Cuando se estaba muy cerca de que los lotes petroleros I, VI y Z-69 (ex Z-2B) regresen a manos de la compañía estatal Petroperú luego de 30 años sin actividades de extracción, el gobierno de Dina Boluarte decidió dar marcha atrás en su promesa. La empresa ahora deberá esperar más para convertirse en el operador definitivo de estos pozos de hidrocarburos, que le permitirían producir unos 10 mil barriles diarios y volver al mercado de la explotación de manera significativa. Y su adjudicación tampoco está segura.
Una oleada de presiones del sector privado, declaraciones en medios, pronunciamientos e incluso un proyecto de ley que busca la privatización de Petroperú consiguieron que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunciara que ya no otorgará directamente los tres campos de extracción, de la provincia de Talara, en Piura, a la compañía pública.
En este nuevo escenario, la agencia del Estado para las inversiones en hidrocarburos, Perupetro, deberá convocar a un concurso internacional en donde diversas empresas podrán competir para operar los yacimientos. Petroperú también tendrá la posibilidad de participar.
Sin embargo, este no es un retroceso total. Mientras que Perupetro prepara el proceso, los tres lotes serán encargados a Petroperú por dos años o hasta que se definan sus nuevos operadores. Esto pretende dar continuidad a la producción de hidrocarburos en estas operaciones, que de otra manera estarían sin actividad.
Entre las críticas empresariales y las del lado político, también entró a tallar la Contraloría General de la República, que señaló que en el acuerdo que tuvo Perupetro con Petroperú para la administración de los lotes no debía incluir las actividades de exploración de hidrocarburos. La entidad controladora argumentó que en la Ley 30873 (que rige para la reorganización de la estatal) se indica que Petroperú solo puede realizar labores de exploración si es que cuenta con un socio privado con experiencia en esa labor.
¿Qué debe hacer Petroperú? Tanto el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, como el economista e investigador de la Universidad de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, consideran que deberá aprovechar el período de dos años en los que tendrá la operación temporal para buscar un socio estratégico que le permita competir en el próximo concurso.
Según Ochoa, la petrolera estatal tiene una importante posibilidad de mejorar sus ingresos, ya que al operar los lotes de forma temporal podrá obtener una ganancia de 50 dólares por barril producido al día. "La producción de un barril de petróleo en los lotes de Talara tiene un costo de entre 15 a 40 dólares. Es un negocio redondo si estimamos que estos tres lotes producen juntos unos 10 mil barriles diarios", dijo Ochoa a Convoca.pe.
Si se toma en cuenta este estimado de producción diario, Petroperú podría estar ganando 500 mil dólares diarios. Según el expresidente de Perupetro, si la empresa pública logra ampliar su producción o si los factores internacionales (como la Guerra Ruso-Ucraniana o los recortes de producción petrolera de la OPEP) aumentan el precio internacional, es posible que el monto aumente aún más.
En tanto, Manco Zaconetti añadió que la nueva Refinería de Talara, a cargo de Petroperú, le dará la posibilidad de que refine su propio crudo y genere combustible diésel. Según el experto, con esto el margen de ganancia aumentaría entre un 40% y 45% respecto al precio del barril de crudo. "Un barril de diésel vale 150 dólares", precisó.
Manco puso como ejemplo el Lote I, que solo en el 2022 y con una producción de solo 500 barriles diarios le reportó a la petrolera 8 millones de dólares en ganancias. "Petroperú sería más rentable si tuviera producción propia de petróleo y de gas", afirmó.
En busca de socios
Si bien la Contraloría advirtió a Perupetro que la petrolera pública no puede realizar labores de búsqueda de nuevas fuentes de hidrocarburos sin un socio privado, ambos expertos coincidieron en que no consideró que Petroperú iba a realizar las labores de exploración recién desde el quinto año de operación y junto a una compañía copartícipe.
Ochoa indicó que Petroperú debió responder lo afirmado por el ente de control, ya que la actividad principal que iba a realizar era la de extracción de hidrocarburos, no exploración, de los lotes petroleros que ya están en operación.
Por su parte, Manco explicó que de los tres lotes norteños, el único que sí exige exploración es el Lote Z-69, ubicado en el mar, frente a las costas de Talara. El investigador también recordó que ese lote hoy es operado por la estadounidense Savia, que tiene 80 plataformas marinas que no han recibido los debidos cuidados en varias décadas. Y, según el experto, la Contraloría no ha emitido ninguna alerta al respecto.
"En el caso del lote Z-69 sí es necesario que Petroperú ingrese con un socio para la exploración. Las más de 80 plataformas marítimas que se encuentran en esa zona fueron construidas por Petroperú y durante la privatización (Savia) no se le ha dado mantenimiento", dijo el experto.
Lotes con pasivos ambientales
Según el inventario público de los pasivos ambientales, solo en los lotes I, VI y Z-69 (ex Z-2B), que están en disputa entre los gremios privados y la empresa pública, son 2.370 los sitios dañados por la contaminación de la actividad petrolera.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) define los pasivos ambientales en el sector hidrocarburos como instalaciones o pozos mal abandonados, suelos contaminados por efluentes o derrames, desatención de residuos, entre otras. En general, toda polución generada por un operador que haya cesado sus actividades y aún esté pendiente de remediar.
Los lotes VI y Z-2B, que aún son operados por las petroleras privadas la china Sapet y la estadounidense Savia Perú, tienen contratos de explotación que terminarán entre octubre y noviembre de 2023. En tanto el Lote I ya es administrado por Petroperú desde 2022, a través de un contrato de licencia temporal de apenas dos años.
A la fecha, el Estado no ha identificado a los responsables que deberían remediar los pasivos en ninguno de estos tres lotes. El Minem, a través de resoluciones ministeriales, sólo ha declarado que existen 108 pasivos ambientales que tienen “responsables no determinados” en los lotes I, IV y Z-2B.
El término “responsables no determinados”, se traduce en que no existen medios probatorios que acrediten la responsabilidad de algunas empresas y, por eso, deberán ser remediados por el Estado con dinero público.