Desde el sur del país, decenas de familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023 caminan rumbo a Lima en lo que han denominado una marcha de sacrificio. Son más de 140 kilómetros a pie, atravesando carreteras, noches de descanso precario y un cansancio que se acumula en cuerpos ya golpeados por el duelo, la precariedad y, en muchos casos, las secuelas físicas de la represión.

Partieron de Juliaca el viernes 23 de enero. Este lunes 26, se encuentran en las inmediaciones de Pucusana, donde pasarán la noche antes de continuar su trayecto. Su llegada a Lima está prevista para el 28 de enero, fecha que coincide con la muerte de Víctor Santisteban, quien murió durante las protestas de la capital en 2023.

La marcha está integrada por más de 65 personas, pertenecientes a unas 50 familias, provenientes de regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Junín y otras zonas del país. Entre ellas hay madres, viudas, adultos mayores, personas heridas y niños que quedaron huérfanos tras la represión estatal.

“Todo el grupo que estamos presentes somos víctimas directas de aquellas masacres del 2022 y del 2023”, señala Raúl Samillán Sanga en diálogo con Convoca.pe presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, durante una de las pausas del recorrido.

El 23 de enero comenzó la Marcha de Sacrificio desde Juliaca. Foto: Urpi Portuguez 

Caminar para que la justicia no se detenga

El principal motivo de la movilización es la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas (EFICAVIP), creado en marzo de 2023 para investigar las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Según denuncian las familias, la decisión —atribuida al fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez— se produjo cuando algunos casos estaban por ingresar a etapas clave de control de acusación, y cuando peritajes ya habrían permitido identificar responsabilidades directas y cadenas de mando en determinados hechos.

“Faltaban días para entrar al control de acusación. Ya se había identificado a responsables directos en algunos casos. Pero para que eso no se dé, se desactiva el equipo. Otra vez se ponen trabas”, explica Samillán.

Para los familiares, no se trata de un hecho aislado, sino de una continuidad de obstáculos desde el inicio de las investigaciones. Denuncian cambios constantes de fiscales, traslado de carpetas, dilaciones y, en un inicio, incluso intentos de responsabilizar a las propias víctimas por las muertes.

“Desde el primer momento nos pusieron trabas. Se cambiaron fiscales hasta cinco veces, luego se trajeron las carpetas a Lima, y ahora vuelven a desactivar el equipo. Estamos cansados de que se juegue con nuestro derecho a la justicia”, afirma.

Desde un enfoque de derechos humanos, la situación es grave: el Estado no solo debe investigar de manera diligente las muertes ocurridas bajo su responsabilidad, sino garantizar que los procesos no se vean interferidos por decisiones administrativas que debilitan las investigaciones y prolongan la impunidad.

Las secuelas que no se cierran

Uno de los aspectos más duros de la marcha es la presencia de niños y adolescentes, hijos de personas fallecidas durante las protestas. Caminan junto a sus madres porque —según relatan los familiares— no hay con quién dejarlos y porque sienten que esta lucha también les pertenece.

“Esos niños han quedado desamparados. El Estado nos ha abandonado. Ellos han tomado la decisión de venir con sus madres a esta marcha de sacrificio”, relata Samillán.

También participan sobrevivientes con heridas que nunca fueron completamente atendidas, personas que arrastran secuelas físicas que hoy les impiden trabajar con normalidad. Algunos continúan con restos de proyectiles en el cuerpo, otros con lesiones permanentes.

En términos de reparación integral, las familias sostienen que no solo ha faltado justicia, sino también atención médica adecuada, apoyo psicológico sostenido y programas reales de acompañamiento social, especialmente para los niños y adultos mayores.

Hostigamiento policial 

Durante el trayecto, las delegaciones han denunciado seguimiento e intimidación policial. Para muchas familias, la sola presencia constante de efectivos revive el trauma de los días de represión.

“El hecho de ver a un policía revive lo que hemos vivido hace tres años. Aun así, nos siguen durante todo el trayecto. Dicen que es porque somos testigos, pero eso no deja de intimidar”, denuncia el dirigente.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que la protesta social pacífica es un derecho fundamental y que el hostigamiento puede constituir una forma de revictimización, especialmente cuando se trata de personas que aún atraviesan procesos de duelo y trauma.

Frente a ello, las familias han solicitado la presencia de observadores de derechos humanos, protocolos claros y el cese de controles arbitrarios durante la movilización.

Solidaridad en el camino

No todo ha sido hostilidad. A lo largo del recorrido, la marcha ha recibido apoyo de comunidades y colectivos locales. En San Vicente de Cañete, vecinos se acercaron con alimentos y agua, y acompañaron brevemente a las familias antes de que continuaran hacia Cerro Azul.

También se han sumado delegaciones de distintas regiones. En Chincha Alta, se encontraron grupos de Puno, Apurímac, Junín y Lima, reafirmando el carácter nacional de la protesta.

Además, se han articulado con agricultores del Valle de Tambo, de Arequipa, quienes también denuncian conflictos con el Estado por la defensa de sus territorios, mostrando cómo distintas luchas por derechos confluyen en un mismo reclamo de fondo: respeto, diálogo y justicia.

El 28 de enero: la vigilia

Al llegar a la capital, las familias tienen previstas varias acciones simbólicas y políticas. La movilización recorrerá puntos marcados por la violencia estatal, entre ellos el lugar donde murió Víctor Santisteban y donde se realizará una vigilia.

Luego se dirigirán al Ministerio Público y al Poder Judicial, donde planean acampar como señal de protesta para exigir la reactivación inmediata del equipo especial de fiscales, que incluya los siguientes puntos:

Presupuesto propio para las investigaciones
Contratación de más fiscales y peritos
Garantías de que los casos no serán archivados ni dilatados

Para las familias, el 28 de enero no solo habrá una jornada de protesta, sino también de memoria colectiva. Recordar a quienes ya no están es, al mismo tiempo, una forma de resistir al olvido institucional.

“No renunciamos a la justicia”

Más allá de las demandas concretas, la marcha busca interpelar a la sociedad. Samillán insiste en que lo que ocurrió durante las protestas no es un asunto cerrado ni exclusivo de las regiones más golpeadas.

“La demanda que tenemos es parte de las demandas nacionales. Estamos cansados de que esta clase política se mantenga en el poder sin legitimidad, protegida por el Congreso y sin responder ante las víctimas”, sostiene.

Por eso, han convocado a organizaciones sociales, colectivos juveniles y ciudadanos a sumarse a las movilizaciones del 28 de enero, tanto en Lima como en otras regiones del país.

La marcha de sacrificio no es solo un acto de resistencia física. Es, sobre todo, un reclamo ético al Estado: que las muertes no queden reducidas a cifras, que los expedientes no se archiven en silencio.

Mientras avanzan por la Panamericana Sur, con el cansancio acumulado y el dolor a cuestas, las familias repiten una consigna que resume el sentido de esta acción: “No caminamos solas. No olvidamos. No renunciamos a la justicia”.