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Luego de la publicación de nuestro reportaje "Amazonía: El negocio de tierras deforestadas en los dominios del poderoso Grupo Romero", Convoca.pe conversó con Urfiles Pérez, director de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria en Loreto (DISAFILPA). El funcionario se refirió a las irregularidades en las compras de terrenos en las localidades de San Pedro de Mayrujay e Independencia, que este portal puso al descubierto y que involucra al Grupo Romero, el influyente conglomerado peruano.
En un reciente reportaje, Convoca.pe reveló testimonios, documentos y mapas satelitales que dan cuenta de cómo el Grupo Romero, uno de los conglomerados económicos más poderosos del Perú, adquirió tierras en la Amazonía peruana para sembrarlas con palma aceitera a través de su subsidiaria Palmas del Shanusi.
La Fiscalía Ambiental de Alto Amazonas ya le seguía los pasos por la presunta deforestación de 1.800 hectáreas de bosque. Pero ahora ya se conocen los mecanismos que utilizó para adquirir estas tierras en medio de la selva, en los que aparecen vinculados funcionarios públicos, notarios, empresarios y presuntos testaferros.
Convoca.pe conversó al respecto con Urfiles Pérez, director de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa) en Loreto, sobre los delitos que la empresa y funcionarios habrían cometido en perjurio del Estado peruano y la población afectada.
Documentos oficiales a los que accedió este medio revelan la participación de Palmas del Shanusi en la compra de tierras que, según las inspecciones técnicas solicitadas por el Ministerio Público, antes estaban cubiertas de bosque. Dicha compañía interpuso demandas de títulos supletorios, entre 2016 y 2017, una figura legal que permite formalizar la propiedad.
Venta prohibida con constancias de posesión
La compra de terrenos mediante el uso de constancias de posesión es ilegal, según diversas normas del Gobierno Regional de Loreto, pero es una práctica extendida en el campo, notarías y estudios de abogados.
Urfiles Pérez explicó a Convoca.pe que la Resolución Directoral de Agricultura Loreto Nº 031 del 2003 prohíbe la venta de los terrenos con constancias de posesión. Asimismo, aseveró que la directiva Nº001 del año 2013 emitida por el Gobierno Regional de Loreto, sobre los lineamientos de constancias de posesión, determina que si hay venta con este tipo de documentos dichos contratos serían nulos.
Pese a ello, se concretó la compra de terrenos en las localidades de San Pedro de Mayrujay e Independencia por parte de Palmas del Shanusi, empresa dedicada a cultivos de palma aceitera a gran escala, y de Milton Artiaga, presunto testaferro de dicha compañía.
“Si hay una denuncia ante la Dirección Regional Agraria de Loreto, investigaremos por qué los funcionarios de la Agencia Agraria de Alto Amazonas dieron constancias a diestra y siniestra sin cumplir los requisitos”, dijo el funcionario.
Pérez explicó que es un delito haber comprado terrenos con constancias de posesión debido a que estos documentos no acreditan la titularidad, solo dan derechos a las mejoras. “El que compra con constancia de posesión debería haber cosechado la mejora (yucas, plátanos, etc) y al culminar el proceso, inmediatamente dejar el terreno”, aclaró.
Pérez cree que por desconocimiento, los notarios legalizaron dichos contratos que incurrirían en faltas graves que ahora se están sancionando.
Al respecto, el funcionario del gobierno regional expuso que la Fiscalía debería iniciar la investigación correspondiente y pedir la información a la Agencia de Alto Amazonas y la Dirección Agraria de Loreto para proporcionar la documentación pertinente.
Demandas de títulos supletorios
Documentos oficiales a los que accedió Convoca.pe revelan que la empresa Palmas del Shanusi además interpuso demandas de títulos supletorios, entre 2016 y 2017, una figura legal que permite formalizar la propiedad. Asimismo, en el Archivo General de la Corte Superior de Justicia de San Martín se verificó que en 4 expedientes la empresa del Grupo Romero demandó ante un juzgado de Yurimaguas la titularidad de estos terrenos.
El funcionario del gobierno regional afirmó que el título agrario no es definitivo. “No significa que puedo vender [el terreno]. Hay un error terrible de interpretación”, aseveró. En ese sentido, Pérez contó que para vender terrenos a terceros, se debe pedir la autorización a la Dirección Regional Agraria de Loreto.
“Si la empresa quería contar con dichas propiedades, ¿por qué la empresa no acudió a la Dirección Agraria de Loreto para solicitar dichas tierras y hacer los estudios de PAMA (Programa de Adecuación de Manejo Ambiental)?”, cuestionó Urfiles Pérez. El funcionario explicó que tiene que haber un informe de catastro de Disafilpa donde se mencionen que los terrenos son de libre disponibilidad del Estado.
El abogado argumentó que con el PAMA correspondiente, se le hubiera concedido la titularidad directa a la empresa. “Para qué estar en este tipo de gastos, perder tiempo y generar los delitos (...). La empresa estuvo mal asesorada”, concluyó Pérez.
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