La minera de capitales chinos MMG Las Bambas no cumple con respetar los lineamientos y principios sobre debida diligencia (o buenas prácticas y protocolos, en términos simples) en derechos humanos en su relacionamiento con las comunidades de Apurímac y Cusco. Esta es la conclusión a la que llega una nueva investigación publicada en el libro "Debida Diligencia y Minería. Las Bambas”, presentado por la ONG Cooperacción.

En el estudio, que fue realizado por el abogado Leonidas Wiener Ramos, se examinan los incumplimientos a las buenas prácticas empresariales de MMG Las Bambas relacionados a la responsabilidad ambiental, falta de transparencia en las negociaciones con las comunidades y el secretismo de los acuerdos tributarios con el Estado peruano. Como se sabe, esta operación extractiva se ubica en la provincia de Cotabambas, en Apurímac.

Desde 2019, la minera tiene vigente, de manera interna, una “política de Derechos Humanos” cuyo contenido se enmarca en una serie de instrumentos internacionales. Entre ellos, las líneas directrices sobre empresas multinacionales y derechos humanos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluyen estándares de debida diligencia.

"Debida diligencia y minería: Las Bambas" editado por Cooperacción fue presentado en el Centro Cultural de la PUCP. Foto: Cooperacción

El Estado peruano, desde el 2014, busca cumplir con ciertos requisitos para ser parte de este selecto grupo (OCDE) de 38 países entre los que figuran las principales economías de Norteamérica, Europa y Asia. Ya en el 2008 el Perú se adhirió a la Declaración de la OCDE sobre empresas multinacionales para promover una conducta empresarial responsable en materia de derechos humanos, ambiente, publicidad de la información, entre otros.

La investigación presentada por Cooperacción señala que desde el inicio del proyecto —cuando la multinacional suiza Xstrata aún era la propietaria— hasta la actualidad —con la administración china de MMG—, la empresa ha priorizado acuerdos bilaterales con las comunidades de sus áreas de influencia.

Esto ha permitido que los tratos bilaterales se desarrollen “en un marco de secretismo” y que los otras comunidades en situación similar no puedan tener esa información (por tratarse de acuerdos entre partes privadas) para negociar uno más beneficioso. 

Según el estudio de Wiener, esta forma de negociación evidencia que existe un claro "desequilibrio de poderes" entre la minera y las comunidades, pues la compañía cuenta con los conocimientos técnicos y legales y acceso a información que no tienen los individuos de estas poblaciones. 

Como ejemplo está el caso de la compra de tierras de las comunidades apurimeñas de Pamputa y Huancuire. La multinacional Xstrata, entonces operadora del proyecto, pagó 5,4 veces más por metro cuadrado a la comunidad de Huancuire que a la de Pamputa. La revelación de la diferencia en la negociación generó luego que los comuneros de Pamputa se sintieran afectados por los acuerdos que firmaron.

La investigación también resalta que Las Bambas ha generado numerosos otros compromisos con las comunidades o propietarios en el ámbito de su influencia, pero estos no solo tienen la intención de apaciguar los reclamos. "La aproximación de la empresa a estos actores sociales ha sido, por lo general, pragmática y simplista, y ha buscado generar acuerdos que le permitieran seguir adelante con el desarrollo de la mina, en el menor tiempo y al menor costo posible", concluye la investigación.

En conversación con Convoca.pe, Wiener señala que la falta de transparencia también hace más difícil medir el grado de cumplimiento de los acuerdos con las comunidades que forman parte del área de influencia directa de Las Bambas.

“Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Fuerabamba, respecto a los compromisos luego del reasentamiento a Nueva Fuerabamba, los dirigentes dicen que la empresa solo ha cumplido el 30% de los acuerdos, pero la empresa afirma que es más del 50%. En otros casos, los relacionistas comunitarios desconocen acuerdos anteriores para realizar nuevos acuerdos. Esta podría ser una estrategia de la empresa para dilatar el diálogo y no tomar iniciativas propias para destrabar los conflictos”, indica el investigador.

Investigación narra el caso de Fuerabamba y los acuerdos entre la empresa y comunidades que mantienen conflictos sociales vigentes. Foto: Difusión

Wiener también indica que existe la hipótesis de que muchos de los problemas surgen de una desconexión entre las directivas corporativas que aprueba la empresa transnacional y los sujetos que deben implementarlas: los directores internacionales y ejecutivos peruanos.

“Esa falta de conexión entre los que ejecutan y los accionistas es un problema que tienen muchas empresas mineras. Las Bambas es bastante hermética sobre lo que pasa al interior de la compañía”, resalta.

Por su parte, Germán Zarama, analista de políticas del Centro sobre Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, advierte que el Estado peruano se adhirió a las líneas directrices de la debida diligencia para empresas multinacionales cuando inició su proceso de incorporación a esta organización en 2014. Es así que el Perú ya no solo debe declarar su intención de que se cumplan, como lo hizo en 2008, sino que debe incluirlas en su normativa.

“El Estado es el encargado de velar porque se cumplan los derechos. Entre los compromisos del Perú está implementar las directrices y el Estado se ha comprometido en llevarlas a la práctica. Esto tiene que ver con actualizar el marco de políticas y el marco regulatorio que tiene que ver con aspectos laborales, ambientales y de derechos humanos”, explica a este medio.

Zarama destaca que, en el caso del Perú, la entidad encargada de implementar las directrices es ProInversión. También debe recoger las quejas de las comunidades que pueden ser afectadas por un proyecto de una empresa multinacional, como son las inversiones extractivas.

