El paro de transportistas se ha convertido en el mayor conflicto social que atraviesa el Perú en 12 de sus regiones. A este, se le suman las protestas de agricultores en Junín e Ica y la manifestación de ayer en el Centro de Lima, que terminó con violentos enfrentamientos con la Policía y la vandalización de edificios públicos. Hasta ahora, seis fallecidos, bloqueo de vías nacionales, desabastecimiento de alimentos y saqueos de comercios son el saldo de un malestar social que el gobierno central no ha sabido abordar con precisión.

En conversación con Convoca.pe, Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, señaló que la falta de continuidad de las políticas de gobierno y los cambios constantes del personal de los ministerios no permiten entablar diálogos efectivos para solucionar los conflictos.

“Hay que consolidar los equipos con el personal más especializado y descentralizar la presencia de la capacidad de gestión de conflictos en distintos lugares, teniendo en consideración el nivel de conflictividad que hay en cada departamento”, sostuvo Luque.

El especialista también resaltó que las demandas de los transportistas estaban puestas sobre la mesa desde octubre del año pasado, pero que no fueron respondidas a tiempo.

Como se sabe, los transportistas solicitan una revisión de los contratos de las concesiones, una ley del conductor, la eliminación del ente fiscalizador Sutran y la condonación de las multas acumuladas durante la pandemia (periodo 2020-2021). Asimismo, también han pedido la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo en los combustibles y una solución para el encarecimiento de estos.

El paro de transportistas de carga pesada se ha extendido a 12 regiones del país. Foto: Andina.pe

Estos puntos recién vienen siendo dialogados con el Ministerio de Transportes, que ha tenido que apresurar algunas promesas para aliviar las medidas de fuerza tomadas por los transportistas en las carreteras del país. Y sin embargo, el conflicto persiste y ha dispersado el descontento hacia otros sectores.

“Ahora no es solo un problema de transportistas, es un tema de economía familiar. La inflación ha sido la más alta en 20 años. Los bloqueos han generado escasez”, agregó Luque.

Conflictos sin resolver

Luque comenta que el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania afecta las actividades económicas del país y esto se extiende a las economías familiares. Pero más allá de los factores externos, los constantes cambios de funcionarios en gabinetes ministeriales generan zozobra en los grupos humanos envueltos en conflictos sociales. La confianza, la continuidad de las negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos son claves para resolver las controversias, pero estos elementos no se están presentando.

“Los procesos de diálogo se basan en la confianza, no son espacios obligatorios, están constituidos por la voluntad de las partes. Si las personas [a cargo de las instituciones] van a cambiar de una semana para otra, es muy difícil que la confianza [de la población] se mantenga. Además, se pierde la visión del conflicto: el historial del conocimiento acumulado”, afirmó el funcionario.

De hecho, Pedro Castillo nombró cuatro gabinetes en seis meses que incluyen 29 modificaciones de ministros. Esto ha generado cambios de rumbo en las políticas de gobierno y marchas y contramarchas respecto a las distintas promesas ofrecidas.

Por ejemplo, Castillo nombró como jefe de su primer gabinete a Guido Bellido, congresista de Perú Libre, investigado por el delito de apología del terrorismo. Durante este periodo, se recrudeció el conflicto minero de Las Bambas, en Apurímac, que hasta hoy sigue sin solución y genera frecuentes bloqueos de vías en el Corredor Minero del Sur.

El bloqueo del Corredor Minero del Sur utilizado por la minera Las Bambas fue el primer conflicto social de magnitud que tuvo que enfrentar el gobierno de Castillo. Foto: Andina.pe.

Castillo pidió la renuncia de Bellido debido a los frecuentes cuestionamientos sobre su labor. En octubre del año pasado, la abogada y activista Mirtha Vásquez asumió como presidenta del Consejo de Ministros. Su designación, y la decisión de mantener a Pedro Francke como ministro de Economía, se interpretó como un giro hacia la moderación y un intento de transmitir un mensaje de estabilidad institucional al país y a la inversión privada.

El conflicto de las Bambas se apaciguó en este periodo, pero tampoco fue resuelto por completo. "Los conflictos no se pueden solucionar en tiempos cortos", reconoció entonces Vásquez. Durante su gestión también surgieron los reclamos de los transportistas de carga pesada que hoy ponen en jaque al gobierno de Castillo. Como se recuerda, en ese momento anunciaron un paro general para el 26 de octubre de 2021, pero fue suspendido luego de iniciar un diálogo con el Ministerio de Transportes.

Luego de la renuncia del entonces ministro del Interior, Avelino Guillén, por desavenencias con el jefe de la Policía, Vásquez también dimitió en solidaridad. El tercer gabinete de Castillo, encabezado por Héctor Valer, duró apenas cuatro días y finalmente en frebrero último tomó la posta Aníbal Torres, actual premier.

En los últimos meses ha habido un crecimiento de la conflictividad social, como lo reportan las estadísticas de la Defensoría del Pueblo. En mayo de 2021, se reportaron 191 conflictos activos. En febrero de este año, 203. Según Luque, este es un incremento significativo que no ha tenido un seguimiento correcto de parte del gobierno de Castillo debido a los continuos cambios.

La ciudadanía de Lima salió a protestar ayer contra el toque de queda decretado por Castillo. Al final de la jornada, vándalos generaron destrozos en edificios públicos. Foto: Andina.pe

Las medidas tomadas en el seno del actual Consejo de Ministros para reducir la conflictividad social no han demostrado ser las más acertadas. El ejemplo más claro fue la orden de inamovilidad social para Lima y Callao, decretada el lunes por Pedro Castillo, al filo de la medianoche, y que regiría el martes desde las 2 am hasta el final del día. Ante el desborde de las protestas que se desataron en la capital, la tarde del mismo martes el presidente anunció que dejaba sin efecto la disposición.

"Los estados de emergencia no resuelven conflictos sociales, no son mecanismos para resolver conflictos sociales. Los mecanismos para resolver conflictos sociales son procesos de diálogo y propuestas técnicas”, advirtió Jesús Luque a Convoca.pe.

“Se debe mejorar el sistema de gestión de información. Es importante hacer monitoreo constante para tener información de calidad. Así se podrán hacer nuevos análisis y plantear acciones oportunas”, añadió el especialista.

El funcionario de la Defensoría del Pueblo detalló a Convoca.pe que en Huancayo, Junín, 27 personas resultaron heridas en el marco de las protestas de los trabajadores agrarios, que piden subsidios para frenar el incremento de los costos de los fertilizantes. De los lesionados, 20 ya fueron dados de alta y un joven perdió la vista de un ojo debido a las heridas provocadas por un proyectil de gas lacrimógeno.

Además, se registraron dos fallecimientos y la Defensoría del Pueblo ha exigido los protocolos de necropsia. Un joven murió ahogado en el río mientras escapaba del accionar de la Policía, según sus familiares, y otra mujer perdió la vida cuando fue atropellada en la carretera mientras agentes policiales despejaban el bloqueo de una vía.

“Han sido muertes en el escenario del conflicto, pero no por una intervención directa de la Policía. En todos los casos debe haber un esclarecimiento de los hechos. Recogemos información del Ministerio Público, Policía Nacional y lo trascendido en medios de comunicación", concluyó Rolando Luque.

Luego de la entrevista con Luque, siguieron registrándose lamentables fallecimientos en escenarios de protestas. Al cierre de esta edición ya se contabilizan al menos seis muertes. La más reciente ocurrió esta mañana, en Ica. El joven trabajador agrario Jhony Quinto Contreras recibió un proyectil de arma de fuego en la frente y su deceso fue inmediato.