El caso de la restauración del indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori entra en una etapa determinante. Más allá de su probable excarcelación, que se daría en las próximas horas, el tiempo empieza a correr para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), que benefició al exdictador al restablecer un perdón judicial que ya había sido declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia, máximo instancia de la justicia peruana.

Como se recuerda, Pedro Pablo Kuczynski anunció el indulto de Fujimori el 24 de diciembre del 2017. Sin embargo, el 15 de junio del 2018, la CIDH rechazó la medida argumentando que vulneraba el cumplimiento de las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos, por lo que recomendó a nuestro Poder Judicial (PJ) y al TC corregir esta decisión. Finalmente, la Corte Suprema ordenó que el exmandatario retorne a prisión en octubre del 2018.

“Sobre la liberación del expresidente Fujimori nos preocupa que no se esté valorando de manera adecuada los diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana. E, inclusive, las recomendaciones que se dieron sobre el indulto del 2017, en relación a las obligaciones del Estado por las investigaciones que se deben dar por los graves crímenes que se cometieron, en el marco de la sentencia de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, así como la afectación directa al derecho a las reparaciones de las víctimas”, comentó a Convoca.pe Bruce Barnaby, coordinador académico del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Revisión puede tardar   

El procurador Supranacional Carlos Reaño, funcionario encargado de defender al Perú ante la justicia internacional, confirmó a este medio que el Estado peruano tendrá una audiencia con la CIDH este 6 de abril. No obstante, no puede garantizar que en la misma se analice la restitución del indulto humanitario a Alberto Fujimori. La reunión –dijo–  estaba programada desde hace algún tiempo para supervisar el cumplimiento de la sentencia por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

“No necesariamente [se tocará el tema del indulto]. Si bien los representantes [de las víctimas] han solicitado una convocatoria de audiencia, la audiencia [ya programada] se mantiene con los términos que fueron notificados en febrero, que eran esos cuatro puntos resolutivos [sobre el cumplimiento de la sentencia]. Si bien la nota de febrero –que notifica la fecha de la audiencia– toca el punto resolutivo sobre la obligación del Estado sobre informar, investigar, juzgar y eventualmente sancionar, [la Corte Interamericana] ha pedido un informe escrito para el mes de marzo, el 25, y ese es el escenario en el que nos encontramos”, señaló a este portal.

Es decir, mañana vence el plazo para que el país envíe el informe, en un contexto en el que se podría ordenar la liberación de Fujimori en cualquier momento.

Alberto Fujimori celebró la libertad que le otorgó el indulto humanitario del 2017, sin saber que le duraría menos de un año. Foto: Andina.

El procurador supranacional añadió que, en el mejor de los casos, la CIDH podría ampliar la audiencia del 6 de abril para tocar el tema referido, o incluso convocar a una nueva antes de esa fecha, para analizar la decisión del TC. Pero no es lo usual. Y en el peor escenario, la Corte tendría que programar una sesión en un plazo que se extenderá más allá de lo pensado, debido a que la Corte Interamericana termina su periodo ordinario de sesiones este 8 de abril.

“Es un poco improbable que la Corte pueda convocar a una audiencia en un par de sesiones, ya que tiene un calendario [establecido], pero no lo descarto, dada la situación y el manejo que pueda darle la Corte a esa temática. El siguiente periodo de sesiones sería en el mes de mayo, del 9 al 27. Podría la Corte evaluar [el tema] en el siguiente periodo, el 148 periodo de sesiones”, explicó a Convoca.pe.

Más allá de que el tema del indulto se analice antes o después de los plazos estimados, es determinante que el Estado peruano cumpla con entregar, hasta este 25 de marzo, la información que el TC consideró para decidir devolverle el beneficio de la excarcelación a Alberto Fujimori. Carlos Reaño confirmó que su informe todavía no fue remitido a la CIDH, pero se enviará este viernes. 

“Si las entidades no nos brindan la información, presentaremos un informe parcial a la Corte y luego uno complementario brindando información de las entidades”, indicó tras explicar que la información que finalmente será enviada a la CIDH fue solicitada al Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otras entidades.

