Casi 22 años después de que Alberto Fujimori renunciara por fax a la presidencia y se destapara la corrupción de su gobierno, el Estado peruano decidió ampliar su extradición por los hechos que causaron una de las mayores crisis internacionales de los noventas: la venta ilegal de 10 mil fusiles AKM a la ex organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El último miércoles, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido anunció que el gobierno había aprobado esta medida a propuesta del Ministerio de Justicia. “[La ampliación de la extradición] tiene que ver con haber provisto de armas a grupos terroristas en Colombia, que son las FARC, cuando el expresidente Alberto Fujimori estaba en funciones”, confirmó Bellido ante una pregunta de Convoca.pe
Además, fuentes del Ministerio de Justicia, consultadas por este medio, indicaron que la Procuraduría General del Estado ya se encuentra a la espera de que se publique la resolución ministerial de aprobación de ampliación de la extradición. Luego de ello, se designaría de inmediato a un procurador ad hoc para este caso específico.
La solicitud internacional será enviada a las autoridades de Chile, país en el que se decidió originalmente la extradición del exdictador en 2007 por delitos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos durante su mandato (1990-2000).
Como se recuerda, Fujimori aterrizó en suelo chileno en 2005 luego de estar varios años fugitivo en Japón, cuyo gobierno no lo entregó a pesar de las órdenes de detención emitidas por la Interpol. Aunque ya estaba con arresto domiciliario en Santiago, Fujimori ensayó una frustrada postulación al Senado japonés, con un partido de extrema derecha, y prometió ofrecer hasta su "propia vida" por "el país de sus ancestros" mientras las autoridades peruanas lo reclamaban para juzgarlo.
Las mismas fuentes del Ministerio de Justicia explicaron que el nuevo procurador ad hoc tendrá el encargo de consolidar un equipo de trabajo y de designar a la terna de abogados que defenderá, ante la justicia de Chile, los argumentos legales del Estado peruano para lograr la ampliación por el suministro de armas a las FARC.
De ser aceptado este pedido en Chile, el exmandatario podrá ser procesado por la justicia del Perú y, eventualmente, ser condenado.
El expediente del caso para Fujimori se remonta a mayo del 2008, cuando el fiscal Jorge Chávez Cotrina, entonces titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, lo denunció por este episodio de complicidad entre su gobierno y el terrorismo colombiano.
Los delitos imputados fueron la violación y conspiración a la soberanía de un Estado extranjero, el tráfico ilegal de armas y la asociación ilícita para delinquir.
Antecedentes judiciales
Por estos hechos, el exasesor presidencial de Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, ya fue condenado en el 2006 a 20 años de prisión tras comprobarse que adquirió con fines ilícitos dicho armamento, con los hermanos Luis Frank y José Luis Áybar Cancho. La condena fue confirmada en el 2010 por la Corte Suprema de Justicia del Perú.
Según la sentencia, Montesinos Torres lideró una organización criminal que entre 1998 y 1999 tenía como propósito entregar armas al entonces grupo terrorista de Colombia. Los hermanos Aybar Cancho fueron quienes negociaron con el grupo subversivo para proveerles 10 mil fusiles AKM, fabricados en la ex Alemania Oriental.
El armamento de guerra fue comprado al gobierno de Jordania utilizando el nombre del Estado peruano. Sarkis Soghanalian, un traficante de armas turco-armenio mundialmente conocido como el Mercader de la Muerte, actuó como intermediario. De hecho, Soghanalian se reunió con el mismo Montesinos para finiquitar la venta.
Según las pruebas fiscales, una vez cerrado el trato con los traficantes de armas, la banda delictiva entregó el cargamento a las FARC por medio de operaciones aéreas denominadas "DRAPLA" en argot militar. Estas consistían en sobrevolar el territorio colombiano y lanzar las cajas con los fusiles AKM en paracaídas.
Las armas fueron transportadas por aviones rusos, modelo IL-66, inscritos en compañías de Europa Oriental, que aterrizaron tres veces en Lima y una vez en Iquitos. Las coordenadas precisas para los lanzamientos en la selva colombiana fueron predeterminadas conjuntamente con las FARC. En total se realizaron cuatro entregas entre marzo, junio, julio y agosto de 1999.
Sin embargo, los planes no resultaron perfectos. Los paracaídas rusos y los fusiles AKM fueron encontrados por el Ejército Colombiano. La numeraciones de las armas permitieron a las agencias de inteligencia de Colombia y EE.UU. rastrear su ruta e identificar su origen.
La información que manejaba la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) llegó a oídos de Montesinos en agosto de 2000, por lo que decidió adelantarse a la posibilidad de que los datos que lo incriminaban se filtraran antes.
Convocó a una conferencia de prensa, acompañado del mandatario Alberto Fujimori, y ambos revelaron la operación de venta de armas a las FARC, culpando públicamente a los hermanos Áybar Cancho. El "descubrimiento", sostuvieron, se había conseguido gracias a un supuesto plan de la inteligencia peruana que denominaron "Plan Siberia".
De acuerdo con la Fiscalía peruana, el "Plan Siberia" fue en realidad un burdo montaje de Montesinos para evitar verse descubierto como el verdadero cabecilla de la organización criminal. Las pruebas ya las tenían en su poder los servicios de inteligencia de EE.UU. y Colombia.
En dicha conferencia, Fujimori defendió la versión que encubría la operación ilegal y clandestina que lideró Vladimiro Montesinos.
Años después, Andrés Pastrana, entonces presidente de Colombia, detalló en un libro publicado en 2014 cómo la inteligencia colombiana conoció el negocio de Montesinos. Añadió, además, que la operación consistía originalmente en suministrar 50 mil fusiles AKM, pero solo 10 mil llegaron a las manos de los terroristas.
Pastrana también relata que en octubre de 2000, en un encuentro de presidentes de Sudamérica en Brasilia, le pidió explicaciones al propio Fujimori, quien continuó defendiendo la versión del "Plan Siberia". El entonces mandatario colombiano increpó al dictador peruano y le dijo que era "incalificable y perverso" que se haya prestado para rearmar a las FARC.
El director de la inteligencia colombiana también viajó a Lima para reunirse con Fujimori y Montesinos para exponerles las pruebas que tenían sobre la participación del asesor presidencial. Ese día fue el 14 de septiembre del 2000. Un día muy movido para el fujimorismo, pues horas más tarde se publicaba en televisión el primer "vladivideo" que originó la caída de su régimen.
Ugaz: "Fujimori está involucrado"
Convoca.pe conversó con el abogado y exprocurador ad hoc del caso Fujimori-Montesinos, José Ugaz, que siguió el caso del 'Plan Siberia'. Comentó que el intento de encubrir la venta ilegal de armas a las FARC involucró tanto a Alberto Fujmori como a Vladimiro Montesinos en una componenda.
"Se llegó a demostrar que lo presentado por ambos fue inventado. Esos argumentos de Fujimori y Montesinos se hicieron en reacción a la queja del gobierno colombiano a Estados Unidos. Se vieron forzados a inventar el argumento del 'Plan Siberia'", señaló el ex procurador anticorrupción.