Uno de los últimos ataques que sufrió la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, en Chiclayo, Lambayeque, ocurrió el 12 y el 13 de septiembre último, luego de varios meses de aparente tranquilidad. Armadas de piedras, palos y machetes, un grupo de 20 personas intentó tomar posesión de las tierras comunales del sector Piedra Parada. Los intrusos dejaron a una pobladora sangrando en el rostro, tras rociar gasolina en su vivienda y amenazar con quemarla. 

La comunidad de Chongoyape tiene alrededor de 42 mil hectáreas, de las cuales cerca de 32 mil pertenecen a la Reserva Ecológica de Chaparrí, la primera Área de Conservación Privada (ACP) del Perú y la más importante de la región Lambayeque. 

Edivar Carrasco, presidente de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, señala que los intereses que están al acecho de sus tierras son varios. No sólo sospechan de las intenciones de la Empresa Agrícola San Juan SA, del Grupo Perales Huancaruna (Titular de la marca de café Altomayo), que tiene una sede contigua a estos terrenos. También desconfían del Gobierno Regional, que planea la construcción de la represa La Montería, como parte del plan de desarrollo hidráulico de la región. Esta instalación afectaría directamente la reserva, según especialistas consultados. En este contexto, los ataques a estas tierras continúan.
 

El dirigente de la comunidad campesina denunció en varias oportunidades, como en agosto de 2020, intentos de invasores por apoderarse de los predios comunales. “La respuesta de la Fiscalía fue que no hay ningún delito de usurpación, ni de otro tipo, porque no están cercados [los terrenos]. Es un área de reserva, no tienen por qué estarlo. Son 42 mil hectáreas de la comunidad. Ninguna otra tiene todo su territorio cercado”, remarca Carrasco.

En 2016, los enfrentamientos por las tierras cobraron la vida del defensor ambiental Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del caserío El Mirador de Chongoyape. Carrasco sostiene que, durante la investigación fiscal, un colaborador eficaz detalló que dos agentes de seguridad de la Empresa Agrícola San Juan estuvieron involucrados en la muerte del defensor ambiental. Uno de ellos está libre por exceso de carcelería.

La Empresa Agrícola San Juan, del Grupo Perales Huancaruna, dedicada al rubro de agroexportación, está ubicada en la misma zona de Chongoyape y sería una de las principales beneficiadas del proyecto hídrico, junto con el Grupo Oviedo y el Grupo Gloria. Olivio Huancaruna, propietario de esta compañía, fue objeto de señalamientos durante el juicio por dos testigos protegidos.

El territorio de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape es de alrededor de 42 mil hectáreas. Foto: Facebook Salvemos Chaparrí

El fiscal que ve el caso, José Luis Jaramillo, confirmó a Convoca.pe que el Poder Judicial liberó de la acusación a Hipólito Cruzado Rafael, quien entonces era considerado el líder de la organización criminal conocida como El gran Chaparral, acusada de hacer el trabajo sucio.

“Era una organización criminal liderada por Hipólito Cruzado Rafael. Estas personas se dedicaban a usurpar y, a quienes se oponían, los ejecutaban a muerte, como a tres comuneros, entre ellos el señor Tarrillo Astonitas. Cruzado Hipólito fue procesado y, en su sentencia, absuelto, pues el juzgado determinó que era una situación de crimen organizado. Sus dos hijos, que pertenecían a la banda también, cumplen una sentencia de 35 años”, anota Jaramillo. 

Javier Ruiz, miembro del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, también hace serias acusaciones. Señala que esa organización criminal favorecía a los planes del Gobierno Regional de Lambayeque para ocupar las tierras de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, desde 2013.

“Al principio, denunciamos los hechos como ataques, usurpación, etcétera, porque no sabíamos lo que sucedía. Luego, vimos que también tomaron el nombre de la administración de la comunidad campesina. Aparecieron padrones en los Registros Públicos en los que se reconocía a desconocidos como [miembros de] la directiva electa, personas que no tenían nada ver con nosotros. Revisamos, nombre por nombre, y vimos que, por ejemplo, en la lista de comuneros nuevos figuraba el gerente de recursos naturales del gobierno regional con su familia”, cuenta Ruiz. Este funcionario es José Humberto Delgado Castro, quien junto a su hermano, figuraban en la lista de "nuevos comuneros" de Chongoyape.  
 

Extracto de la lista de nuevos miembros de la Comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape, que incluye al exgerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Lambayeque. 

Ruiz señala que, en 2015, la Superintendencia de los Registros Públicos (Sunarp) les otorgó a estos “nuevos comuneros” la personería jurídica, afectando a la Ley de comunidades y con adulteración de documentos. “La situación se equilibró con las denuncias que interpusimos, pero también la violencia aumentó. Nos costó la vida de Napoleón. Era una organización de sicarios que fungía de rondas campesinas”, dice el integrante del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí.

Desde enero de 2017, el Estado ha expropiado varias hectáreas de la comunidad para obras consideradas en el plan hidráulico, que forma parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones, en Lambayeque. A través del Gobierno Regional, el proyecto empezó a inscribir a su nombre terrenos de la comunidad, pero no ha pagado por ellos, de acuerdo con el dirigente Carrasco. 
 

