#EstadoPerú: Congreso tramitó seis iniciativas legislativas que promueven la impunidad en corrupción y violación de derechos humanos 

El Congreso de la República parece haber ganado a pulso y con constancia la desaprobación casi total de la ciudadanía, según las encuestas recientes. Desde las declaraciones de los congresistas sobre temas álgidos como las denuncias de corrupción contra la presidenta Dina Boluarte, la defensa de legisladores “mochasueldos”, hasta la aprobación de leyes en beneficio de organizaciones criminales o contra los derechos humanos, forman parte de las acciones que le dan porcentajes de aprobación de apenas un dígito. 

Como parte de la cobertura periodística de Convoca.pe “#EstadoPerú Más allá del discurso” por los 203 años de la declaración de independencia, analizamos las iniciativas de los parlamentarios, quienes en la última legislatura buscaron blindar a sus partidos y líderes políticos de ser procesados por delitos de corrupción, además de limitar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de delitos de lesa humanidad y sus familias.

Recientemente, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicó los resultados de una encuesta que revela que el 94% de los ciudadanos desaprueba las acciones del Congreso. Además, el 81% considera que la actual conformación del Congreso abusa del poder que le dio la ciudadanía en las urnas.

La nueva mesa directiva que preside Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso (APP) y conformada por  Patricia Juárez (Fuerza Popular),  Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País) en las vicepresidencias. Foto: Congreso. 

Es con este poder, que el Parlamento tramitó en esta legislatura seis iniciativas legislativas que buscan beneficiar a líderes políticos, dejan vulnerables a víctimas de violaciones a los derechos humanos, y abre las puertas a personas condenadas por delitos de crimen organizado para que puedan postular en elecciones de cualquier nivel de gobierno.

Un par de proyectos benefician a los líderes de los dos principales partidos con bancada en el Congreso, quienes están condenados por casos de corrupción y por crímenes contra los derechos humanos. El primer proyecto que fue aprobado por el Parlamento, pero que aún no se convierte en ley, es el que prescribe los delitos de lesa humanidad hasta antes de julio de 2022, fecha en la que entró en vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Ese proyecto fue elaborado por Fernando Rospigliosi de la bancada Fuerza Popular y el vicealmirante José Cueto de Renovación Popular quienes lo presentaron en febrero de 2024. Su trámite fue rápidamente tramitado por la Comisión de Constitución que preside la fujimorista Marta Moyano y su texto fue aprobado en la primera semana de julio, aunque aún tiene pendiente que sea promulgado por la presidenta Dina Boluarte.

El 7 de marzo de 2009, el exdictador Alberto Fujimori fue condenado por la Corte Suprema por los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro de un empresario y del periodista Gustavo Gorriti. Foto: Difusión.

El texto aprobado por el Congreso estipula que "nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra" por hechos cometidos antes de la vigencia en Perú del Estatuto de Roma, en julio de 2002. Además, señala que en el Perú "ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad". 

Es decir, los crímenes como asesinatos, secuestros, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y otros ocurridos durante el conflicto armado interno prescribirán, pese a que el Estatuto de Roma indica que no prescriben y que la justicia debe encontrar y procesar a los responsables hasta que logren ser condenados.

Esta norma tendría nombre propio y es el de Alberto Fujimori, expresidente peruano condenado por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, todos crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal, tal como señala la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de abril de 2009.

Fujimori se encuentra en libertad, tras la decisión del Tribunal Constitucional que activó el indulto humanitario que otorgara el expresidente Pedro Pablo Kuzcynski. Hace unas semanas, su hija Keiko anunció que el exmandatario será el candidato presidencial en las elecciones de 2026. Sin embargo, el patriarca de los Fujimori debe enfrentar el juicio por el caso Pativilca, donde es acusado de ser el autor mediato de una masacre a seis agricultores en 1992. 

Además, con la reciente aprobación de la ampliación de la extradición de Fujimori dictada por la justicia chilena por el caso de esterilizaciones forzadas, el líder del fuijmorismo tendría que enfrentar dos juicios por delitos de lesa humanidad que a la luz del Estatuto de Roma son imprescriptibles.

Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad por los asesinatos de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación. Foto: El Peruano. 

