—La comida tiene sabor a petróleo. No es solo un dolor de barriga [lo que genera], es algo mucho más grande —dice el apu kukama Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (Acodecospat), de Loreto. Las comunidades indígenas kukamas y urarinas de esta región de la Amazonía Norte han convivido por años con los derrames de crudo tóxico, en la cuenca de los ríos Marañón y Chambira. Sus caseríos se encuentran en la zona de influencia del Lote 8, operado por la multinacional argentina Pluspetrol.

El líquido negro no solo ha destruído parte de sus bosques, sino que también ha invadido sus propios cuerpos como lo han evidenciado distintos tamizajes. El último derrame de proporciones ocurrió el 7 de junio. Entonces, todos recordaron la reciente promesa que les hizo Aníbal Torres Vásquez, presidente del Consejo de Ministros, en su discurso de investidura en marzo de este año.

"Durante el año 2022, incrementaremos hasta tres mil comités comunitarios de salud en 245 distritos a nivel nacional. Asimismo, al ser la salud de los pueblos indígenas una prioridad de nuestra gestión, implementaremos brigadas de salud itinerantes, agentes comunitarios de salud indígena e información social y sanitaria en lenguas originarias, y el monitoreo a la exposición por metales pesados e hidrocarburos. Todo esto supondrá un financiamiento adicional de hasta 93 millones de soles”, señaló Torres ante el Pleno del Congreso.

A la fecha, ya transcurrida la mitad del año, casi 500 comunidades de las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Chambira, Marañón y Corrientes no tienen noticias del presupuesto ni de la atención médica prometida.

Después de tres meses de retraso, el MINSA niega la existencia de presupuesto para la ejecución del Plan de Salud Intercultural 2022-2026. Comunidades de la Amazonía Norte exigen reunión inmediata con el premier. Foto: El Peruano.

Según autoridades indígenas de las cuatro cuencas de Loreto, consultadas por este medio, el viernes 17 de junio, luego del último derrame, sostuvieron una reunión con miembros del Poder Ejecutivo para abordar la preocupación de las comunidades amazónicas del norte del Perú ante el retraso en la aprobación del Plan de Salud Intercultural 2022-2026.

De acuerdo con las versiones recogidas, el viceministro de Salud Pública, Joel Candia, negó la existencia del presupuesto y manifestó que el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco cuenta con uno. Los líderes consultados advierten que este alto funcionario había asegurado que su aprobación ocurriría en abril de este año.

Desde hace dos semanas Convoca ha hecho diversos pedidos de entrevista y ha enviado preguntas al actual jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para conocer el motivo de los retrasos en la aprobación de dicho plan de salud, que Torres prometió que se cumpliría dentro de este año. Pese a las repetidas solicitudes, no ha habido respuesta.

Este plan de salud busca atender y brindar acceso a servicios básicos de salud a más de 100 comunidades nativas afectadas desde hace años por su exposición a metales pesados y la actividad petrolera. 

Las fugas de petróleo en la Amazonía no son eventos infrecuentes. Entre 1997 y 2021, se reportaron 1.002 derrames de crudo en todo el territorio nacional, de los cuales el 56% ocurrió en la selva peruana, conforme a los datos recopilados un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam. Asimismo, información pública sistematizada por Convoca Deep Data, nuestra plataforma de análisis de datos, indica que solo Pluspetrol Norte, subsidiaria del grupo Pluspetrol creada para operar en esta zona, registra hasta enero de 2021 un total de 239 infracciones ambientales anotadas por OEFA.

Los pueblos Achuar del Corrientes, Quechua del Pastaza y Kichwa del Tigre acusan también a esta multinacional de haber contaminado 92 sitios en el Lote 1AB (actualmente Lote 192) y demandan la remediación de más de 1.199 áreas impactadas, que están afectando directamente su salud, bienestar y entorno social.

—La salud y el agua son nuestras principales demandas. Hay niños con anemia y desnutrición— confirma Robles Pisco Torres, apu de la comunidad urarina La Petrolera, donde viven cerca de 92 habitantes, en Loreto, que también es afectada por los derrames.

