El último sábado 13 de noviembre, en una reunión de alto nivel en el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el viceministro de Minas, Jorge Luis Chávez Cresta, y el director general de Formalización Minera, Alberto Rojas Cortegana, firmaron un acuerdo con los representantes de los mineros informales de cuatro regiones del país. Los altos funcionarios de la cartera ministerial se comprometió a impulsar las gestiones para que el Congreso de la República prorrogue el plazo de formalización de esta industria que opera al margen de los estándares establecidos en las normas.

Esta promesa del ministerio facilita el camino para la aprobación de tres proyectos de ley presentados por las bancadas de Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP), que también buscan una nueva prórroga al plazo de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Este proceso data desde el año 2000.

El encuentro entre los funcionarios del MEM y estos gremios de mineros se realizó solo dos días después de que los congresistas Víctor Cutipa, del partido del oficialismo, y Eduardo Salhuana, del partido de César Acuña, presentara, cada uno, una iniciativa legislativa.

La reunión también trajo como consecuencia que el parlamentario Jorge Marticorena, también de Perú Libre, presentara, ayer martes 16, otra propuesta adicional de ampliación de los plazos de formalización.

Favores prolongados

En el caso del proyecto presentado por el congresista Víctor Cutipa de Perú Libre, la iniciativa busca que se prorrogue el plazo hasta el 31 de diciembre del 2022, mientras que el de su colega de bancada, Jorge Marticorena, persigue que la formalización se amplíe hasta fines del 2025. En tanto, el proyecto de APP propone que el periodo para que los informales se adapten se extienda hasta el final del 2024.

El viceministro de Minas firmó un acuerdo con los gremios de la pequeña minería y minería artesanal. 

La norma vigente para el proceso de formalización de los mineros ilegales es el Decreto Legislativo 1293, firmado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2016. Este decretó dispuso la inscripción de los mineros de la pequeña minería y minería artesanal en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas.

La minería informal y, en ocasiones, ilegal, a diferencia de la minería formal, es la que se realiza en lugares prohibidos como riberas de ríos, lagunas o zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. También se considera ilegal a la actividad extractiva que se realiza con maquinaria pesada, como las dragas que extraen material del fondo ribereño y de las riberas de las fuentes de agua donde operan.

Sin embargo, la ampliación del plazo de formalización de estos mineros también generará la ampliación de la impunidad de los empresarios que operan y contaminan la tierra y el agua a nivel nacional, ya que las exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.

Esto es porque en enero de 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kucyznski aprobó un decreto legislativo que evita que la Fiscalía o el Poder Judicial procesen a los mineros ilegales que se encuentren en proceso de formalización, por lo que con la sola inscripción en el Reinfo, el Estado protege al minero que realiza actividades en lugares no permitidos.

Gremios mineros también buscan que el Estado deje la interdicción a los mineros ilegales. Foto: FEMA

Cualquiera sea la propuesta aprobada, el Ejecutivo en la reunión del último sábado ya ha dado su visto bueno para apoyar la ampliación del plazo y, con ello, la impunidad.

Consultado por Convoca.pe, César Ipenza, especialista en derecho ambiental, advirtió que una de las iniciativas es impulsada por el congresista Eduardo Salhuana, de APP, quien fue asesor legal de los mineros, al menos hasta enero de 2021, de la Federación Minera de Madres de Dios (Fedemin), la región más devastada por la minería ilegal.

En el 2015, Salhuana también fue designado como gerente general en el Gobierno Regional de Madre de Dios, bajo la gestión de Luis Otsuka, y fue el principal promotor de la derogación de normas que regulan la actividad minera.

Los congresistas Salhuana (izquierda), Cutipa (centro) y Marticorena (derecha) buscan que se amplíe el plazo de formalización. Foto: Congreso

Ipenza explicó que además de buscar la ampliación del plazo de formalización, los mineros ilegales también buscan anular la interdicción que decomisa los materiales y equipos utilizados por la minería ilegal. Entre estos, se encuentran las dragas que causan daños ambientales a las fuentes de agua y las contaminan con mercurio.

El abogado ambientalista recordó que el uso de dragas se encuentra prohibido en la minería desde 2012, de acuerdo con un fallo del Tribunal Constitucional. Además, en el 2015, el máximo intérprete de la Constitución sentenció que es constitucional la labor del Estado peruano para realizar labores de interdicción y persecución de la minería ilegal en la Amazonía y en todas las regiones.

Solo entre 2015 y el 2019, más de 68% del oro que se exporta desde el Perú no ha sido formalizado, por lo que no se conoce qué empresas o mineros las extrajeron. Según una investigación de Convoca.pe, las razones más saltantes de este gran porcentaje es que los mineros informales no reportan el oro que extraen y que termina fuera de nuestras fronteras.

Ipenza lamentó que el Ministerio del Ambiente no se haya pronunciado por la posición que ha tomado el Ministerio de Energía y Minas. Añadió que es muy posible que la ampliación sea aprobada junto a los votos de otras bancadas que anteriormente han tenido una actitud muy favorable respecto este tipo de medidas, como Fuerza Popular.