“Recuerdo haber visto ingresos [de documentación] del TC y del Poder Judicial, si la memoria no me falla. Han remitido información, no podría asegurar si es completa o parcial”, precisó el procurador a este portal.

Estado impugnará fallo

De otro lado, Carlos Reaño resaltó que más allá de esta entrega de informaciones, la Procuraduría Supranacional defiende al Estado peruano y no al Poder Ejecutivo, Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. 

“La visión que tenemos es la de un Estado unitario. El Estado es quien comparece ante la Comisión y la Corte. La posición, la defensa, lo que diga la Procuraduría Supranacional, va a tener que ser analizado en base a los distintos planos internos jurídicos, políticos, pero básicamente jurídicos”, indicó.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tiene otro punto de vista sobre el objetivo que debe conseguirse en la Corte Interamericana. El premier informó ayer que se buscará la impugnación del fallo del TC en la CIDH.

“El Tribunal Constitucional ha dictado esa sentencia. Esa sentencia se tiene que acatar y eso no quiere decir que [no] sea impugnada ante los tribunales internacionales. Esa es nuestra forma de actuar, con estricta sujeción al marco legal, al marco constitucional y al marco convencional", señaló en rueda de prensa.

Torres sustentó su posición al recordar a los estudiantes secuestrados y asesinados de La Cantuta y los ciudadanos ejecutados en Barrios Altos. “Yo pregunto, a cualquiera de nosotros que nos ocurriera esto: ¿nos gustaría que ese hecho quede impune? Creo que no", cuestionó.
 

TC no ejercerá defensa

El procurador supranacional Carlos Reaño representará al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, César Nakasaki, abogado de Alberto Fujimori, estuvo difundiendo en medios de prensa la versión de que los mismos magistrados del TC, responsables de la sentencia, deberían ser quienes defiendan sus argumentos en la instancia internacional.

Nakazaki, desde los exteriores del penal de Barbadillo donde aún se encuentra Fujimori, opinó el último martes que el Estado peruano había renunciado a su misión de defender la sentencia del Tribunal Constitucional para sabotear la liberación del exmandatario. 

“Estamos pidiendo al Gobierno, al Ejecutivo, que se inhiba y que sea el propio Tribunal Constitucional quien defienda su sentencia ante la Corte. Es posible [ejecutar su planteamiento], porque el demandado es el Estado peruano. Recuerden que a este gobierno le gusta la decapitación, y ha decapitado al Procurador General de la República”, dijo el penalista a los medios.

Magistrado Eloy Espinosa- Saldaña aclaró las inexactitudes vertidas por César Nakasaki, abogado de Alberto Fujimori. Foto: Andina.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, quien votó en contra de la restauración del indulto a Fujimori, comunicó a Convoca.pe que los miembros del Pleno de este colegiado de ninguna manera asumirán la defensa del Estado ante la CIDH.

“El Tribunal Constitucional lo que podría hacer es pedir que en el paquete [de representantes] del gobierno vaya un procurador del Tribunal, pero hoy [martes] hemos tenido sesión y nadie ha discutido o propuesto eso. O sea (...), hay un procurador para ver los asuntos supranacionales para ir a la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional no está planteando la idea de defender el pronunciamiento de empate, decidido por el voto dirimente de [Augusto] Ferrero”, señaló.

De hecho, sin la presencia de los magistrados que votaron por su liberación, Fujimori no tendría algún representante que defiende sus intereses personales ante la CIDH.

“Con una votación [empatada] tres y tres, va a ser muy difícil que el presidente Ferrero se anime a plantear el tema y buscar que vaya el procurador del Tribunal Constitucional, con toda la plata que ello significa”, explicó a este medio. 

Abren la puerta, cierran la ventana

De acuerdo con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el tiempo que tardará la Corte Interamericana de Derechos Humanos en revisar el indulto a Fujimori abriría una ventana que podría ser aprovechada por el exmandatario para intentar salvaguardar su libertad a través de métodos que, en el argot judicial, están considerados como "peligro de fuga".