En efecto, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, hasta antes de la pandemia, en 2019, en la región Loreto se registraba que el 53% de los niños entre 6 y 35 meses tenían anemia, una de las cifras más altas del país.

El Plan de Salud Intercultural 2022-2026 comprende el monitoreo y el tratamiento de enfermedades por exposición a metales pesados, así como la atención primaria de salud en la zona. Foto: ACODECOSPAT. 

Entre los compromisos que debe cumplir el Plan de Salud Intercultural 2022-2026 está la atención de la población expuesta a metales pesados e hidrocarburos, con base en un Informe Toxicológico y Epidemiológico que el Ministerio de Salud (Minsa) realizó en 2016. Dicho estudio se hizo en reacción a los reclamos y movilizaciones iniciados hace una década por las comunidades indígenas de la Amazonía Norte.

El informe contó con la colaboración de los pueblos indígenas y sirvió para exigir la construcción de un plan de salud integral e intercultural, que se aprobó en 2017 y fue administrado en su primer año por el Gobierno Regional de Loreto. 

Dicho reporte evidenció la presencia de metales pesados por encima del límite permitido como mercurio, arsénico, plomo, bario y boro en menores de edad y adultos. Los análisis en peces, carne de monte, frutos y fuentes de agua, recursos que garantizan la supervivencia de las comunidades, arrojaron los mismos resultados. 

De las 332 muestras de alimentos obtenidos en hogares, 55 muestras superaron la concentración máxima permitida (CMP) para mercurio, de los cuales 41 eran pescados. En tanto, 12 muestras superaron la CMP para cadmio y 15 muestras para arsénico. 

De las muestras realizadas en alimentos obtenidos en las viviendas, los pescados fueron los que presentaron las concentraciones promedio más altas de plomo. Foto: INS-CENSOPAS 2018.

De la muestra de total de familias tamizadas (392), de las cuales el mayor número se concentró en ciudadanos de las Cuencas del Pastaza (142) y la Cuenca del Corrientes (138), se encontró que el 12.5% de las personas mayores de 12 años y el 5,6% de los menores de 12 años estuvieron en contacto con crudo de petróleo. De hecho, el 25% (203) de los mayores de 12 años confirmó haber trabajado en el proceso de recuperación de petróleo.

Solo en la cuenca del Pastaza, el 36.8% de las personas menores de 12 años presentaron valores de mercurio en la orina superiores al valor referencial. Foto: INS-CENSOPAS 2018.

Asimismo, el 69% de las personas que participaron en el estudio reportaron que su vivienda se encontraba próxima a una zona potencialmente contaminada por derrames de petróleo. Por otro lado, solo en la cuenca del río Corrientes, los casos de contaminación por plomo ocuparon el 10% y en el pueblo indígena Achuar el 9,9%.

En el río Pastaza las cosas no son distintas. El 58.8% de la población menor de 12 años presentó niveles de arsénico en la orina superiores a los valores referenciales. Y los casos de contaminación por mercurio en estas muestras alcanzaron el 46,7% en el río Marañón y en el pueblo indígena Kukama, el 48.4%.

—Las consecuencias de la contaminación no solo son pequeñas afectaciones, como el sarpullido en la piel. Se les puede mirar profundamente desde el hecho de que aquí no hay nadie quien pueda atender estas enfermedades desconocidas. Son caminos a la muerte— señala el apu kukama Alfonso López Tejada, presidente de Acodecospat. 

Según un informe de la CNDDHH y Oxfal, el total de emergencias en los lotes de hidrocarburos del Perú asciende a 1.002 derrames. El rango comprendido va desde 1997 hasta el primer trimestre de 2021. Foto: ACODECOSPAT.

Un derrame de petróleo “más”

El pasado 7 de junio, alrededor de las 4 de la tarde, el monitor ambiental Darwin Java Torres de la comunidad amazónica urarina La Petrolera, ubicada cerca al río Chambira, realizaba su jornada de vigilancia territorial, cuando se percató de una gran mancha de petróleo crudo en el kilómetro 56 del Oleoducto Corrientes-Saramuro, ámbito del Lote 8. En este lugar se encuentran las tuberías de petróleo de la empresa Pluspetrol Norte SA, multinacional energética de capitales argentinos, cerca a la Quebrada Patoyacu del río Chambira, en el distrito Urarinas, en Loreto.

