Según el fiscal Germán Juárez, los registros de llamadas telefónicas evidencian las comunicaciones entre Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, y el gerente de la constructora Obrainsa, Elar Tejeda, en los días en que esta empresa realizó los cobros de los cheques bancarios para retirar los montos destinados al supuesto pago de coimas al expresidente por la adjudicación del proyecto ‘Lomas de Ilo’. Vizcarra busca ser congresista en las elecciones generales de abril próximo.

 

En la audiencia judicial sobre el pedido de prisión preventiva para Martín Vizcarra, el fiscal Germán Juárez expuso ante la jueza María de los Ángeles Álvarez nuevos "elementos de convicción" con el fin de demostrar la veracidad del testimonio del colaborador eficaz Elar Tejeda Moscoso, exgerente de la constructora Obrainsa, quien afirmó que en 2014 entregó 1 millón de soles en efectivo al entonces gobernador regional de Moquegua por el proyecto 'Lomas de Ilo'.

Como se recuerda, Tejeda dijo al Equipo Especial Lava Jato que el expresidente Vizcarra se reunió con él en las instalaciones de la compañía, con sede en el distrito limeño de San Isidro, para pedir que se le abonara el 2% del costo directo de la obra "por el apoyo brindado". Alrededor de 1 millón de soles que fue pagado en dos armadas.

Este supuesto "apoyo" brindado por Vizcarra fue proporcionar información valiosa al Consorcio Obrainsa Astaldi sobre los montos referenciales de la obra, con la que estas compañías asociadas pudieron ganar la buena pro y firmar el contrato por 80 millones de soles.

Las nuevas evidencias presentadas por Juárez corresponden a registros de llamadas entre los teléfonos celulares de Martín Vizcarra y del gerente de Obrainsa, Elar Tejeda, en noviembre de 2013, mes en el que el exgobernador regional presuntamente dio “información privilegiada” a la constructora, así como en los días cuando se cobraron los cheques bancarios con dinero destinado al presunto pago de la millonaria coima.

El fiscal especificó que se detectaron llamadas entre Vizcarra y Tejeda realizadas el 5 de noviembre y el 6 de noviembre del mismo año. De acuerdo con el colaborador eficaz, esas comunicaciones telefónicas eran para coordinar la reunión y la entrega de la "información privilegiada" sobre el monto referencial del proyecto ‘Lomas de Ilo’, que supuestamente eran datos reservados. 

Respecto a la primera armada de 400 mil soles, la Fiscalía sostiene que Vizcarra llamó a Tejeda en tres ocasiones el 27 de enero de 2014, día en que se cobró el cheque por esa suma.

Sobre la segunda armada, se señala que Tejeda aseguró que entregó 600 mil soles en efectivo a Vizcarra el 4 de abril de 2014. En base a la información del registro telefónico, el Ministerio Público afirma que el expresidente llamó al gerente de Obrainsa un día antes, el 3 de abril, del cobro del cheque bancario.

Respecto a las presuntas coimas recibidas por Vizcarra Cornejo por el proyecto del Hospital de Moquegua, la Fiscalía afirmó que el gerente comercial de ICCGSA, Rafael Granados, y el exministro José Hernández, indicaron que Vizcarra solicitó la suma de 1 millón 300 mil soles por la mencionada obra.

José Hernandez indicó que fue el intermediario de Vizcarra para pedir el soborno a Hernández, cuando coincidieron en el CADE 2013 realizado en la región Ica. 

El fiscal Juárez también identificó que existe evidencia de más de 200 llamadas telefónicas que intercambiaron Vizcarra y Hernández durante el 2014, año donde habrían iniciado los presuntos pagos de sobornos por el Hospital de Moquegua.

En la etapa de exposición sobre la prognosis de pena privativa de libertad, Juárez informó que según los cálculos de la Fiscalía, Martín Vizcarra podría recibir hasta 36 años de cárcel efectiva por las imputaciones en su contra por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir.

La jueza Álvarez suspendió la audiencia hasta mañana jueves 18 a las 9:30 de la mañana donde la Fiscalía expondrá sus argumentos sobre el cumplimento del peligro procesal que recae sobre Vizcarra en caso de mantenerse en libertad por los próximos 18 meses.