El Lote 64 de Loreto lleva años paralizado. Desde 2019 no produce petróleo, pero la posibilidad de que vuelva a operar mantiene en alerta a las comunidades indígenas de la cuenca del río Morona. Para las comunidades nativas Achuar, Wampis y Chapra su preocupación no se limita al eventual regreso de la extracción petrolera. En entrevista con Convoca.pe, sus dirigentes relataron que la expectativa de reactivación ya genera una mayor presión sobre sus territorios, con el ingreso de colonos, ocupaciones de tierras y amenazas contra quienes ejercen la defensa territorial.

Petroperú posee el 100% de la participación en el Lote 64 y busca un socio privado que le permita desarrollar las reservas probadas no desarrolladas estimadas en más de 31 millones de barriles de crudo. La legislación vigente impide que la empresa estatal invierta por sí sola para explotar y explorar en ese bloque petrolero, por lo que la incorporación de un operador privado es clave e indispensable para cualquier eventual reactivación.

La estatal petrolera respondió a Convoca.pe que está evaluando distintas opciones para encontrar a su socio dentro del ámbito de su estrategia empresarial, pero que lo hace bajo "confidencialidad".

Dirigentes de las comunidades Achuar, Wampis y Chapra alertaron que reciben amenazas por oponerse a la reactivación del Lote 64. Foto: Convoca.pe 
 

Este campo petrolero se encuentra en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, en la región amazónica Loreto, y comprende unas 761,500 hectáreas. La concesión se superpone con territorios de comunidades de las tres naciones indígenas, que mantienen desde hace más de tres décadas su oposición a la explotación de hidrocarburos en la zona.

Convoca.pe pudo conversar con los líderes de las comunidades Chapra, Wampis y Achuar, quienes afirman que cada anuncio relacionado con la concesión o eventual reactivación del lote genera expectativas económicas que incentivan nuevas ocupaciones del territorio por parte de colonos y personas ajenas a las costumbres de las comunidades nativas.

La lideresa de la Nación Chapra, Olivia Bisa Tirko, informó que desde que se ha lanzado la búsqueda de socio por parte de Petroperú para el Lote 64, han llegado personas ajenas a la comunidad a asentarse en el territorio. Por ejemplo, en junio de 2024 y a inicios de 2025, comuneros de la Guardia del Bosque Chapra reportaron y registraron imágenes de un nuevo intento de usurpación del territorio Chapra en la comunidad nativa Inca Roca, pero fueron expulsados por miembros del grupo de autodefensa. Según la dirigente de la comunidad, la intención de los invasores era instalar chacras en una zona de reserva espiritual con fines de acreditar una posesión para obtener la titulación de esa área.

Febrero de 2025. Personas que pretendían invadir territorios de la comunidad Chapra fueron expulsados por la Guardia del Bosque Chapra. Foto: GTANC

Estas situaciones, según los dirigentes, se producen en un contexto de creciente inseguridad para quienes defienden el territorio. Bisa Tirko afirma haber recibido amenazas de muerte y señala que existen siete denuncias por atentados contra su vida y la de sus hijos. La comunera, recuerda que en una asamblea vinculada a la empresa Geopark —anterior operadora del Lote 192 que se retiró del proyecto en 2019—, asegura que un colono la amenazó directamente.

La preocupación por la presencia de estos colonos, también ha llevado a las comunidades nativas Wampis a ampliar sus sistemas de autoseguridad. “Charip”, que significa “Rayo” en lengua wampis, es el mecanismo de defensa que no solo está alerta por la presencia de mineros y taladores ilegales, sino también por el ingreso de invasores que buscan asentarse en el área del Lote 192.

Ante la ausencia de la presencia estatal en esta zona de Loreto, Elio Sesen, representante del Gobierno Territorial Autónomo Wampis y asesor legal de la comunidad, dijo a Convoca.pe que estos sistemas están monitoreando el incremento de la presencia de los invasores. El dirigente comentó que los guardianes nativos han sido atacados y heridos en enfrentamientos con foráneos que intentan crear asentamientos en sus territorios.

Los dirigentes nativos también precisaron que miembros de las guardias comunitarias del sistema Charip están procesados por delitos como “robo agravado” o “coacción” por confiscar las motosierras y las maderas a los taladores ilegales o por expulsar a los mineros ilegales. “Los líderes y presidentes territoriales cargan con numerosos procesos fiscales que buscan desgastarlos para que dejen de vigilar y oponerse al avance de las actividades que dañan nuestros bosques”, dijo Sesen a Convoca.pe.

Para conocer más sobre la situación de los defensores ambientales y territoriales puedes acceder también al observatorio 'Los Resistentes'.