El monitor ambiental comunicó el desastre de inmediato al apu de la comunidad, Robles Pisco Torres, quien informó el hecho a la organización indígena Acodecospat. Ese mismo día, cerca a las 6 de la tarde, un grupo de trabajadores de la comunidad kukama San José de Saramuro, que prestan servicios a la empresa Pluspetrol, también alertó sobre el derrame, pero directamente a la compañía. 

Hasta ese momento la comunidad La Petrolera no cruzó palabra con representantes de la multinacional. Sus comunicaciones con Acodecospoat se hizo con la finalidad de que la organización indígena presente la denuncia ambiental ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).  

Según las autoridades indígenas, Pluspetrol envió un equipo de contingencia de 6 personas para la limpieza a los tres días de haberse identificado el derrame de petróleo, pese a que las comunidades indígenas de la zona estiman que el desastre ocurrió incluso días antes del reporte.

Las comunidades urarinas Santa Teresa y La Petrolera estiman que el derrame ocurrió antes del 7 de junio. Foto: ACODECOSPAT. 

Por su lado, los funcionarios Jhonny Vela Leal y Juan Ruíz Cáceres, ambos en calidad de supervisores del Oefa, en compañía de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema), llegaron a la zona afectada mucho después, seis días después de la detección del derrame. Y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se acercó al lugar un mes y seis días después, para realizar las muestras solicitadas en la Quebrada Patoyacu, del río Chambira. 

Se sabe que Pluspetrol subcontrató a la empresa Inmac para la remediación ambiental, la cual acordó con 11 comuneros de la comunidad La Petrolera realizar la labor de limpieza del crudo. Sin embargo, Robles Pisco, apu de la comunidad urarina afectada, informó a Convoca que Ia remediadora no brindó, desde el inicio, a los comuneros los implementos de seguridad para realizar el trabajo. 

—La empresa contrató a 11 comuneros de la comunidad [La Petrolera] sin mascarilla, sin lentes, sin nada. Pasaron hasta 25 días para que se les implemente su uniforme. Ellos sufrían dolor de cabeza, mareos, porque estaban trabajando, así, directamente con el hidrocarburo, juntando el líquido— informó el dirigente.

Para ese momento, las lluvias provocaron la expansión del crudo, que impactó de manera grave la Quebrada Patoyacu, en el río Chambira, territorio de la comunidades urarinas La Petrolera y Santa Teresa. Esta situación ha provocado la afectación de la salud y la alimentación de la población, sobre todo, la de estas dos comunidades nativas, ambas ubicadas a orillas del río Patoyacu. 

Afectación en el ecosistema causada por el derrame de crudo. Foto: ACODECOSPAT. 

—En las quebradas, el agua está negra donde tomamos nosotros. Nos sentimos muy afectados porque el derrame de petróleo ha contaminado el agua, los peces, como la mota y el zúngaro, que la gente come— señala el apu. Hasta ahora, la comunidad La Petrolera no cuenta con un plan de saneamiento y agua potable. Su única fuente de este recurso es el río Chambira.  

—No contamos con una planta de agua. Varias comunidades tienen diarrea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Las dos comunidades están afectadas directamente [La Petrolera y Santa Teresa] —agrega el líder indígena. Por otro lado, advierte que otras comunidades urarinas que han reportado afectaciones en su salud son Nueva Alianza, Nuevo Progreso, Nueva Unión y Nuevo Perú, y las comunidades campesinas San Juan y Ollanta. Todas ubicadas en el distrito de Urarinas, en el departamento de Loreto. 

Además, sumado a las demoras de atención médica por parte del Ministerio de Salud en la zona, desde la semana pasada las comunidades nativas Ollanta y Nuevo Progreso empezaron a bloquear la entrada del río Chambira. Medida de fuerza que ha generado disputas entre las comunidades, debido a que supuestas dirigencias indígenas están atribuyéndose representatividad en los territorios indígenas del norte de Loreto. 

