El programa abrió con el análisis de la Marcha de Sacrificio, una caminata de más de 140 kilómetros emprendida por madres, viudas, huérfanos y heridos de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, quienes llegaron a Lima el 28 de enero para exigir justicia por los asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

La movilización se realizó en un contexto crítico: la desactivación del equipo especial de fiscales que investigaba exclusivamente las muertes en protestas. Para las familias, esta decisión representa la pérdida de garantías mínimas de verdad y justicia en procesos que ya estaban avanzados.

Las familias emprendieron una caminata de tres días a pie desde Cañete, marcada por la solidaridad ciudadana, pero también por hostigamiento policial, controles de identidad reiterados y detenciones que organizaciones de derechos humanos califican como intimidatorias.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la Policía intentó impedir el paso por la avenida Abancay, lugar donde fue asesinado Víctor Santisteban, víctima de la represión estatal en Lima. Finalmente, los manifestantes lograron continuar y cerrar la jornada frente al Palacio de Justicia.

“La impunidad se ha legalizado”

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, advirtió que esta marcha es una respuesta directa a un patrón preocupante: el debilitamiento deliberado de los mecanismos de investigación, discursos que estigmatizan a las víctimas y proyectos de ley orientados a garantizar impunidad a militares y policías.

Pariona alertó además sobre el trato racista y discriminatorio hacia familias quechuas y aimaras del sur del país, así como la negación pública de que entre las víctimas haya adolescentes. Recordó casos documentados de menores heridos y fallecidos, y subrayó que el Estado sigue sin dar respuestas claras.

En ese contexto, cuestionó el rol del Congreso y del sistema de justicia, señalando que existen iniciativas para eximir de responsabilidad penal a agentes del Estado y proyectos que podrían consolidar una amnistía encubierta por graves violaciones a los derechos humanos.

Durante el programa también se abordó el desmantelamiento de equipos especiales del Ministerio Público, incluido el que investigaba el caso Lava Jato, y la apertura de nuevos procesos disciplinarios contra fiscales que cuestionaron decisiones del Tribunal Constitucional.

Para Pariona, estas acciones no son aisladas: responden a una estrategia de sectores políticos que buscan blindarse de investigaciones en un contexto preelectoral. Solo una minoría de partidos, advirtió, incorpora de manera concreta los derechos humanos en sus planes de gobierno.

Niños expuestos a gases tóxicos en Talara

El segundo gran tema del programa fue el adelanto de una nueva investigación de Convoca sobre pasivos ambientales petroleros en Talara (Piura). El periodista Wilson Ciancas reveló que más de 300 escolares del colegio José Pardo y Barreda estuvieron expuestos a gases tóxicos provenientes de pozos petroleros abandonados.

Aunque el Estado concluyó que se trataba de una “fuente natural” y descartó responsabilidades, Convoca accedió a exámenes médicos que, según especialistas consultados, no fueron adecuados para medir la exposición a hidrocarburos. Padres de familia reportan síntomas persistentes en sus hijos —dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, sangrados— sin diagnóstico ni seguimiento médico.

A casi tres años del incidente, las familias no han recibido resultados completos, tratamientos ni garantías de remediación ambiental, pese a que Talara concentra la mayor cantidad de pasivos ambientales del país.

Periodismo como servicio público

Convoca en Vivo cerró reiterando el rol del periodismo de investigación como un servicio público, especialmente en contextos de represión, impunidad y abandono estatal. El programa evidenció un mismo patrón: ciudadanos que reclaman derechos básicos frente a un Estado que no responde