Libertad para postular (pese a los delitos)

Como si se tratara de un paquete normativo de beneficios para sentenciados, Fuerza Popular presentó otros cuatro proyectos de Ley de reforma constitucional que buscan, al menos en el nombre, “impedir” que condenados por delitos dolosos puedan postular en elecciones generales, municipales y regionales. 

Sin embargo, esto parece ser una cuidada estrategia. Actualmente, el artículo 34-A de la Constitución Política impide postular a cargos de elección popular a “las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”. Es decir, el impedimento existe para quienes hayan cometido delitos con la intención de generar daño.

Las bancadas de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial y otras, se sumaron a las propuestas de reforma del fujimorismo. En total se presentaron 19 proyectos de ley que tenían el mismo objetivo. En realidad, el objetivo es ajustar el modelo para impedir la postulación solamente a personas que hayan cometido algunos delitos dolosos y que involucran a personajes que aparecen en el panorama político como posibles contendores del fujimorismo.

Los congresistas no se pusieron de acuerdo y el Pleno del Congreso decidió devolver el dictamen a la Comisión de Constitución.

Estos proyectos se acumularon y su debate nuevamente recayó en la Comisión de Constitución que preside el fujimorismo. De ese grupo de trabajo, salió un dictamen que mantenía el artículo 34-A del texto constitucional, pero que agregaba que se mantenía el impedimento hasta diez años después de haber sido rehabilitados a los condenados con sentencia consentida por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

La variedad de los argumentos presentados por los congresistas y sus intenciones eran tan amplios que durante el debate en el Pleno del Congreso del 13 de junio de 2024 los parlamentarios no se pusieron de acuerdo con el texto que debía ser aprobado.

Durante la sesión plenaria, cambiaron hasta dos veces el dictamen a través de textos sustitutorios reduciendo el número de delitos para el impedimento hasta diez años después de la rehabilitación. Incluso llegaron a eliminar el impedimento de postulación a condenados en primera instancia por delitos dolosos en una de las propuestas de texto sustitutorio.

El último texto sustitutorio mantuvo el impedimento a sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, pero redujo el ámbito de impedimento que subsiste diez años después de la rehabilitación a los condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, así como por los delitos de rebelión, sedición y motín. 

Con esa propuesta, los condenados por homicidio, violación sexual, corrupción y otros delitos, estarán listos para postular a cargos de elección popular. No obstante, el debate no llegó a buen puerto y el proyecto de ley fue devuelto a la Comisión de Constitución.

Por la familia y el partido

La bancada de Perú Libre, el partido que llevó al profesor Pedro Castillo a la presidencia con las promesas de luchar contra la corrupción, también presentó proyectos de ley para blindar a los partidos políticos de investigaciones fiscales y para beneficiar al prófugo líder de ese partido, Vladimir Cerrón, quien fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el delito de colusión y sobre quien pesa además una orden de prisión preventiva.

Ambas iniciativas fueron idea de Waldemar Cerrón, hermano del prófugo líder del partido del lápiz y hoy segundo vicepresidente del Parlamento en la fórmula liderada por Eduardo Salhuana de Alianza Para el Progreso. La primera iniciativa fue presentada en octubre de 2023 y pretendía que aunque uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores de organizaciones políticas estén inmersos en una investigación por cualquier hecho delictivo, no se responsabilice al partido, sino que la responsabilidad sea individual.

En el debate de las comisiones de Constitución y de Justicia, se generó un dictamen que no solo indicaba que no se podía responsabilizar a un partido político por hechos delictivos, sino que los blindada totalmente ya que solo se les puede aplicar las sanciones de la Ley de Organizaciones Políticas, que en su mayoría son de carácter administrativo.

La fujimorista Martha Moyano estrecha la mano a Waldemar Cerrón de Perú Libre quien presentó el proyecto para blindar a los partidos de procesos judiciales. Foto: La República

La iniciativa fue aprobada por el Congreso en mayo de 2024 y promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 10 de junio de 2024. Esta norma fue rechazada por la Primera Fiscalía de Lavado de Activos que planteó denunciar constitucionalmente a la mandataria y a Waldemar Cerrón.

“El partido político Perú Libre habría aprovechado que el investigado Waldemar Cerrón ostenta el cargo de congresista para que se presenten proyectos de ley que busquen modificar la normativa penal, procesal constitucional, a favor de sus miembros”, dice el fiscal a cargo del caso, Ángel Astocondor, en el informe enviado al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Waldemar Cerrón y otros integrantes de Perú Libre, son investigados por el presunto delito de lavado de activos a través de aportes ilícitos de dinero a su partido, que habría sido utilizado para financiar sus campañas electorales.