Según Robles Pisco, apu de la comunidad La Petrolera, y Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (Acodecospat), el bloqueo está impidiendo la intervención del las autoridades, ya que la entrada del río Chambira funciona como vía de acceso hacia la comunidades afectadas por el derrame de petróleo.  

Organizaciones indígenas de las Cuatro Cuencas se pronunciaron el 20 de julio ante las supuestas dirigencias que se atribuyen representatividad en los territorios indígenas del norte de Loreto. Foto: PUINAMUDT

—Hasta ahora no llega ninguna brigada especializada para las atenciones de las comunidades. Solo ingresó el Oefa, el ANA, y una brigada de voluntarios de la comunidad Saramuro, del distrito de Urarinas, que nos dio paracetamol y algunos jarabes— indica Robles Pisco. 

El líder kukama López Tejada confirma que las federaciones indígenas de la zona no están de acuerdo con esta medida de fuerza. 

—Desconocemos si está llegando alguna ayuda. El Estado no hace nada y de eso se aprovechan otros actores para hacer protestas y negocio de la desgracia que están viviendo nuestros hermanos. No estamos de acuerdo que se tome un río para perjudicar a los mismos hermanos que están afectados— comenta el defensor ambiental.—Los hermanos de La Petrolera han bajado a conversar con las autoridades de Nuevo Progreso y les han dicho que nadie va a pasar. Y si quieren pasar, deben dejar una 'colaboración'. La contaminación no debe ser un negocio. Debe ser una lucha permanente en el tiempo para que este Estado pueda entender que no nos puede seguir abandonando de este modo. Sistemáticamente nos están enfermando y matando— agrega.

Sobre ello, este medio digital se comunicó con la Defensoría del Pueblo para conocer su intervención ante la situación de emergencia ambiental y sanitaria. El órgano constitucional informó que la Adjuntía de Medio Ambiente emitió un oficio a Oefa hace algunas semanas para que despliegue sus acciones. Asimismo, desde la Oficina Defensorial de Loreto también se enviaron oficios a la Gerencia Regional de Salud para que puedan atender la situación de las personas afectadas. 

La Defensoría señaló que lo ocurrido en Loreto afecta a más de 7 comunidades de la cuenca Chambira. Sobre las acciones de bloqueo, indicaron que la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del río Chambira (Fepiurcha), que integra a comunidades no federadas, como Nuevo Progreso y Santa Elena, han impuesto estas medidas de fuerza debido a la falta de respuesta del Estado, según declaraciones de los dirigentes. 

Convoca también consultó al ente fiscalizador ambiental Oefa acerca del desastre ocurrido en Loreto. Su vocero comunicó que se han realizado dos reportes de supervisión. El primero se elaboró del 9 al 11 de junio y el segundo, del 25 al 28 de junio. 

Representantes de OEFA se acercaron a la zona para realizar los reportes de supervisión, respecto al desastre ambiental. Foto: ACODECOSPAT. 

Las cinco muestras de suelo y cuatro de agua superficial, obtenidas en campo por Oefa han sido remitidas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad - Inacal. 

Los resultados se incluirán en el informe de supervisión que posteriormente determinará si hay o no incumplimientos por parte de Pluspetrol Norte. En caso se compruebe la responsabilidad de la empresa, se evalúa el inicio de un proceso administrativo sancionador, el cual confirmará si le corresponde o no pagar una multa. 

El vocero de Oefa también confirmó a Convoca que dichos resultados podrían tardar hasta un mes para ser evaluados. Mientras tanto, el organismo público solo cumple con acciones de supervisión y el seguimiento de las medidas impuestas por Pluspetrol ante el derrame. 

Por otro lado, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó a este portal que se ha abierto un procedimiento de fiscalización sobre las causas del derrame y el cumplimiento del mantenimiento correctivo del sector afectado. También, precisó que se exigió a Pluspetrol un cronograma de reparación definitiva, que culmina en octubre 2022. 

