz y su acta complementaria, suscritas el 15 de febrero y 20 de mayo de 2019 respectivamente.  Esta denuncia, a la que también accedió Convoca.pe, hace referencia a la sentencia de homologación del acuerdo de colaboración eficaz, en la cual el fiscal José Domingo Pérez acordó “no usar pruebas entregadas por Odebrecht y sus funcionarios” en los casos donde no admiten responsabilidad. 

En ese sentido, los abogados de Monteverde denuncian que los fiscales del Equipo Lava Jato habrían archivado los casos por delitos tributarios, como parte de un “plan criminal” para encubrir a Odebrecht y que no paguen su deuda tributaria con el Estado. 

Como prueba, los abogados del fugitivo empresario se remiten a una  resolución firmada por Zoraida Ávalos el 19 de junio de 2019, en la que decide ampliar las competencias del Equipo Especial y así puedan investigar los casos por delitos tributarios vinculados a Odebrecht. 

No obstante, según la resolución firmada por la exfiscal, la decisión de ampliar las competencias del Equipo Especial sobre delitos tributarios relacionados a Odebrecht buscaba la "unidad de investigación fiscal, mejorar la estrategia fiscal y evitar la duplicidad de investigaciones". 

Como prueba, los abogados del fugitivo empresario se remiten a una  resolución firmada por Zoraida Ávalos el 19 de junio de 2019, en la que decide ampliar las competencias del Equipo Especial y así puedan investigar los casos por delitos tributarios vinculados a Odebrecht. 

A partir de esta resolución, el “caso Gonzalo Monteverde” fue derivado al Cuarto Despacho del Equipo Especial a cargo del fiscal Hamilton Montoro, quien rechazó los múltiples pedidos de la compañía brasileña para archivar el caso. 

Ante la negativa del fiscal Hamilton de archivar el caso, el fiscal Rafael Vela lo remueve del cargo y lo reemplaza con la fiscal Diana Canchuaman, quien termina finalmente archivando el caso Gonzalo Monteverde, según se lee en la denuncia. 

Por un lado, la defensa de Monteverde acusa al Equipo Especial Lava Jato de archivar los casos por fraude tributarios vinculados a Odebrecht; sin embargo, por otro lado, reclama que la Fiscalía haya reabierto la investigación contra su patrocinado pese a que el caso fue archivado definitivamente. 

Prófugo Gonzalo Monteverde, acusado de ser el operador de coimas de Odebrecht en Perú

Es importante resaltar que días antes de la fuga de Monteverde, Eduardo Da Rocha Soarez, encargado de la oficina de sobornos de Odebrecht, señaló que las compañías del empresario peruano sirvieron para trasladar dinero ilícito a otros países y para que la firma brasileña pudiera disponer de efectivo y pagar coimas a funcionarios peruanos a cambio de la adjudicación de obras públicas. Entre ellas, millonarios pagos ilícitos vinculados a la construcción de la carretera Interoceánica y el Gasoducto Sur durante el gobierno de Alan García y Ollanta Humala respectivamente.

Abogado de Monteverde: "La denuncia no es para favorecer a mi cliente"

En diálogo con Convoca.pe, el abogado de Gonzalo Monteverde, José Luis Francia, rechazó que la denuncia interpuesta contra el fiscal Rafael Vela sea parte de una estrategia para debilitar la hipótesis fiscal en la investigación contra su cliente. 

"Estos fiscales (Rafael Vela y José Domingo Pérez) no son los únicos. Hay más de 1,000 fiscales a nivel nacional. Cualquiera puede reemplazarlos. Esto (la denuncia) en nada beneficia a mi patrocinado", indicó Francia. 

En esa línea, el abogado cuestionó que la Sunat no pueda cobrar la deuda tributaria a los exfuncionarios de Odebrecht pero sí a Gonzalo Monteverde. 

“Nosotros estamos discutiendo que esto es ilegal y que en algún momento se va a archivar (el caso Monteverde), con ella o sin ella (la fiscal Diana Canchuaman), el Poder Judicial lo va a archivar”, defiende el abogado. 

Francia sostiene que el caso de su patrocinado “ es el único en todo el Perú que se ha abierto sin existir un informe de delito tributario”.  

“Pero eso no quita - añade- que la Sunat tenga el legítimo derecho de cobrar lo que efectivamente deben tanto a Monteverde como a Odebrecht”. 

Los argumentos de la denuncia

Esta denuncia considera que el Equipo Especial Lava Jato tendría como objetivo no perseguir penalmente a los ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht “por hechos delictivos no admitidos en el acuerdo de colaboración eficaz”; archivar los casos de delitos tributarios; evitar confiscar las ganancias de las contrataciones públicas (no incluidas en el acuerdo de colaboración eficaz) y el dinero ilícito proveniente de la División de Operaciones Estructuradas (Caja Dos) ; y finalmente, evitar el cobro de una reparación civil. 

Todo esto se habría logrado, según la denuncia, mediante la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz y beneficios, la resolución firmada por Zoraida Ávalos, y otros acuerdos de cooperación judicial internacional.

Respecto a los procuradores Silvana Carrión y Jorge Ramírez, se les imputa haber participado en reuniones con empresarios vinculados a Odebrecht y haber suscrito acuerdos para evitar el cobro de reparación civil en favor del Estado.

El fiscal José Timarchi Meléndez ha dispuesto un plazo de 90 días para la investigación preliminar contra el fiscal Rafael Vela y los procuradores ad-hoc del caso Lava Jato, quienes deberán declarar ante la Fiscalía entre el 13 y 20 de febrero de 2025.