Civiles con chalecos, cascos y otros accesorios que usa la Policía Nacional del Perú participaron en el desalojo de los miembros de la Comunidad de Fuerabamba de las tierras entregadas a la Minera Las Bambas, en Apurímac, como lo evidencia un video grabado el 27 de abril último, al que Convoca.pe tuvo acceso.

Durante la diligencia de “defensa posesoria extrajudicial” ejecutada por Las Bambas y la Policía, no solo participaron 678 agentes del orden, según informó ese día el general Roger Pérez Figueroa, jefe del Frente Policial Apurímac, sino también numerosos civiles que formaban parte del personal contratado por dicha empresa para brindarle seguridad.

“Acá es una matanza. Nos han engañado para desalojar a la población. Estamos con temor, nos han traído con engaños, estamos cercados. Todos somos civiles, acá estamos en peligro. Mira cómo incendian las maquinarias. Estamos cercados, no podemos salir”, denunciaron los miembros del personal de seguridad en el video.

Actualmente, más de 900 empleados y contratistas de Las Bambas permanecen en el sitio, según informó la empresa en un comunicado. “Los invasores, armados de piedras, bombas molotov y distintos tipos de armas vienen atentando contra los efectivos de seguridad que se encuentran protegiendo nuestra propiedad, resultando al momento varios de ellos severamente heridos”, señaló la minera.

Civiles aparecen portando indumentaria policial en desalojo de comuneros en Fuerabamba.

Edison Vargas, presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, denuncia que son aproximadamente 600 las personas que Las Bambas ha traído desde Lima y que aún se encuentran en la zona en disputa. El dirigente contó a Convoca.pe que el personal contratado reveló que la minera les entregó chalecos de protección y los trajo diciendo que iban a participar en un desalojo.

“Como son de Lima, nunca han tenido esa oportunidad de enfrentamiento. Ahorita, que está disparando la Policía, les ha chocado a los hermanos. Desde adentro están pidiendo ayuda, pero la empresa no quiere que salgan. Los compañeros siguen, pero ya no quieren estar allí. La minera no les está permitiendo que salgan, quiere que sigan en la protesta contra los hermanos comuneros, pero no quieren seguir”, relató Edison Vargas.

Tras el desalojo de los miembros de la Comunidad de Fuerabamba de las tierras entregadas a la Minera Las Bambas persisten los enfrentamientos y los daños a la propiedad privada porque los comuneros ya no creen en el llamado para restablecer el diálogo formulado, en las últimas horas, por el gobierno de Pedro Castillo y la empresa minera.

“Todos los comuneros ya decidieron que Las Bambas no va. Las Bambas se cierra acá, sí o sí, [los campesinos] ya quieren recuperar su terreno. La minera no ha cumplido. La que tiene la culpa es la minera Las Bambas”, advirtió Edison Vargas, quien recordó que ya llevan 11 años dialogando con los representantes de la empresa.

Autoridades se lavaron las manos

Con el argumento de que el desalojo de los comuneros de Fuerabamba era una diligencia de “defensa posesoria extrajudicial”, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Poder Ejecutivo justificaron su ausencia en los violentos incidentes del 27 de abril último. Las tres instituciones no se hicieron responsables de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, a pesar de que el desalojo se enmarca en el contexto de uno de los conflictos sociales más complejos de los últimos años.

Los enfrentamientos entre los comuneros y los policías y el personal de seguridad de Las Bambas, sumados a la inacción de las instituciones del Estado, han dejado hasta el momento 18 personas heridas –14 civiles y cuatro policías– durante el desalojo en el sector de Taquiruna, en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, según el último reporte de las autoridades de salud. 

Además, los efectivos policiales detuvieron a 11 personas. Entre ellas se encontraba el periodista Raúl Cabrera, del diario La República Sur, quien fue retenido ilegalmente durante cinco horas en un campamento minero y luego llevado a una dependencia policial. Aunque todos los detenidos fueron liberados ese mismo día, sufrieron diversos atropellos.

Recién ayer, tras los incidentes de violencia durante la intervención policial y contra la propiedad privada, después del desalojo, la Defensoría del Pueblo se reunió con miembros de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, personal de salud y de la PNP, mientras que el Ministerio Público inició las investigaciones relacionadas con los heridos y detenidos. Una mujer de 60 años perdió un ojo por el impacto de un perdigón.

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros lamentó lo ocurrido, negó haber tenido alguna responsabilidad e insistió en que se retome el diálogo.

