Cientos de testimonios de mujeres sobrevivientes y de familiares de las fallecidas, historias clínicas, declaraciones de personal de salud y documentos oficiales son algunas de las pruebas que contienen los 180 tomos de la carpeta fiscal del caso de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1995 y 2000, revelaron a Convoca en Vivo los abogados de las demandantes.

El 11 de enero último, el Fiscal Pablo Espinoza Vásquez debía presentar estas pruebas para sustentar las acusaciones contra Fujimori, sus exministros y funcionarios de salud, pero no pudo hacerlo porque el juez Rafael Martínez Vargas, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado, suspendió la audiencia debido a la falta de traductores de quechua, ya que la mayoría de las 1321 mujeres incluidas en el expediente fiscal hablan diversas variantes de este idioma. 

"En estos 18 años de investigación de la Fiscalía, las mujeres han sido entrevistadas hasta en tres oportunidades en distintos momentos y todas coinciden en que fueron captadas bajo amenazas. Hay informes del Congreso de la República, de la Defensoría del Pueblo, sobre la política de esterilizaciones y de los fallecidos, hay oficios de los ministros hacia Fujimori", destacó Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa Legal y abogado de las víctimas.

Milton Campos, abogado de las familias de la fallecidas Mamérita Mestanza y Celia Ruiz, informó que la carpeta fiscal tiene 180 tomos. "Hay documentación oficial, oficios de puño y letra de los ministros y del expresidente Fujimori anotando, de manera específica para saber cuántas intervenciones quirúrgicas hicieron a las mujeres. Hay cientos de oficios en los que la Casa Militar, adscrita al gobierno de turno, da cuenta de todo el movimiento que generaba para acompañar a los centros de salud con insumos de diferente índole, exclusivamente, para atender las mal llamadas AQV", reveló.

Según Campos, el Ministerio Público ha hecho una lista de cientos de elementos de convicción, que son más que suficientes para lo que se necesita en este momento, pues el siguiente paso es que el juez nuevamente investigue los casos de esterilizaciones forzadas.

Además del expresidente Alberto Fujimori, son investigados por este caso los exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga Recuenco; el exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca, Segundo Henry Aliaga Pinedo; el fallecido exdirector de la oficina de Salud de las Personas de la región de Cajamarca, Enrique Octavio Marroquín Osorio; la doctora Magda Isabel González Carrillo; y el exasesor del sector Salud Ulises Jorge Aguilar.

Un grupo de víctimas de esterilizaciones forzadas se reunión en Cusco previamente a la audiencia del 11 de enero. Foto. Difusión

Política de esterilizaciones forzadas

La investigadora Raquel Cuentas contó que, en el reporte de derechos humanos sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú "Nada personal", recogen el documento de la Política Nacional de Planificación Familiar, de los años 1995 a 1998, con las metas del Ministerio de Salud para la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

"Hubo una política encubierta de esterilizaciones forzadas, que llamaban AQV. Lo que querían era acabar con la pobreza, con la población indígena de este país", afirmó en respuesta a las declaraciones de César Nakasaki, abogado de Alberto Fujimori, quien dijo que no se ha demostrado una política de esterilizaciones forzadas, lo cual prueba que no hay responsabilidad de su defendido.

Cuentas recordó que hallaron memorándums en los que los directores regionales de salud exigían a los directores de centros de salud y estos a su personal que capten personas y cumplan con las cuotas. "En Huancabamba, Piura, se recogió un memorándum que exigía cumplir la cuota de 30 mujeres captadas mensualmente. Incluso, hay testimonios de personal de salud que tuvo que esterilizarse para llegar a su meta", agregó.