A pesar de los audios y documentos que sustentan la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción sobre la adulteración de cifras del stock de anchoveta por funcionarios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), para beneficiar a la industria pequera, el Ministerio Público concluyó que no se ha podido acreditar un delito y archivó la investigación que inició en marzo de 2020, tal como figura en la resolución fiscal a la cual accedió Convoca.pe.

Ante ello, el 15 de noviembre último, el procurador regional de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, Engie Herrera Yactayo, presentó una apelación para que la Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao confirme o no el archivamiento de la denuncia.

Los funcionarios del Imarpe denunciados son Renato Carol Guevara Carrasco, director ejecutivo científico; Pedro Ramiro Castillo Valderrama, director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca;  Luis Ángel La Cruz Aparco, especialista de la Dirección General de Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca; y Miguel Ángel Ñiquen Carranza, director general de Investigaciones de Recursos Pelágicos. Este último falleció el 21 de julio de 2021.

La Fiscalía inició la investigación tras la denuncia formulada por la Procuraduría Pública Anticorrupción, el 28 de febrero de 2020, contra los cuatro funcionarios del Imarpe por la presunta adulteración de la información obtenida del Crucero de Evaluación Hidroacústica, realizado del 29 de setiembre al 15 de noviembre de 2019 entre Tumbes y Tacna.

La procuraduría sospecha que el presunto falseamiento de los datos se habría hecho con el objetivo de que la medición de la biomasa de anchoveta figure con una cifra mayor a la real. Así, la empresas dedicadas a la pesca industrial, agrupadas en la Sociedad Nacional de Pesquería, podrían generar mayores volúmenes de captura en detrimento de la sostenibilidad del recurso.

En octubre de 2020, esta denuncia fue acumulada con otra que presentó la Procuraduría del Ministerio de la Producción, luego de que la entonces ministra Rocío Barrios se enterara de irregularidades para la determinación de la biomasa de la anchoveta. 

Según la denuncia del ministerio, funcionarios del Imarpe no verificaron que se realice una investigación científica adecuada para cuantificar el stock de este recurso y constatar que el cálculo sea correcto. Además, se señala que hubo un atentado contra el equipo informático de dicha entidad, que fue formateado por una persona no autorizada.

A inicios de este mes, el titular del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, Óscar Vite Torre, dispuso no formalizar ni continuar la investigación preparatoria a los funcionarios del Imarpe, por las denuncias de la Procuraduría Anticorrupción y de la Procuraduría del Ministerio de la Producción.

El magistrado consideró que no se pudo acreditar la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, en agravio del Estado. La pena que establece la ley para los funcionarios públicos por este delito es no menor de cuatro ni mayor de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer un cargo en el Estado.

Audios sin escuchar

En su denuncia, la Procuraduría presentó conversaciones grabadas por el ingeniero Oswaldo Miguel Flores Huamán, trabajador del Imarpe, que revelan que hubo comunicación entre investigadores acústicos del Imarpe y exinvestigadores de dicha entidad que, ahora, trabajan en empresas pesqueras. 

Dichos audios evidencian que la supuesta biomasa de 8.3 millones de toneladas de anchoveta estimada por los funcionarios del Imarpe en realidad no habría llegado a los cuatro millones. Además, dan detalles de cómo se obtuvo esa cifra y quiénes participaron en la elaboración del informe. Basado en esta cuestionada estimación, el Ministerio de la Producción estableció la cuota de pesca de anchoveta en 2.8 millones de toneladas para la segunda temporada, el 12 de noviembre de 2019. 

Para la Fiscalía, ninguna conversación presentada en la denuncia registra algún hecho ilícito que amerite la formalización de la investigación preparatoria. En su apelación, la Procuraduría Anticorrupción destaca que el fiscal solo sacó conclusiones de las transcripciones que el procurador adjuntó, pero no escuchó las grabaciones de las llamadas, lo que es importante porque se puede apreciar si trata de una conversación en forma de opinión o reclamo. 

Convoca.pe conversó con Oswaldo Flores, quien manifestó que el fiscal no ha valorado información científica del Imarpe y no ha escuchado las conversaciones que él tuvo con trabajadores de las empresas pesqueras. “Ha omitido datos científicos que han sido originados en los barcos del Imarpe y de análisis técnicos que he redactado como un apoyo para la investigación, ya que el fiscal no es un especialista en datos acústicos”, manifestó.

Flores explicó que las conversaciones grabadas solo demuestran que esos hechos irregulares eran de conocimiento de la empresa pesquera, pero no eran la base principal de la denuncia. El trasfondo, dice Flores Huamán, es que hubo un hecho de corrupción en el Imarpe y se alteró la información para disponer una cuota exagerada de biomasa de la anchoveta.

Cuestionado informe del Imarpe sirvió para que el Ministerio de la Producción fijara la cuota de pesca de anchoveta durante la segunda temporada del 2019. Foto: Difusión

Otras acusaciones archivadas

La resolución fiscal también señala que no hubo concertación ni interés indebido de la Sociedad Nacional de Pesquería porque las empresas que participaron en el crucero fueron colaboradoras y que el Ministerio de Producción tenía conocimiento. Sin embargo, la Procuraduría Anticorrupción advirtió que la colaboración de las empresas privadas en el viaje de estudio no excluye que exista una concertación con los funcionarios públicos del Imarpe.

El fiscal Vite tampoco encontró pruebas de delitos contra la administración pública —omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y por delito informático— ni de atentado a la Integridad de datos informáticos en agravio del Estado peruano. “No hay equipo informático que haya sido adulterado”, señala su resolución.

La Procuraduría del Ministerio de la Producción había denunciado el delito de atentado a la integridad de datos informáticos porque se constató que el equipo informático fue formateado por una persona no autorizada. Esto ocurrió el mismo día en que fue realizada una visita inopinada para constatar los datos sobre el estudio científico vinculado con la segunda temporada de pesca del 2019.

“El caso se encuentra en una segunda instancia y tengo confianza en que la FIscalía Superior del Callao lo revise, valore mejor las evidencias y lo reabra”, declaró Oswaldo Flores, quien hace algunas semanas denunció que ha sufrido represalias en el Imarpe por revelar estos actos de corrupción.