'Año de austeridad y de la planificación familiar' fue el nombre oficial que se le otorgó al año 1991, cuando Alberto Fujimori era el presidente del Perú. Así lo recordó, el martes último, el fiscal Pablo Espinoza durante la audiencia de exposición de argumentos en el juicio que se sigue al exmandatario y sus exministros por la esterilización forzada de miles de mujeres  en el país. Para la fiscalía, mencionar este detalle no viene de más, porque da cuenta de la importancia que se dio a las esterilizaciones durante el mandato de Fujimori.

En este periodo se implementó el Programa de salud reproductiva y planificación familiar, que usó como principal método anticonceptivo la esterilización, a través de operaciones de ligaduras de trompa y vasectomías. Estas prácticas, desarrolladas principalmente en zonas de pobreza extrema causaron la muerte de cinco mujeres y lesiones en otras 1300.

El expresidente Alberto Fujimori  y los exministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (virtual congresista) son acusados por la fiscalía como autores mediatos de estos crímenes. El martes pasado y este jueves se realizaron las audiencias de exposición de argumentos del caso, el Ministerio Público presentó más de 100 pruebas que dan cuenta de una política desplegada desde el Ejecutivo para que se realicen miles de esterilizaciones, incluso recurriendo al forzamiento.

La audiencia judicial continuará el lunes , con la presentación de más elementos de acusación por parte del representante del Ministerio Público.

El martes reciente, se presentaron testimonios de mujeres que indicaron que a cambio de acceder a la esterilización iban a recibir alimentos y vestimenta, de otro lado, podrían dejar de recibir beneficios sociales si no aceptaban. Del lado de los agentes de salud, se conoció que los directores de salud en cada región pedían incrementar la cuota  de esterilizaciones en  centros de su jurisdicción. La política desde el ministerio era premiar a quienes llegaban a la meta  con diplomas, pago de viáticos  y otros incentivos.

Así lo relató el testimonio de Elio Óscar Figueroa Calderón, quien fue coordinador de planificación familiar a nivel Lima. Entre 1996 y 1997 participó en reuniones  de coordinadores a nivel nacional. Durante estas citas se entregaba diplomas a los representantes de los departamentos que habían realizado más operaciones.

María Maura Castillo, una mujer que vivía en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, región Piura, declaró que tras el nacimiento de su  hijo en 1997  fue convencida para que le ligaran las trompas y continuar recibiendo ayuda alimenticia de parte del gobierno. Al mes se entregaba una ración de aceite, menestras y soya molida, detalló la fiscalía.

Investigación recogió los testimonios de cerca de 2 mil mujeres. Foto: Agencia Andina

Además de estos testimonios se cuenta con múltiples documentos  que dan cuenta del desarrollo de esta política. Como cartas a los directores regionales pidiendo que se cumpla con la cuota de esterilizaciones programadas para el mes. También se realizaban campañas médicas donde se ofrecían estas cirugías de manera gratuita.

El Ministerio Público aduce que no se informaba a las mujeres sobre las consecuencias de  esta operación y que muchas veces, los procedimientos no eran realizados en instalaciones adecuadas, ni se contaba con personal especializado. Estas condiciones llevaron a la muerte a María Marérita Mestanza Chávez,  Alejandra Aguirre Auccapina, Reinalda Betalleluz Aguilar , María Espínola Otiniano y Celia Ramos Durand.

En el caso de María Marérita Mestanza Chávez, el fiscal explicó que no se le practicaron los procedimientos necesarios para establecer el riesgo quirúrgico, antes de la operación. 

Alberto Fujimori y el resto de implicados son acusados como autores mediatos del delito de lesiones graves seguidas de la muerte de estas cinco mujeres, en el contexto de grave violación de derechos humanos. También son acusados de lesiones graves  causadas a otras mujeres.

Fujimori es considerado por la fiscalía como el principal responsable y autor mediato, por ejercer el dominio de la organización que implementó esta política. Él mismo participó de reuniones con  directores regionales donde se abordó la política de planificación de su gobierno. Recibía informes periódicos sobre el avance de este plan.