La corrupción en América Latina se ha consolidado como un problema estructural que trasciende el concepto del abuso del poder político, entendiéndose como la acumulación de poder económico para perpetuar prácticas corruptas e incrementar su riqueza. En eso coincidieron los expertos reunidos por Convoca en la tercera mesa de trabajo para analizar el fenómeno de la corrupción en América Latina.

Los especialistas señalaron, además, que en dicha premisa se encuentra el principal desafío: entender la corrupción como un delito económico vinculante y sancionable por la ley, que no es exclusivo de un solo grupo político ni de una autoridad en particular, sino que se trata de un complejo sistema delictivo fortalecido en el tiempo y que ahora tiene la capacidad de cambiar de actores y adaptarse a nuevos escenarios sin perder la mira en su objetivo.

Convoca realizó la última mesa “Marcos legales y normativos pro-corrupción” en el marco del desarrollo de su nueva plataforma digital de análisis de la corrupción latinoamericana. Participaron: Paul Radu, cofundador y director de Innovación de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project); Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana; María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC Digital) del Tecnológico de Monterrey (México); José Domingo Pérez, fiscal anticorrupción y miembro del Equipo Especial Caso Lava Jato; André Duffles Texeira Aranega, investigador del Centro de Conocimiento Anticorrupción de Transparencia Internacional Brasil; Lisseth Boon, periodista de Armando.Info de Venezuela; y Christian Zurita, periodista de investigación de Ecuador.

El diálogo estuvo relacionado a la debilidad y la vulnerabilidad de los marcos legales de algunos países de la región, donde incluso se crean normativas que, en lugar de prevenir la corrupción, la legitiman, favoreciendo a ciertas élites políticas y empresariales. Para el investigador brasileño André Duffles Texeira Aranega estas estructuras de poder suelen tener una “propuesta autoritaria”, buscan apropiarse de la agenda anticorrupción para “cuestionar la corrupción de otros grupos (opositores), pero promover la corrupción que les interesa”, y  tienen una fuerte influencia sobre las decisiones gubernamentales, lo que les permite generar “distorsiones legales” para manipular licitaciones, modificar contratos e implementar políticas públicas que los beneficien.

Paul Radu, cofundador de OCCRP, sostuvo que “en el mundo no existe un verdadero enemigo de la corrupción” porque la definimos como un problema político y no como un delito económico. Señaló que para combatir el fenómeno de manera efectiva es necesario mirar sus raíces económicas e identificar los mecanismos que ha utilizado durante décadas para concentrar dicho poder. “Debemos entender que los tipos de poder (político u otro) son al final del día poder económico y si no entendemos esta acumulación de poder económico durante décadas, no podremos resolver mucho y la corrupción no va a ser atacada por nadie. Uno de los puntos donde está la acumulación del poder de la corrupción es con este tipo de inversiones de los grupos criminales con políticos corruptos, que son tierras alrededor del mundo y todo tipo de acciones en empresas”.

A su turno, José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato en Perú, comentó la reciente sentencia en el caso Odebrecht —que condenó a 20 años de prisión al exmandatario Alejandro Toledo, acusado de recibir 35 millones de dólares en sobornos por los tramos II y III de la carretera Interoceánica— y lamentó que existan decisiones políticas con el objetivo de crear o adecuar el marco normativo de un país para, aparentemente, legalizar posibles actos de corrupción. “Finalmente (los grupos de poder) van adecuando todo este andamiaje normativo para que esa empresa con la que han acordado el soborno se vea facilitada”. Asimismo, coincidió en que “hay una especie de infraestructura corrupta que está compuesta por diferentes actores y yo también diría por personas que están dentro del propio sistema de justicia”.

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, el gran desafío es comprender que estas redes de corrupción fueron “construidas intencionalmente” para facilitar intercambios económicos lícitos e ilícitos. Subrayó, en esa línea, que “las redes económicas legales e ilegales están completamente interrelacionadas”. “El discurso contra la corrupción se quedó atrapado por mucho tiempo en una conversación, pero ahora creo que está cambiando rápidamente nuestra concepción y el entendimiento del problema. Creo que el reto está en reconocer que (las prácticas corruptas) son delitos económicos. (...) Estos delitos económicos han construido por muchos años estructuras que facilitan su operación desde los paraísos fiscales y no solamente en el Caribe”, agregó.

Durante su intervención, Ángeles Estrada, directora de ITAC Digital de México, consideró que en su país “no existen vacíos legislativos o normativos”, sino que las leyes mismas crean espacios de ambigüedad que dificultan su implementación. “En muchos casos, el incumplimiento de las sentencias judiciales se presenta cuando los casos llegan a la Suprema Corte de Justicia o a los propios juzgados de distrito (tribunales inferiores), donde las resoluciones del Poder Judicial no son consideradas o son desacatadas por el Ejecutivo. Existe, además, una muy mala exigencia por parte del Poder Judicial para el acatamiento de sus propias resoluciones”, añadió. Otro aspecto que destacó fue el trabajo de los órganos encargados de garantizar el acceso a la información, y explicó que cada estado mexicano cuenta con su propio órgano “que funciona con elementos normativos distintos”, a pesar de contar con un marco común a nivel nacional.

El periodista ecuatoriano Christian Zurita resaltó que gran parte de las redes de corrupción “están vinculadas principalmente a proyectos de infraestructura dado el volumen de los recursos involucrados, por lo tanto, estas operaciones solo pueden llevarse a cabo mediante acuerdos tácitos entre grupos económicos y las élites con poder político. Esto revela una cooptación de las élites locales por parte de estructuras externas, que son fácilmente moldeables a cada nación”. Por su lado, la periodista venezolana Lisseth Boon explicó que en su país se ha producido un “desmantelamiento del Estado” y una ruptura de la institucionalidad, lo que ha llevado a la “anulación de la separación de poderes". “En este momento, todos los poderes en Venezuela están supeditados al Ejecutivo, a lo que ordena la Presidencia”, acotó Boon durante la tercera mesa de análisis “Marcos legales y normativos pro-corrupción".

Cada una de estas mesas tienen la finalidad de recoger conocimientos que aporten a la creación de mejores políticas públicas. Esta información fue presentada en tres relatorías que están disponibles en la plataforma del Observatorio Transfronterizo de la Corrupción, que será presentada por Convoca durante el IV Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la Corrupción y Redes Criminales (ELPIC), que se desarrolló del 28 al 29 de noviembre.