​Por 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la mayoría del Congreso de la República aprobó el martes, por insistencia, el proyecto de ley que propone regular la aplicación de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. A pesar de que la norma ya había sido observada por el presidente Pedro Castillo hace dos semanas por considerar que violentaba la Constitución y el equilibrio de poderes, hoy ya fue publicada en el diario oficial.

Fueron las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú las que votaron a favor de reducir las facultades del gobierno, que hasta ahora podía utilizar este mecanismo sin restricciones como contrapeso político frente al Parlamento.

Miembros de Acción Popular también apoyaron la aprobación por insistencia. La presidenta del Congreso, la acciopopulista María del Carmen Alva, dejó su silla en la Mesa Directiva para emitir su voto desde su escaño.

La reciente norma aprobada exige que la "cuestión de confianza" solo pueda ser utilizada en materias que son competencia del Poder Ejecutivo, "no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso".

Es decir, el gobierno de Pedro Castillo no podría plantear cuestión de confianza en caso de que el Legislativo busque censurar a un ministro de Estado o pretenda elegir a cuestionados abogados para el Tribunal Constitucional.

María del Carmen Alva votó a favor de la insistencia para reducir la facultad del Poder Ejecutivo. Foto: Twitter

En respuesta a la decisión del Parlamento, el ministro de Justicia Aníbal Torres Vásquez anunció que el Poder Ejecutivo presentará ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra estas modificaciones. En efecto, la tarde de ayer el Consejo de Ministros aprobó iniciar dicha medida.

"Limitar la cuestión de confianza sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar al Presidente rompe el equilibrio de poderes. Ahora no hay equilibrio de poderes”, señaló Torres Vásquez.

Pero, ¿qué sería inconstitucional en esta decisión del Congreso? Convoca.pe conversó con dos abogados expertos en derecho constitucional y parlamentario, quienes coincidieron en que el Ejecutivo tiene argumentos suficientes para demostrar ante los magistrados que la modificación de la cuestión de confianza es inconstitucional. Sin embargo, advirtieron que será muy difícil derogar la norma por la "conformación política" del Tribunal Constitucional.

Consejo de Ministros anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad. Foto: PCM

Según los abogados Juan Carlos Ruiz, experto en derecho constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), y Antony Martínez Trelles, especialista en derecho parlamentario, habría hasta tres razones por las que el Ejecutivo podría argumentar la inconstitucionalidad de la norma aprobada en el Parlamento.

La primera es la existencia de antecedentes resolutivos del Tribunal Constitucional, que en dos sentencias, en 2018 y 2019, ha señalado la necesidad de proteger esta facultad del Ejecutivo.

En la sentencia 006-2018-AI, el máximo intérprete de la Constitución señaló que la cuestión de confianza, establecida en la Carta Magna, se puede plantear "de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera".

Además, en el fallo 006-2019, relacionado a la demanda competencial presentada por la Comisión Permanente del Congreso contra el cierre de este poder del Estado —decretado por el entonces presidente Martín Vizcarra en septiembre de 2019—, el Tribunal señaló que se podrían poner límites al planteamiento de la cuestión de confianza, pero en relación con los principios de equilibrio y balance de poderes.

Al respecto, Juan Carlos Ruiz indicó a Convoca.pe que, efectivamente, la decisión del Congreso ha roto el equilibrio de poderes y debilita al Poder Ejecutivo para fortalecer a los legisladores. 

Otro aspecto importante que sostiene la postura de que esta norma es inconstitucional es la forma en la que se aprobó. La nueva ley en realidad es una norma de "desarrollo constitucional", por lo que la única forma de conseguir modificar la cuestión de confianza era a través de una reforma constitucional, que hubiera requerido 87 votos. No se hizo así.

La fujimorista Patricia Juárez, como presidenta de la Comisión de Constitución, fue la encargada de sustentar la insistencia de la norma observada por el Ejecutivo. Foto: Congreso.

Por su parte, Martínez Trelles resaltó que, de hecho, parlamentarios del anterior Congreso ya habían planteado cambios a la cuestión de confianza, precisamente vía el mecanismo de reforma constitucional y no consiguieron apoyo suficiente. "Incluso con los votos de los mismos grupos políticos que están en el Congreso no lograron alcanzar los 87 votos para la reforma constitucional", apuntó.

Juan Carlos Ruiz apuntó señaló que para que se declare inconstitucional una norma en el Tribunal Constitucional se necesitan cinco votos de los siete magistrados. Como se recuerda, hace algunas semanas falleció el magistrado Carlos Ramos, con lo que la conformación del colegiado se redujo a seis integrantes.

"No habría los cinco votos para la inconstitucionalidad", indicó, en este contexto, el experto en derecho parlamentario Martínez. Consideró que, por las tendencias dentro del Tribunal Constitucional, al menos dos magistrados podrían oponerse a la demanda que presentará el Ejecutivo.

Estos serían José Luis Sardón y Carlos Ferrero. En este escenario, la derogatoria de la norma está cuesta arriba.

Magistrados con relación naranja

José Luis Sardón de Taboada ha sido cuestionado en el pasado por tener una presunta cercanía con miembros del partido Fuerza Popular, que votó en bloque por recortar las facultades del Poder Ejecutivo. En las elecciones generales del 2011, la ONG Reflexión Democrática, donde Sardón fue director, apoyó a ocho candidatos fujimoristas (con 20 mil dólares a cada uno) en sus campañas políticas. Años después, este partido votó a favor para elegirlo como magistrado del Tribunal Constitucional.

De hecho, esta situación fue materia de un interrogatorio por parte del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público. Con dichos antecedentes, el fiscal José Domingo Pérez pidió respuestas a Sardón por haber fallado a favor de una demanda constitucional de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, para salir de prisión.

Además, en diciembre de 2019, se conoció que el magistrado Sardón era cuñado de un falso aportante a la campaña de Keiko Fujimori. El falso aportante es Javier Bisso López de Romaña, hermano de Sandra Bisso López de Romaña, esposa del magistrado.

José Luis Sardón y Augusto Ferrero votarían en contra de la demanda de inconstitucionalidad. Foto: TC

Augusto Ferrero tampoco ha estado libre de cuestionamientos. Fue propuesto por Fuerza Popular al Congreso de la República para ser elegido miembro del Tribunal Constitucional. En su elección, contó con los votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, grupos políticos que ahora votaron para limitar la cuestión de confianza.

Además, Ferrero reconoció que en 2017, antes de su elección como integrante del Tribunal, se reunió con Keiko Fujimori en una cita coordinada por el entonces congresista Miguel Torres.

“Me sentaron rodeado de todos los parlamentarios [de Fuerza Popular]. Keiko Fujimori hizo una... dijo algunas palabras de elogio a mi persona y que ella estaba de acuerdo con la invitación que me habían hecho [para ser parte del Tribunal Constitucional]”, recordó entonces Ferrero.

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