El organismo también enfatizó que, desde el 11 de enero de 2021, Pluspetrol Norte no realiza operaciones en el Lote 8, no hay producción de petróleo y no se utiliza la mayor parte de las instalaciones y que la causa del derrame provendría de un “atentado” por terceros no identificados.

Al mismo tiempo, Osinergmin señala que desde el año 2021 a junio del presente año, se tienen registradas 38 sanciones económicas derivadas de los procedimientos administrativos sancionadores contra Pluspetrol Norte. Las sanciones impuestas suman 370,4 UIT, equivalentes en 2022 a una cifra mayor a los 2,1 millones de soles. Por otro lado, se encuentran abiertos 28 procedimientos administrativos sancionadores contra la empresa.

Durante las operaciones de Pluspetrol Norte, según información de la CNDDHH y Oxfam, esta compañía que concetró el 30,5% de todos los derrames ocurridos en el sector hidrocarburos entre 2000 y 2019. Del total, más del 70% de las causas de los derrames fueron por corrosión y fallas operativas de parte de las empresas petroleras. Solo en el Lote 8 ocurrieron 189 derrames en este periodo de tiempo. 

Quebrada Patoyacu afectada por derrame de petróleo. Foto: ACODECOSPAT. 

“Un gobierno sin norte”

En 2017, se aprobó el Modelo Intercultural de Salud para monitorear a la población afectada por contaminación de metales e hidrocarburos. Sin embargo, según la plataforma Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, este fracasó por no contar con un presupuesto exclusivo. Por eso, ahora se exige la aprobación de un plan que cuente con uno. Cabe resaltar que dentro de la Ley de Presupuesto 2022, respecto a las acciones vinculadas con la atención de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados, se prioriza a los territorios del distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto, lugar donde se encuentran las comunidades urarinas La Petrolera y Santa Teresa. 

Asimismo, entre los reclamos más graves están la desaparición de las lagunas Shanshococha y Ushpayacu, el vertido de aguas tóxicas en los ríos y la construcción de una escuela sobre un sitio impactado con petróleo, así como la falta de mantenimiento adecuado de los ductos internos que han generado múltiples derrame de crudo. 

—Tenemos un Estado indolente, un gobierno que no tiene norte, que no entiende verdaderamente las consecuencias que significa la contaminación de tu medio ambiente, la destrucción de bosque, la destrucción de tu vida —expresa el líder indígena Alfonso López Tejada. 

Comunidades amazónicas de las Cuatro Cuencas en Loreto esperan con urgencia la aprobación del Plan de Salud Intercultural 2022-2026. Foto: ACODECOSPAT. 

Las federaciones indígenas de San Pablo de Tipishca (Acodecospat), Quechua del Pastaza (Fediquep), del Corrientes (Feconacor), y Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador (Opikapfe), apuntan que Pluspetrol Norte S.A no quiere asumir su obligación de remediar la totalidad de sitios dañados, debido a que la empresa argumenta a las más de 100 comunidades quechua, achuar, kichwa, kukama y urarina, que se encuentran en liquidación, anunciada en diciembre de 2020. 

Sin embargo, el OEFA señala a la multinacional como responsable de 22 derrames registrados en Loreto durante la pandemia. Su contrato tiene vigencia hasta el 2024.

—La última vez que nos reunimos con Pluspetrol fue en 2019 para darnos a conocer que se estaban dando en liquidación. Ellos nos dicen que no tienen la responsabilidad de hacer remediaciones hasta ahora —relata Pisco. 

La semana pasada, los presidentes de las federaciones indígenas que representan a las cuatro cuencas afectadas viajaron a Lima para dialogar con la PCM y exigir la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria de los territorios de las comunidades nativas. Su objetivo era poner sobre la mesa las posibles medidas que el Gobierno podría desplegar para ahcer frente a la contaminación petrolera.

Este medio llamó en repetidas ocasiones a Pluspetrol, pero no se pudo concretar una entrevista. También envió consultas al Ministerio de Salud y de Energía y Minas que quedaron sin respuesta.

—La situación no es una mirada superficial. El petróleo nos tiñe el cuerpo y destruye nuestro territorio. Es una violación a los derechos humanos —concluye el apu kukama Alfonso López Tejada.