Luego de ocho años de investigación fiscal y proceso judicial, en julio de 2024 el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas, en Apurímac, condenó a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau, a penas entre 8 y 11 años de prisión, con efecto suspendido, por los supuestos delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. Esto en el marco del conflicto social contra la minera MMG Las Bambas.

Semanas después, en el Congreso, dos legisladores del ala de izquierda, presentaron dos iniciativas legislativas que buscan darles una “amnistía general” con la que el Estado, a través del Parlamento, olvidaría los presuntos delitos que se les sindica. Sin embargo, estas propuestas son rechazadas por los dirigentes de las comunidades que fueron sentenciados, aunque su libertad está en riesgo.

Los congresistas María Taipe de Perú Libre y Guillermo Bermejo de la bancada Juntos por el Perú - Voces por el Pueblo, han presentado proyectos de ley que buscan que el Congreso apruebe una amnistía para los miembros de comunidades campesinas y organizaciones sociales que son investigados, procesados o han sido condenados por el conflicto social desde mayo de 2011 a abril de 2019 o diciembre de 2020.

Conflicto socioambiental en el entorno de las protestas contra Las Bambas tiene cerca de diez años. Foto: Difusión

¿Qué quiere decir una amnistía? Según el Tribunal Constitucional, es una atribución del Congreso que en nombre de la sociedad aplica el olvido a ciertos tipos de delito, los cuales se consideran como hechos que no tendrán sanciones penales y se considera que nunca se perpetraron. Este también se aplica a los sentenciados por esos casos, lo que significa que previamente, existe un fallo judicial condenatorio.

Ambas iniciativas precisan que quedarían excluidos de esa amnistía general quienes sean investigados, procesados o sentenciados por delitos de lesa humanidad o grave afectación a la vida e integridad de las personas.

Una de las investigaciones judiciales que ha culminado en sentencia judicial en primera instancia es la que se remonta a las manifestaciones de septiembre de 2015, en donde los dirigentes de los frentes de defensa de Cotabambas convocaron a manifestaciones contra la minera MMG Las Bambas. Las protestas tuvieron como motivo la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero. 

Propuestas de Taipe y Bermejo buscan la "amnistía general" para los miembros de comunidades que hayan intervenido en las protestas sociales contra la minera Las Bambas. 

La principal crítica a esta modificación fue la desaparición del mineroducto en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), estructura que inicialmente iba a transportar los minerales extraídos por un gran tubo transportador, y cambiarlo por el transporte de las toneladas del concentrado mineral en camiones por las vías terrestres que cruzan las comunidades del Corredor Minero del Sur.

El mineroducto fue un compromiso de la minera Xstrata Copper, la propietaria original de la mina Las Bambas que en el 2013 se fusionó con la transnacional suiza Glencore. No obstante, el escenario cambió desde el 2014 cuando la empresa MMG Limited, filial australiana de la china Minmetals, pagó 7 mil millones de dólares a Glencore para traspasar la propiedad de la licitación minera.

Con el mineroducto descartado también se terminaron las expectativas de los pobladores de 20 comunidades que veían la posibilidad de alquilar o vender sus tierras en el área de influencia directa de este sistema de transporte de cobre que figuraba en el Estudio de impacto ambiental inicial.

Las comunidades campesinas de la región Apurímac, afectadas por el proyecto minero, protestaron en defensa de sus derechos fundamentales y la protección de su territorio. Actualmente, las poblaciones del entorno denuncian que continúan sufriendo el impacto del ruido, el polvo y la vibración por el paso de los enormes camiones.

Once exdirigentes fueron sentenciados en primera instancia a condenas de entre 8 a 9 años de prisión. Los efectos de la sentencia se encuentran suspendidos por el momento. Foto: Radio Titanka

Por estas protestas, la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho, inició investigaciones contra 17 dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, entorpecimiento al funcionamientos de servicios públicos y daños agravados, en agravio del Estado y de la minera MMG Las Bambas.

Once de los investigados fueron sentenciados por el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas en primera instancia. Estos son los defensores ambientales Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quipe, Ronald Bello Abarca, Juan Cconislla Gallego, Hugo Huillca Peña, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Águila, Alem Torres Garcés, Maximiiano Huachaca Mamani, Lucio Chauca Carrasco  y Walter Moreano Andrada.

Los dirigentes fueron condenados en primera instancia a penas entre 8 a 9 años de prisión, pero los efectos de la sentencia están suspendidos hasta la confirmación o apelación de la pena.