Antes del desalojo, la Oficina Defensorial de Apurímac emitió un oficio de respuesta al pedido del general PNP Roger Pérez Figueroa, jefe del Frente Policial Apurímac, el 25 de abril, señalando que a su institución no le correspondía participar en la diligencia de defensa posesoria porque era competencia de la Policía. Sin embargo, recomendó a los efectivos que garanticen los derechos fundamentales de los comuneros durante la diligencia.

“En su oportunidad, hemos emitido el documento al general para que vean el tema de la proporcionalidad, de la razonabilidad en el tema de la intervención policial, pero tampoco podíamos avalar una intervención al estar en la zona. Esa no era nuestra función“, dijo a Convoca.pe Jorge Artemio Solano Reinoso, jefe de la Oficina Defensorial de Apurímac. 

Un representante de la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho también respondió a la Policía que no iba a participar en la diligencia de defensa posesoria, del 27 de abril, porque era una “acción civil”, mientras que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Cotabambas emitió una disposición resolviendo declarar “no ha lugar la solicitud de participación directa y viabilización en defensa posesoria extrajudicial”.

Las negativas de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo para participar en el desalojo constan en el “Acta de coordinación y exhortación sobre intervención en defensa posesoria extrajudicial”, levantada tras la reunión de los altos mandos policiales de Apurímac y representantes de la Minera Las Bambas, desarrollada un día antes, el 26 de abril, en las instalaciones de la empresa.

En dicho encuentro participaron el coronel PNP Porfirio Díaz, jefe (e) de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Abancay; el mayor Juan Chenet del Pozo, comisario de Challhuahuacho; el mayor Roy Pomasunco Hinostroza, jefe de la USE Abancay, entre otros altos mandos policiales. También estuvo presente el gerente general de la Minera Las Bambas Edgardo Orderique Luperdi, así como otros directivos de la empresa.

Más de 600 policías participaron en operativo de desalojo de los miembros de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, en Apurímac. Foto: Difusión

Reacción tardía

Un día después del desalojo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado insistiendo en que la intervención de la Policía Nacional se realizó en el marco de la ejecución de una “defensa posesoria extrajudicial” tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión el Ejecutivo.

Además de asegurar que el gobierno no ordenó el desalojo, la PCM aclaró que tampoco fue consecuencia del reciente Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM, que dispone el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, porque la norma fue publicada el 27 de abril, pero rige a partir del día siguiente.

Aunque el gobierno del presidente Pedro Castillo pretende evadir su responsabilidad por la represión policial en esta violenta diligencia, según la ley el accionar de la Policía depende únicamente del Ministerio del Interior.

Si bien la orden de operaciones Nº 060-2022-FFPP-APU DIVOPUS ABA-OPER “Diligencia de defensa posesoria extrajudicial Cotabambas-Apurimac-2022” fue formulada en respuesta al pedido de Minera Las Bambas presentado el 16 de abril, el alto mando policial de la región Apurímac debe responder a sus superiores en la cadena de mando de la Policía Nacional. Y esta, a su vez, responde al ministro del Interior Alfonso Chávarry.

Ante los heridos y los daños a la propiedad de la Minera las Bambas, como la quema de vehículos, casetas y equipos de oficina, este jueves, la Defensoría del Pueblo emitió ayer un comunicado exhortando al Ministerio Público a que realice una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de los ilícitos penales. Además, solicitó que se determinen las responsabilidades ante las personas lesionadas.

Luego de una reunión con representantes del Centro de Salud de Challhuahuacho y la Comisaría de Challhuahuacho, el último jueves, un equipo de la Defensoría del Pueblo confirmó la información de que 18 personas fueron heridas (14 civiles y 4 policías) y que ya no hay ningún detenido. 

En el último comunicado de la PCM lamentó, en el que lamentó el saldo de heridos, afirmó que "se viene investigando cualquier presunto acto irregular durante la ejecución del desalojo". No obstante, no precisó quiénes son los encargados de dicha investigación.

Hoy, la Minera Las Bambas emitió un nuevo comunicado señalando: "Venimos siendo sistemática y violentamente atacados por pobladores de estas comunidades en nuevos y mayores intentos de invasión como represalia a la legítima defensa posesoria ejecutada el miércoles 27 de abril".

En respuesta, Edison Vargas, presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, informó a este medio digital que los comuneros se encuentran en su propiedad, en la zona de Los Manantiales, fuera de los límites que reclama la minera, pero que la Policía quiere que salgan de su propia zona de residencia, donde están sus viviendas.

“Estamos tranquilos, pero la Policía está saliendo hasta ese barrio donde están los niños, la escuela, disparando, provocando a las personas. Por esa razón, la población está reaccionando en contra de la Policía, porque está defendiéndose”, afirmó.