El Perú tiene la responsabilidad de implementar las directrices de la debida diligencia para las empresas multinacionales. Foto: Difusión

Opacidad

En la investigación publicada por Cooperacción se encontró que en el caso de Las Bambas la falta de transparencia con la población y las autoridades del Corredor Minero del Sur se experimentó desde el inicio de las operaciones extractivas. Esto se vio reflejado, por ejemplo, cuando la empresa omitió mencionar que no pagaría el impuesto a la renta en los primeros años de operación y que, por lo tanto, no habría canon minero para los gobiernos regionales y locales.

En el 2011, la minera suscribió con el Estado peruano un “Contrato de Garantías y Medidas de Promoción de la Inversión” (un acuerdo de estabilidad tributaria) que le permitía acceder a incentivos tributarios para recuperar sus inversiones en solo cinco años. Las autoridades distritales y las comunidades desconocían este beneficio con el que recuperaría su inversión antes de comenzar a pagar el canon.

"En el caso de Las Bambas, la empresa deliberadamente ha omitido transparentar el asunto del canon, a pesar de que este siempre ha sido un importante elemento motivador de protestas sociales contra la minería", señala el texto. 

Además, se precisa que MMG Las Bambas no cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, por lo que no está obligada a publicar sus estados financieros, aunque, de acuerdo a sus políticas de transparencia, debería hacerlo. 

Historial ambiental

El estudio también analizó las prácticas ambientales de MMG Las Bambas que, según el autor, están alejadas de los lineamientos de la debida diligencia. 

El principal problema tiene que ver con el tránsito de cientos de camiones con minerales por el Corredor Minero del Sur, desde el inicio de la operación de la mina en el 2016. Esta enorme vía traspasa cinco provincias en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa. Su uso para el transporte de metales causa protestas por parte de las decenas de comunidades que viven en ambos lados de la carretera debido a la contaminación que genera.

El paso de cientos de camiones por las carreteras que atraviesan comunidades es el principal problema ambiental en las provincias del Corredor Minero del Sur. Foto: Difusión

 
La investigación anota que desde el 2019, cuando la multinacional china MMG Las Bambas publicó su Política de Derechos Humanos, se identificaron sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por exceso de la cantidad de camiones con minerales o por la falta de remediación y limpieza de derrames de concentrados de cobre en el Corredor Minero.

El texto también señala que la minera hace uso excesivo del mecanismo simplificado de Instrumentos de Gestión Ambiental (ITS) para modificar los componentes mineros de la operación de Las Bambas que generan impactos ambientales moderados o significativos.

En total, la compañía ha realizado ocho modificaciones importantes en el diseño de la operación de la mina a través de los ITS, que son mecanismos que no consideran la participación de las poblaciones.

De acuerdo con la información de la plataforma Convoca Deep Data, la herramienta más completa de datos masivos para investigar a las industrias extractivas en el Perú, entre los años 2015 y 2022 a la minera Las Bambas se le impusieron diez resoluciones de sanciones firmes del OEFA, luego de que se identificaran 20 infracciones ambientales.
 

Una minera con antecedentes

Convoca.pe ha realizado varias investigaciones respecto a las operaciones de Las Bambas. Uno de los reportajes de que formó parte de la cobertura global Paradise Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló el complejo esquema tributario que empleó la entonces propietaria, la suiza Glencore, para vender sus acciones a la filial australiana de China Minmetals, MMG. 

En julio de 2014, una sociedad offshore de Glencore concretó la venta por US$ 7.000 millones. Con esta movida, la compañía solo habría pagado US$ 580 millones de impuestos.

En noviembre de 2021 este medio también reveló que la compañía, ya bajo la administración china, había suscrito cinco convenios de seguridad con la Policía Nacional para contratar a efectivos policiales para el resguardo de sus instalaciones mineras, así como para que vigilen el tránsito de los camiones en el Corredor Minero.

Hasta el 2021, Las Bambas firmó cinco convenios de seguridad particular con la Policía Nacional. Foto: Difusión

Los convenios estaban vigentes durante el estallido del conflicto social en la zona en septiembre de 2015. En el enfrentamiento entre los comuneros que se manifestaban contra la empresa y los policías fallecieron tres civiles  por impactos de proyectiles de arma de fuego.

En el anexo del convenio se señalaba que "en los casos excepcionales y fuera de control de la situación, donde haya sido necesario el uso de las fuerzas o armas, el jefe del destacamento hará llegar un informe a su comando sobre el incidente que obligó al uso de la fuerza o de las armas". 

Otro de los cuestionamientos contra la empresa está relacionado con el violento desalojo de familias de las comunidades de Fuerabamba y Choaquera que ocuparon terrenos de MMG Las Bambas en la localidad de Nueva Fuerabamba, en abril de 2022. Convoca.pe publicó entonces imágenes que mostraban como trabajadores foráneos utilizaban implementos oficiales de la Policía Nacional para botar a los comuneros del extenso terreno.

Preparan plataforma para seguir los acuerdos

En tanto, la Defensoría del Pueblo también prepara una plataforma para seguir el cumplimiento de los acuerdos entre empresas y comunidades, según la abogada Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de esta institución.

La funcionaria explicó a este portal que en los próximos meses se llevará a cabo una estrategia para identificar los acuerdos y realizar un seguimiento y sistematización del cumplimiento de los mismos. Agregó que este mecanismo busca atender todo tipo de conflictos, ya sea entre empresas y comunidades o también conflictos protagonizados por entidades del gobierno.

No obstante, Abanto apuntó que la Defensoría  busca contar con mayor presupuesto público para participar en todas las mesas de diálogo y hacer seguimiento a los acuerdos. “Aproximadamente estamos participando en el 70% de las mesas de diálogo, pero queremos participar en el 100% de ellas”, precisó.