Estos once defensores ambientales sentenciados son algunos de los que podrían verse beneficiados por una eventual aprobación de la iniciativa de Taipe y Bermejo que aún está por debatirse en la Comisión de Justicia del Congreso. Pero, ¿qué opinan los sentenciados? 

“No somos culpables”

Convoca.pe pudo conocer la opinión de los mismos sentenciados y su defensa legal respecto a estas iniciativas parlamentarias. Su postura es totalmente en contra de ser amnistiados, ya que consideran que son inocentes y que la sentencia que fue publicada dos meses después de su lectura, tendría serios errores que no acreditan su participación en los eventos delictivos. 

Para Rodolfo Abarca, quien durante el 2015 era el presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, la amnistía equivaldría a pedir perdón por hechos que no cometieron. "No se ha probado ese actuar que nos sindican. Queremos demostrar nuestra inocencia en los conductos regulares del Poder Judicial", dijo el ex dirigente a quien el juez Andrés Avelino Flores Aguilar ha condenado a nueve años de prisión en primera instancia.

Rodolfo Abarca, quien ha sido sentenciado a nueve años de prisión, señala que los dirigentes demostrarán su inocencia en la apelación presentada. Foto: TV Perú.

"Para mi es una justicia que no es justicia. Porque no se ha corroborado, no se han visto las evidencias. No se nos ha visto en ningún video o audio o filmación que nosotros estemos incurriendo en delito. No hay testigos tampoco", declaró el exdirigente de Cotabambas.

Abarca señala que durante el proceso de nueve años han enfrentado un sistema judicial parcializado que ha descartado los justos reclamos del pueblo de Cotabambas por la forma en que se hizo la modificación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas. Además, el proceso de investigación por la muerte de cuatro manifestantes durante el conflicto social aún no se resuelve encarcelando a los responsables. 

"Por eso calificamos de arbitraria y selectiva esa sentencia. La investigación sobre el asesinato de cuatro hermanos manifestantes en el 2015 y 2016, está trunca y no avanza. La necropsia ha determinado que las balas que han matado a los cuatro compañeros eran de armas de fuego", señaló Roberto Abarca.
 

En tanto, el abogado David Velazco, defensa legal de los dirigentes sentenciados, precisó que al conocer estos proyectos de ley la respuesta de rechazo ha sido unánime. "El razonamiento inmediato ha sido "de qué perdón vamos a hablar,  lo que estamos defendiendo son los derechos de mi comunidad y de nuestras familias", señaló.

En busca de demostrar su inocencia, la defensa legal de los dirigentes Virginia Pinares, Rodolfo Abarca, Andrés Bello, Pablo Cconislla, Alem Torre, Maximiliano Huachaca y Lizbeth Abarca, han presentado una apelación a la sentencia para solicitar su absolución. 

Esto porque, según la defensa, se ha vulnerado el debido proceso ya que el juez omitió pronunciarse sobre si los dirigentes eran autores mediatos de los delitos, tal como lo sostenía la acusación del Ministerio Público. Con esto estaría infringiendo el principio de congruencia procesal entre la acusación y la sentencia.

Seis de los exdirigentes sentenciados han presentado un recurso de apelación buscando que se anule la sentencia en su contra. Foto: Cooperacción

Además, en el recurso de apelación, la defensa legal señala que de las pruebas actuadas no se acredita la existencia de una participación de los dirigentes sentenciados en los hechos delictivos que se expusieron en el juicio. 

Asimismo, en marzo de 2024, en los meses finales del juicio, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior presentó una solicitud para cambiar la imputación de la autoría mediata por una figura de coautoría no ejecutiva. A ese pedido se sumó el Ministerio Público.

"Es decir, la propia Fiscalía consideró que la condena a mis patrocinados como supuestos autores mediatos de los hechos delictivos materia del juicio era inviable y por eso decidió apoyar el cambio de la imputación", dijo el abogado de los sentenciados a Convoca.pe.

Congresistas no responden

Este medio de comunicación insistió durante varios días para conocer la respuesta de los congresistas Taipe y Bermejo sobre sus motivaciones para presentar estos proyectos de ley, sobre si creen que los procesados serán sentenciados, así como si conversaron con los sentenciados o abogados para tomar sus opiniones para realizar estas iniciativas legislativas. Hasta el cierre de esta publicación, los parlamentarios no respondieron a las preguntas enviadas a sus encargados de prensa de sus oficinas.