El Gobierno ha ido expropiando hectáreas a la comunidad desde el 30 de enero de 2017. 

Como parte del Proyecto Olmos Tinajones (De energía e irrigación), se contempla la construcción de la presa La Montería, cuya infraestructura tenía como objetivo la regulación de las aguas de ese sector. La obra, cuya concesión es de tipo público privada, implicaba una inversión inicial de 4 millones de dólares para estudios preliminares, mientras que la inversión total alcanzaba los 680 millones de dólares, de acuerdo con el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE LAMBAYEQUE).

El proyecto se ha convertido en uno de los más importantes de la región, por lo que fue declarado como Proyecto de Prioridad Regional. Actualmente,  la presa se encuentra en etapa de planeamiento.

El líder comunal Carrasco advierte que esta construcción afectaría directamente a la Reserva Ecológica de Chaparrí, parte del territorio de la comunidad, pues el impacto en sus tierras les haría perder la categoría de reserva.

Si bien la comunidad protestó arduamente para buscar la paralización, el docente Javier Ruiz, de Salvemos Chaparrí, afirma que esta interrupción se debió a las vinculaciones del Proyecto Olmos Tinajones con el megacaso de corrupción Lava Jato.

La obra y concesión del proyecto estuvo en manos de Odebrecht (hoy renombrada Novonor) y la empresa designada para la presa La Montería era Queiroz Galvao. Sin embargo, los derechos de la construcción fueron transferidos a Afcons Infrastructure Limited, del grupo indio Shapoorji Pallonji, el cual es el proponente desde enero de 2020.

La lucha por la defensa de Chaparrí

El interés del Gobierno Regional de Lambayeque por Chaparrí y los territorios de la Comunidad Campesina Muchik de Santa Catalina de Chongoyape se evidencia en una denuncia penal que presentó contra sus defensores ambientales.

Esta reserva abarca 34 mil 412 hectáreas de bosque seco y alberga especies en peligro de extinción, como la pava aliblanca, el oso de anteojos, el zorro costero, etc. El territorio de Chaparrí fue reconocido como tal en 2001 y es la primera Área de Conservación Privada (ACP) del Perú.

Las ACP son terrenos de propiedad privada que son reconocidas y conservadas por sus propietarios, que pueden ser personas naturales o jurídicas, por voluntad propia. La Reserva Ecológica de Chaparrí se mantiene principalmente a través del turismo. Su organización está a cargo de la Comunidad Campesina Muchik de Santa Catalina de Chongoyape.

La Reserva Ecológica de Chaparrí, en Lambayeque, fue reconocida como tal en 2001. Foto: Andina
 

Al principio, los "nuevos comuneros" [los que incluían funcionarios del Gore Lambayeque] denunciaron a los defensores ambientales de Chaparrí por el delito de alteración al ambiente. Empero, durante el proceso el Estado peruano asumió propiamente esta denuncia por la presunta comisión de dicho ilícito en el 2017 considerando que cualquier cambio dentro del área como una alteración al ambiente o paisaje, situación que es un delito. “Inicialmente, la Fiscalía denunció a alrededor de treinta personas, pero no pudo verificar todos los hechos y, al final, llevó a seis cuidadores de la reserva a un juicio oral. La Fiscalía desconoce que la comunidad tiene un plan para elaborar actividades compatibles con el cuidado del medio ambiente, con el fin de sostenernos, actividades de turismo”, sostiene Carrasco, quien ha sido involucrado en el expediente fiscal.

El docente Javier Ruiz receurda que a Juan Carrasco se le imputa una supuesta tala indiscriminada en 50 hectáreas de bosque, pero destaca que, cuando el fiscal fue a comprobar los hechos, no encontró ningún tronco cortado. “Como no encontraron nada, se refirieron a la infraestructura. Han convertido en delito las estrategias de mantención del parque", cuestiona. La tala atribuida a Carrasco aparece en la descripción de los hechos [parte II]; sin embargo, no se vuelve a mencionar en ninguna otra parte del documento. 

Chaparrí - Requerimiento de Acusación by Convoca on Scribd

Norbel Mondragón, abogado del caso por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirma que la Fiscalía hizo una investigación preliminar y, luego, una constatación, donde encontraron modificaciones en algunas zonas de la reserva.

“Vieron que habrían construido una cancha de fútbol, bungalows, etcétera, como si hubieran afectado el paisaje. Lo que pasa es que ellos [la comunidad] tienen autonomía. Es una área de conservación con connotación privado-pública: el Estado los protege, pero ellos son autónomos de manejar su propia asociación”, señala.

El juicio oral se programó para el 12 de agosto de este año. Pero, tras la solicitud de la Defensoría Pública de reprogramarlo, debido a que los defensores tenían nuevos abogados y requerían estar más al tanto del caso, se postergó para enero de 2023. 

Convoca.pe se comunicó con el Gobierno Regional de Lambayeque y con la Empresa Agrícola San Juan (Grupo Perales Huancaruna) por correo electrónico y por teléfono. El GORE Lambayeque respondió con una nota de prensa, pero la empresa no respondió.