La semana pasada, la bancada congresal de Perú Libre exigió al Ejecutivo que renegocie “inmediatamente el contrato" que mantiene el Estado con la trasnacional Repsol, luego de que su derrame de petróleo masivo del último 15 de enero tiñera de negro las aguas del litoral peruano, paralizara la actividad pesquera artesanal y aniquilara a buena parte de la fauna marina, desde Ventanilla hasta Chancay.

Aunque el pedido despertó el interés de ciertos sectores, e incluso mereció respuestas de la premier Mirtha Vásquez, no se configura como una opción real para los intereses del país, según explicaron a Convoca.pe especialistas en materia energética.

¿Es exacto decir que el Estado peruano y la compañía española tienen un contrato? ¿Este se puede reevaluar o dejar sin efecto? Y más importante aún, ¿qué consecuencias traería una posible disolución de estos vínculos legales?

Se puede, pero tendría consecuencias

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, explicó a Convoca.pe que lo que une al Estado peruano y la empresa española es una autorización de operaciones para el caso de La Pampilla, la misma que se puede retirar (no renegociar, como señaló la bancada oficialista) “dependiendo de lo que se encuentre durante las investigaciones”. Sin embargo, comentó que las consecuencias serían graves para el país.

El último fin de semana, ciudadanos protestaron en el frontis de la refinería de Repsol. Foto: Twitter.

“Actualmente, el 40% del combustible [refinado] suministrado en el Perú viene de La Pampilla. Nuestro país solo produce 40 mil barriles de petróleo [crudo], e importa 250 mil al día, aproximadamente (…)". [Si] de repente, Perú se ve con un déficit del 40% de combustibles, el precio se encarecería de inmediato por efecto de oferta y demanda, los precios de la gasolina se irían por las nubes”, alertó.

Solo la refinería ubicada en Ventanilla procesa entre 100 mil y 120 mil barriles de petróleo al día, los mismos que abastecen principalmente a Lima.

Hace pocas horas, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que el Ejecutivo convocó a un grupo de expertos para revisar los contratos que el Estado mantiene con Repsol, a fin de conocer en qué condiciones opera la empresa en nuestro país. “Estamos abordando todos los aspectos y nosotros tendremos un resultado", señaló.

En el caso de que el gobierno retire las licencias de operaciones a Repsol, no podrá intervenir La Pampilla, por lo que quedaría inoperativa. “La Pampilla es propiedad de Repsol. El Estado le puede quitar la licencia, pero si Repsol deja de operar, tampoco [el Estado] podrá [utilizar la refinería para] procesar o importar", señaló Herrera.

Cabe precisar que la refinería de La Pampilla fue construida por el Estado en 1967, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, y estuvo en manos del gobierno hasta la constitución de la empresa pública PetroPerú en 1969. En 1996, como parte del proceso de ventas de activos públicos, conocido como la privatización, el gobierno de Alberto Fujimori vendió esta infraestructura pública por 180,5 millones de dólares a un consorcio liderado por Repsol.

La premier Mirtha Vásquez anunció que crearía una comisión para evaluar la situación legal de la empresa. Foto: Andina.

En resumidas cuentas, ahora el gobierno peruano podría retirarle la autorización de operaciones a la compañía española, pero no podría designar a PetroPerú como operador de La Pampilla, que es propiedad privada.

La gran refinería quedaría como un gran elefante blanco, hasta que la propia Repsol se anime a convocar a otras operadoras para que manejen su enorme instalación. “Hay mecanismos de la ley que permite [al Estado] usarla en caso de guerra, emergencia, pero este no es el caso”, señaló el exministro, que advirtió que la transnacional podría acudir a instancias internacionales.

Atrasados en materia ambiental

El economista Jorge Manco Zaconetti, experto en temas de hidrocarburos e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), expuso a Convoca.pe que según la legislación peruana, no se puede negar licencias de operaciones hasta que se termine el proceso de investigación.

“Cualquier medida de intervención del Estado que afecte la estabilidad de la empresa, no le conviene al país (…) Es una empresa que ha cometido una falta gravísima donde lamentablemente la legislación peruana no impone severos castigos y sanciones como la legislación norteamericana. Aquí lo máximo [de multa] es 35 millones de dólares, y hay que agotar la vía administrativa, luego la civil y la penal”, explicó.

En el caso hipotético de que el Estado peruano quisiera comprar la refinería de La Pampilla –explica Manco- el Congreso debería aprobar una ley, establecer el valor del justiprecio y pagarle a Repsol un monto millonario, en efectivo. “Y no creo que Perú pueda estar dispuesto a gastar mil millones o más”, añadió.

No obstante, para Manco hay un punto mucho más importante a tratar: la prevención de desastres medioambientales, algo en lo que el Estado parece haber fallado. “Lo que se trata es actualizar, poner al día los protocolos de medio ambiente, porque este [desastre] también le pudo pasar a PetroPerú”, afirmó el especialista.

De acuerdo con el especialista en hidrocarburos Jorge Manco, urgen cambios en los protocolos y normas ambientales. Foto: Andina-

En este punto, recomendó que el Estado evite las intervenciones cruzadas entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). “En la práctica compiten y se anulan entre ellas mismas para tener una sola versión de cuáles han sido las causas de esta tragedia ambiental y tomar las precauciones de que cualquier medida o sanción será apelada en el Poder Judicial”, explicó.

En materia de prevención, OEFA señaló a Convoca.pe que, de acuerdo al Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por el DS 043-2007-EM (artículo 18), “OSINERGMIN es el organismo encargado de la supervisión y fiscalización del cumplimiento de dicho cuerpo normativo, de conformidad con lo dispuesto por la normativa de dicha entidad”.

OEFA señaló que de acuerdo a lo establecido en dicho Reglamento de Seguridad, las empresas autorizadas que se dedican a las actividades de exploración, explotación, refinación, operación de Plantas de Procesamiento, Plantas de Abastecimiento, Transporte por Ductos de Hidrocarburos, etc., deberán presentar en el mes de noviembre de cada año un Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) correspondiente al año siguiente.

Desde OEFA, precisaron que el PAAS para las actividades de alto riesgo se formulará anualmente y comprenderá el control de emergencias —que incluye la inspección y mantenimiento de los sistemas, equipos y materiales de control de incendios y otras emergencias— y la revisión, prueba y/o simulacros del Plan de Contingencia.

El petróleo vertido en el mar ha causado la muerte de aves, mamíferos, peces y otras especies del ecosistema del litoral. Foto: Andina.

Mientras estos temas se debaten, el presidente Pedro Castillo ratificó el compromiso del gobierno para sancionar a los responsables de este desastre medioambiental. "La empresa tiene que pagar por los daños a la población y recuperar el daño a la naturaleza, al mar", expresó el jefe del Estado durante una inspección en las playas de Ancón.

No obstante, según lo referido por los especialistas, dejar sin efecto la autorización para las operaciones en La Pampilla haría el mismo o mayor daño al país que el desastre en sí. Y si bien el Gobierno de todas maneras puede sentar una sanción ejemplar, esta llegaría con retrasos.

“Va a pasar lo mismo que con la deflagración de Villa el Salvador, ocurrida el 20 de enero de 2020. Han pasado dos años de la tragedia y no hay responsables", lamentó Jorge Manco. Queda estar vigilantes para que todas las responsabilidades sean asumidas y la sanciones impuestas.