La mayoría de los países de América Latina lograron mínimos o nulos avances para combatir la corrupción en el sector público, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional. Países como Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los diez más corruptos del mundo según este índice. En este contexto, el periodismo de investigación es fundamental para evidenciar el uso indebido de los recursos públicos, la captura de las instituciones y el impacto de estas acciones en la democracia de nuestros países. En un esfuerzo por combatir la corrupción, Convoca ha desarrollado una novedosa plataforma digital que sistematiza las investigaciones sobre casos de corrupción producidas en los últimos años de manera colaborativa con más de doce medios de comunicación y organizaciones periodísticas de América Latina.

Como en otras apuestas, el Observatorio Transfronterizo de la Corrupción será un proyecto periodístico de carácter transfronterizo. Por eso, se han realizado tres mesas de trabajo en formato virtual con especialistas, académicos, periodistas, representantes de organismos internacionales y regionales en materia anticorrupción, y miembros de organizaciones de la sociedad civil de la región. 

Cada una de las mesas tuvo como objetivo ser un espacio de intercambio, diálogo y reflexión. Los ejes temáticos giraron en torno a los patrones y modus operandi de la corrupción; los nexos entre la corrupción, crimen organizado y lavado de activos; y marcos legales y normativos pro-corrupción en América Latina. 

Las relatorías resumidas de cada una de las mesas están ya disponibles en el sitio web del Observatorio Transfronterizo de la Corrupción, que fue presentado durante el IV Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la Corrupción y las Redes Criminales 2024.
 

¿Cuáles son los patrones y nuevas tendencias de la corrupción en América Latina?

En una sesión práctica, los participantes de la primera mesa de análisis “Patrones y modus operandi de la corrupción en América Latina” lograron identificar las características comunes de estas redes delictivas. Según el análisis de los expertos, la participación de funcionarios públicos y agentes privados, el intercambio de favores en redes políticas, un marco legal laxo, la ausencia de un control eficiente del Estado, la captura de las instituciones públicas, el pago de sobornos y las alianzas con el crimen organizado son elementos comunes de la gran corrupción que afecta a América Latina.

Para este evento, Convoca reunió a los letrados: Andrea Garmendia, fiscal general de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina; Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato de Perú; e Yván Montoya, docente e investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y a los periodistas de investigación: Liseth Boon (Venezuela), Christian Zurita (Ecuador), Daniel Yovera (Perú) y Milagros Salazar, directora de Convoca (Perú).

La fiscal argentina Andrea Garmendia expuso la necesidad de que los investigadores estén capacitados para discernir con claridad cómo funciona una contratación pública y también planteó el dilema de cómo penetra la corrupción. “¿Esto se produce porque las instituciones están débiles de inicio o se vuelven débiles producto de estar contaminadas por corrupción? Es como que se retroalimentan permanentemente. Es un camino de doble vía, es decir, es como buscar qué fue primero: el huevo o la gallina”, dijo.

Un aspecto importante de la discusión es que en los grandes casos de corrupción como Lava Jato se han identificado funcionarios técnicos con un alto grado de preparación y experiencia. Estos profesionales de la corrupción se aprovechan de un marco legal laxo y de la falta de un control eficiente del Estado. La procuradora peruana Silvana Carrión, además, remarcó que desde el sector privado se han normalizado conductas ilícitas como el pago de coimas. “Los empresarios, por ejemplo, tienen definido dentro de sus costos un porcentaje que se ven obligados a reservar para el funcionario público o el comité que está a cargo de la licitación”. 

Los especialistas también coincidieron en que la mayoría de los casos de corrupción de funcionarios públicos suelen tener una participación activa de actores del ámbito privado y que, además, es un vínculo de larga data. “Esta convergencia entre el funcionario público y el agente privado es antigua y, evidentemente, con el tiempo ha logrado sofisticarse y establecer nuevas modalidades. Además, ha adquirido lo mejor de los avances, no solamente en conocimiento sino avances técnico, tecnológicos y hasta científicos para desarrollar la corrupción”, explicó el periodista peruano Daniel Yovera.

La periodista venezolana Liseth Boon destacó que un elemento común de la corrupción en América Latina es la participación del Estado en estos hechos delictivos. “Por lo menos, en el caso de Venezuela, hay una participación muy marcada y descarada del Estado en la creación de proyectos sociales que luego se prestan para la corrupción”. 

Por su parte, el periodista ecuatoriano Christian Zurita subrayó que un patrón en estas tramas es la creación de offshores, empresas constituidas en el extranjero para evitar ser fiscalizadas. “Un caso muy claro que ha sido trabajado por todo el equipo liderado por Convoca, desde Lima, es el tema de la compra de insumos médicos para la pandemia. En Ecuador se identificó que muchas de esas empresas fueron constituidas para desarrollar actos de corrupción y en la medida en que se consolidaron estos esfuerzos de cooptar y monopolizar los contratos para ciertos espacios de la salud pública, poco a poco también se fueron convirtiendo en la puerta de salida para que otro tipo de capitales puedan ser lavados, directamente del narcotráfico”, apuntó Zurita.

Otro patrón relevante para los especialistas es la creciente y estrecha relación de los casos de corrupción con el poder político y el crimen organizado. Para el abogado peruano Yván Montoya existen dos razones por las cuales desde la criminalidad organizada se busca el contacto con la corrupción o viceversa: “La primera es para facilitar los réditos económicos a través de algún mercado informal o ilegal; y la segunda para facilitar el bloqueo de investigaciones y la búsqueda de la impunidad”, puntualizó.