En enero de 2025, la Guardia del Bosque Chapra expulsó a madereros ilegales que buscaban eliminar bosque para instalar cultivos agrícolas. Foto: GTANC

Más allá del lote

La preocupación de las comunidades no termina en las 761 mil 500 hectáreas de la concesión. Hasta 2018, el estudio de impactos ambiental que fue propuesto por Geopark, la anterior socia de Petroperú, propuso en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el traslado de los barriles de crudo de petróleo desde los pozos de extracción hasta la localidad de Sargento Puño y posteriormente movilizar los barriles por barcazas a través del río Morona 

Para los pueblos indígenas, este componente del proyecto representa una amenaza adicional porque el río constituye una de sus principales fuentes de agua y alimento. Los líderes sostienen que el tránsito frecuente de grandes embarcaciones podría alterar las condiciones del río, contaminarlo con derrames de crudo y afectar a las comunidades asentadas a lo largo de su recorrido.

Otro punto de preocupación es la navegabilidad. Los apus señalan que, de acuerdo con información de la Marina de Guerra, el Morona solo permitiría el tránsito de embarcaciones de gran calado durante determinados periodos del año cuando el agua lo permite. Por ello, advierten que una operación petrolera permanente podría requerir intervenciones para ampliar el cauce, incluido el dragado.

“Sobre nuestros cadáveres”, es la posición expresada por la dirigente nativa Olivia Bisa frente a la posibilidad de modificar el río para facilitar el transporte del petróleo. Para ellos, intervenir el Morona significaría alterar una fuente esencial para la alimentación, el consumo de agua y la vida cotidiana de las comunidades.

El eventual regreso de la actividad petrolera plantea una pregunta que va más allá de la producción de crudo: qué ocurrirá con un territorio que, según sus testimonios, todavía enfrenta las consecuencias de actividades extractivas anteriores. La principal preocupación de las comunidades es que con la operación del Lote 64 puedan sufrir otras fugas de crudo como los ocurridos en el 2016, 2019, 2022 y 2024 por causa del derrame de tramos del Oleoducto Norperuano operado por Petroperú y los ocurridos en el Lote 192.

Los dirigentes cuestionan además que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto haya considerado un área de influencia directa limitada frente a las dimensiones de la población que depende del río. Según sus declaraciones a Convoca.pe, unas 120 comunidades, con alrededor de 15.000 habitantes, podrían verse expuestas al tránsito de las embarcaciones con barriles de crudo.

En la inspección realizada por las comunidades nativas se encontraron restos del derrame de crudo del Oleoducto Norperuano y estructuras abandonadas. Fofo: GTANC

Los restos del derrame más reciente de septiembre de 2022 en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano aún se mantienen en la zona. Petroperú instaló seis campamentos que se suponían temporales para la limpieza de la zona. Sin embargo, dejaron todos los residuos y las estructuras y no terminaron con las labores de remediación. Las imágenes tomadas por la comunidad Chapra en julio de 2026, muestran el descuido y el incumplimiento de las obligaciones de la petrolera estatal.

Los líderes amazónicos sostienen que, después de décadas de actividad petrolera, las comunidades no han recibido los servicios básicos que esperaban. Denuncian que persisten problemas de acceso a agua segura, atención médica y medicamentos, mientras los impactos ambientales permanecen.

Convoca.pe viene investigando a lo largo de una década el impacto de la actividad petrolera en el las comunidades indígenas.

Emplazamiento internacional

La controversia se reactivó recientemente al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, una organización no gubernamental de carácter ético que sesionó durante el XII Foro Social Panamazónico, realizado en Puyo, Ecuador. Representantes Achuar, Wampis y Chapra expusieron ante ese grupo de expertos ambientales los impactos que atribuyen a la actividad petrolera y sus cuestionamientos a la eventual reactivación del Lote 64.

El tribunal emitió una “sentencia” de carácter ético en la que pidió al Estado peruano suspender cualquier actuación destinada a reactivar el lote y revisar las decisiones que habilitan su explotación. También demandó respetar los derechos y procesos de consulta y consentimiento previo de los pueblos indígenas y avanzar en la restauración de los ecosistemas afectados.

El pronunciamiento, que ha generado mucho impacto en las comunidades nativas de la Amazonía también pidió que quienes defienden los territorios puedan desarrollar su labor sin amenazas ni persecución y dispuso que la decisión sea remitida al sistema interamericano, donde existe una petición relacionada con el Lote 64. 

La empresa estatal Petroperú respondió a Convoca.pe que conoce sobre el pronunciamiento del tribunal y que está abierta al diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas sobre información verificable. Aunque las organizaciones indígenas desconfían de este discurso oficial, la entidad asegura que no ha desarrollado operaciones de producción en ese campo petrolero.

Mientras el gobierno de Keiko Fujimori anunció que busca que Petroperú sea sostenible y la compañía sigue buscando socio para el Lote 64, los pueblos Achuar, Wampis y Chapra continúan en una disputa que lleva más de tres décadas. Para ellos, el problema no es solo lo que podría ocurrir cuando vuelva la extracción, sino lo que ya está ocurriendo en sus territorios: invasiones, amenazas y residuos de operaciones anteriores que todavía permanecen allí.