“Si Fujimori fuese liberado hoy día, y hoy día toma un vuelo a cualquier país del mundo, no hay ninguno problema para que salga porque no tiene ninguna medida de restricción. Incluso con el caso [de la matanza] de Pativilca (…). Lo que debería ocurrir es que, si Fujimori es liberado, la Fiscalía, la única que puede solicitar este tipo de restricciones, presente un requerimiento de restricción en el sentido de un impedimento [de salida del país]”, declaró el experto legal a este portal. 

Además, recalcó que la resolución final de la CIDH sobre el indulto al expresidente podría darse en semanas, o quizá meses, por lo que el Ministerio Público debe actuar de inmediato. 

Justamente, la Cuarta Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada dictó 18 meses de impedimento de salida del país en contra del Alberto Fujimori, por el caso Pativilca. Este despacho dispuso que el exmandatario debe cumplir con algunas restricciones, como la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, o en todo caso solicitar autorización de requerir salir del ámbito territorial. El órgano jurisdiccional dispuso además que se oficie a las autoridades policiales y de migraciones los datos del procesado para que puedan velar por el cumplimiento de esta medida.

Además, la Sala dispuso que el exmandatario no puede variar de domicilio sin previa comunicación y autorización expresa del colegiado, por lo que se deberá informar en el día de su liberación, a través de un escrito, de la dirección domiciliaria que tendrá en la localidad de Lima. De igual modo, se dispuso que estará obligado de concurrir eventualmente a todas las citaciones que le efectúe la autoridad judicial.  

La jueza Miluska Cano determinó que se notifique a Alberto Fujimori las acciones impuestas, poniéndole en conocimiento que en caso se incumplan las medidas, se revocará la medida por la de prisión preventiva. La vigencia de las reglas de conducta y el impedimento de salida del país, entrarán en vigencia desde la dación de la presente resolución, informó la Sala.

“Espero que la Fiscalía tome esta situación en serio y que solicite y se resuelva con tiempo para evitar este problema [salida de Fujimori del país]”, había señalado a este portal Gloria Cano, abogada y representante legal Aprodeh. La doctora además lleva la defensa de los familiares de las víctimas del caso Pativilca.

Indulto no lo exime

Si bien el indulto a Alberto Fujimori fue ratificado por el Tribunal Constitucional, esto no lo exime del proceso penal seguido por esta matanza llevada a cabo por el grupo paramilitar Colina, explicó a este portal Bruce Barnaby, coordinador académico de Idehpucp.

Como se sabe, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional ha acusado al exmandatario de ser el autor mediato de la matanza de Pativilca, por lo que solicitó 25 años de cárcel y el pago de una reparación civil de 500.000 soles en favor de los herederos legales de las víctimas.

Familiares de los peruanos asesinados en la matanza de Pativilca esperan una justicia que no tiene cuándo llegar. Foto: Idehpucp  

“No estamos hablando de una situación en la que se exculpa la responsabilidad o se dice que la sentencia que se tuvo en contra de una persona no fue válida o se le perdona por los hechos cometidos. Ni en el caso Barrios Altos o La Cantuta, a nivel del sistema interamericano o nivel interno, ni en el caso Pativilca. Esta decisión [del Tribunal Constitucional] no afecta el fondo ni cuestiona las cosas que se han probado”, comentó el especialista. 

En este sentido, Barnaby recalcó que el Estado debe asegurar que el expresidente siga su proceso judicial por este caso, por lo que es determinante que el Poder Judicial imponga las medidas solicitadas para evitar su salida del país.  

El 29 de enero de 1992, seis personas de los anexos El Caraqueño y San José, en Pativilca (Barranca, al norte de Lima) fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Las víctimas fueron identificadas como John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29).

Pedro Pablo Kuczynski en 2017 otorgó a Alberto Fujimori no solo el indulto por los crímenes por los que fue condenado, sino también un derecho de gracia, que implicaba que tampoco se le podría juzgar en los expedientes penales que tuviera abiertos hasta ese momento. Así, el restablecimiento de la resolución suprema de Kuczynski dejaría varios casos en la impunidad.

Pero aún nada está dicho. Mientras tanto, los deudos de los asesinados por el grupo Colina se mantienen a la espera de que los organismos de justicia nacionales y supranacionales se encarguen de que Fujimori asuma sus responsabilidades y arregle sus cuentas pendientes.