Dos ministros del recién instalado gobierno de Keiko Fujimori designaron en las secretarías generales de sus sectores, el puesto de mayor jerarquía administrativa dentro de los ministerios, a funcionarios que actualmente afrontan investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción.

En el Ministerio de Educación (Minedu), el ministro José Antonio Chang Escobedo designó como secretaria general a Doris Gavilano Iglesias, investigada preliminarmente por el presunto delito de negociación incompatible en un caso relacionado con la contratación de Violeta Beatriz Beas Otero, vinculada al expresidente José Jerí.

Mientras que en el Ministerio de Salud (Minsa), el ministro Luis Dyer nombró como secretario general a Juan Carlos Gonzales Hidalgo, quien afronta una investigación preparatoria por los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por hechos relacionados con su anterior gestión como secretario general de la Defensoría del Pueblo.

Los ministros José Antonio Chang y Luis Dyer Fernández firmaron las resoluciones de designación de los funcionarios investigados por presuntos casos de corrupción.

La investigación contra la secretaria general del Minedu

Doris Gavilano Iglesias es investigada preliminarmente por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto delito de negociación incompatible. La investigación, registrada en la carpeta fiscal 506015505-2026-57-0, comprende la designación de Violeta Beatriz Beas Otero como secretaria nacional de la Juventud del Ministerio de Educación, ocurrida el 24 de diciembre de 2025.

Según la investigación fiscal, Beas Otero ingresó el 1 de noviembre de 2025 al despacho presidencial y fue atendida por el entonces mandatario José Enrique Jerí Oré. El registro citado por la Fiscalía indica que permaneció en la institución desde las 20:35 hasta las 23:50 horas. Poco más de un mes después de aquella visita, Beas Otero fue designada al frente de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju).

La Fiscalía sostiene como hipótesis que Beas Otero no contaba con la experiencia requerida para acceder al puesto y que su designación habría requerido la intervención indebida de Gavilano, quien entonces también ejercía como secretaria general del Ministerio de Educación, y de Magali Ella Meza Mundaca, entonces jefa de la Oficina General de Recursos Humanos.

Por esta investigación, la entonces funcionaria del Minedu, Doris Gavilano solicitó defensa legal al ministerio por su condición de investigada. Debido a que la competencia para resolver ese pedido recaía en la Secretaría General, la decisión fue derivada a Magali Meza Mundaca, entonces jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, quien declaró procedente la solicitud para que el Estado asumiera el costo de su defensa.

Doris Gavilano logró que su defensa legal sea financiada con recursos públicos

Posteriormente, la coinvestigada Beas Otero presentó también una solicitud de defensa legal relacionada con su condición de exsecretaria nacional de la Juventud. Sin embargo, en este caso pese a estar en la misma carpeta fiscal, la entonces secretaria general del Minedu del gobierno de Jerí y de Balcazar, Doris Gavilano rechazó el pedido. Consideró que los hechos materia de investigación —entre ellos los vínculos que la Fiscalía indaga entre Beas Otero y el expresidente Jerí— ocurrieron antes de su designación en la Senaju y, por ello, no correspondían a actuaciones realizadas en ejercicio de ese cargo.

Un investigado en el Minsa

En el Ministerio de Salud, el ministro Luis Dyer designó como secretario general a Juan Carlos Gonzales Hidalgo, investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, negociación incompatible por hechos ocurridos durante su gestión como secretario general de la Defensoría del Pueblo, cargo que ocupó entre agosto de 2023 y enero de 2025.

La investigación está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Según documentos del caso, los hechos investigados están relacionados con acciones, omisiones o decisiones adoptadas por Gonzales durante el ejercicio de sus funciones en la Defensoría.

En mayo último, Gonzales solicitó que esta institución asumiera el costo de su defensa legal. La petición fue declarada procedente debido a que los hechos investigados estarían vinculados al "ejercicio regular de sus funciones" como exsecretario general. De esta manera, su defensa en la carpeta fiscal 506015506-2025-30-0 será financiada con recursos públicos.

Juan Carlos Gonzales Hidalgo también obtuvo su defensa legal financiada con recursos públicos

El nuevo secretario general del Minsa también es sobrino político del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. Gonzales está casado con Carol Andrea Acuña Palomino, hija de Grimaldo Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial.

No es la primera vez que Gonzales afronta una investigación por presunta corrupción. En octubre de 2016, cuando ejercía como viceministro de Políticas Agrarias, la Fiscalía de Tumbes solicitó nueve años de prisión en su contra por presunta colusión agravada.

El caso se remontaba a su paso por la Municipalidad Provincial de Tumbes. La Fiscalía sostenía que, como presidente de una comisión de licitación, habría concertado con una empresaria para favorecerla en una contratación de más de S/ 683 mil destinada a la adquisición de utensilios para el programa Vaso de Leche. La investigación motivó su renuncia al Viceministerio de Políticas Agrarias y posteriormente fue archivada.