El asesinato de 49 personas durante la represión de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte no fue resultado de incidentes aislados de algunos policías o militares que se excedieron en el uso de la fuerza, sino que apunta a una respuesta del Estado deliberada y coordinada, concluyó Amnistía Internacional, tras analizar las muertes ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de este año.

En el informe titulado “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, Amnistía Internacional reveló que que el uso ilegítimo de la fuerza letal por los agentes del orden fue generalizado y destacó la necesidad de que las investigaciones se centren en la posible responsabilidad de los más altos mandos, como mínimo, de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército Peruano. 

Amnistía Internacional presentó este jueves su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”. Foto: AI

Esta organización halló elementos en 20 de los 25 casos de personas fallecidas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca que califican como una ejecución extrajudicial, por el tipo de munición utilizada, la zona de las lesiones, la aparente indefensión de las víctimas en el momento de la muerte y la mecánica de los hechos observada en videos e imágenes y relatada por testigos.

En ese sentido, concluyó que la Policía y el Ejército utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima y la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria. “En ninguno de los 25 casos analizados existe evidencia de que la persona fallecida estuviera ejerciendo violencia o una violencia tal que supusiera una respuesta letal por parte de la autoridad”, señaló.

“Una cosa que nadie te dice en el entrenamiento pero que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos, la gente sigue enardecida. Cuando ven a uno caído, se aplacan”.. Este es el testimonio de un policía de Apurímac entrevistado por Amnistía Internacional, bajo la condición del anonimato.

Esta organización internacional también alertó que el uso de la fuerza letal de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima y las muertes registradas durante las protestas sugiere “un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas”.

Por todo esto, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades peruanas que tomen medidas para terminar con la arraigada impunidad dentro de la Policía y el Ejército, pues permite un uso ilegítimo de la fuerza que responde a un sesgo racista contra las poblaciones Indígenas y campesinas, como lo evidencian las 48 muertes registradas durante las protestas en las regiones fuera de Lima.

Amnistía Internacional destacó que la legislación peruana que regula el uso de la fuerza por la Policía y las Fuerzas Armadas, así como aquella que define la responsabilidad de estos agentes en el desarrollo de sus funciones, ha sido materia de preocupación de distintos mecanismos de derechos humanos, tales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Esto es corroborado con el testimonio que brindó un policía de Apurímac a esta organización: “A nosotros nos enseñan que nos podemos excusar porque nos ampara la ley, si decimos que nuestra vida estaba en riesgo y debíamos disparar para defendernos. Y por eso, disparamos. La ley nos protege bastante. Por ejemplo, no nos obliga a responder arma con arma, si a mí me lanzan una piedra yo puedo disparar, está permitido en la ley”, relató.

En entrevista con Convoca.pe, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, dijo  que en el marco legal no está bien regulado el uso de la fuerza por los agentes del orden. "Las autoridades deben revisar esta ley que otorga impunidad a los policías que cometen crímenes en el ejercicio de sus funciones y que va contra el derecho internacional", señaló.

Además, la directiva dijo que la falta de una investigación efectiva y de información oportuna a los familiares de las víctimas también es una violación a sus derechos humanos, como está ocurriendo actualmente con las indagaciones que realiza el Ministerio Público y que han sido derivadas a Lima, a pesar de que deberían haberse mantenido en las regiones donde ocurrieron las muertes.

Finalmente, Callamard resaltó que el Estado debe crear un fondo especial para las víctimas y sus familiares, pues requieren dinero para atender sus necesidades básicas y afrontar el proceso de búsqueda de justicia, ya que la mayoría de ellas no tienen recursos. "La reparación vendrá más adelante, cuando termine el proceso judicial", recordó.