Waldemar también presentó un proyecto de ley para beneficiar directamente a su hermano, Vladimir Cerrón. El líder de Perú Libre fue condenado por el delito de colusión por el caso del Aeródromo Wanka, sentencia que fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín en octubre de 2023.

Desde la fecha de la sentencia, Vladimir Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde donde presentó recursos de hábeas corpus a través de diversos abogados, todos desestimados por la justicia. 

Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia, mientras su hermano Waldemar Cerrón es investigado por presunto lavado de activos. Foto: Difusión

Waldemar Cerrón presentó el 16 de julio de 2024 un proyecto de ley para modificar el delito de colusión simple y agravada, delito por el que está condenado su hermano Vladimir, así como del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en el Código Penal. 

El flamante vicepresidente del Congreso busca que solo sean sancionados los "funcionarios o servidores públicos que intervengan directamente" en los hechos determinantes para defraudar patrimonialmente al Estado. Además, señala que la sentencia debe ejecutarse una vez que quede consentida la sentencia.

La modificación del Código Penal es tan dirigida a beneficiar casos como el que involucra a Vladimir Cerrón, que incluso indica que en el delito de colusión están exentos del acto colusorio, "los actos omisivos, los hechos provenientes posterior a la consumación del acto colusorio, los actos contractuales o convenios entre entidades públicas o mixtas o los actos que se desarrollan entre funcionarios".

La tesis fiscal probada por el Ministerio Público indicó que el acto ilícito fue confirmado con la suscripción del contrato de fecha 4 de junio de 2014 que obligaba al Gobierno Regional de Junín, liderado por su entonces gobernador Vladimir Cerrón, a realizar el pago del 0,5% del monto de la inversión al contratista 'Consorcio Wanka' que ascendía a 2 millones 18 mil 180 soles.

Según las pesquisas, el contrato para el aeródromo se realizó omitiendo los pronunciamientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y transgrediendo la Ley Marco de la Asociaciones Público Privadas ya que el gobierno regional no realizó la consulta al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y sin contar con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil.

Asimismo, la propuesta de Waldemar Cerrón busca que, al culminar la pena, se cancelen de forma definitiva los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia por los delitos de colusión y negociación incompatible. Además, que se cancelen definitivamente los antecedentes penales, judiciales y policiales por esos delitos que involucran a funcionarios y políticos.

Justicia sin rostro

La justicia y los derechos humanos también están en la mira de los congresistas para generar impunidad. Una de estas propuestas parlamentarias es la presentada por las bancadas de Renovación Popular y Acción Popular que buscan “denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos” para sacar al Perú del Pacto de San José para así incorporar la pena de muerte en el país.

Sin embargo, durante el debate en la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia, la mayoría parlamentaria dio otra orientación a la iniciativa y aprobó conformar una Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa comisión estaría conformada por integrantes del Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

En este caso, el Ejecutivo sí observó la norma aprobada y respondió que el Congreso busca afectar las atribuciones de la figura del presidente de la República que tiene como atribución constitucional la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales del Estado.

El gobierno de Dina Boluarte observó la norma aprobada por el Congreso y señaló que el Congreso busca afectar atribuciones del Poder Ejecutivo.

Además la evaluación de la denuncia de un tratado internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede ser impuesta por el Poder Legislativo a través de una disposición legal.

Justamente, son las instituciones del sistema interamericano de derechos humanos las que han expresado su preocupación por las normas que pretende aprobar el Congreso que vulneran el derecho a la justicia. Para cerrar estas propuestas de la anterior legislatura, la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario presentó un proyecto de ley para crear jueces y fiscales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

Si bien el argumento de esta propuesta es preservar la identidad de los jueces y fiscales para fortalecer la lucha contra la criminalidad y salvaguardar la integridad de los operadores de justicia, esta propuesta también supone que los juzgados anulan posibles amenazas para el debido proceso. Esto porque se anula la posibilidad de la recusación de jueces y se corre el riesgo de parcialidad en el proceso.

Ya la Corte Interamericana ha señalado en el caso “García Asto y Ramírez Rojas contra Perú” que el mecanismo de jueces sin rostro constituye en sí mismo una violación a las garantías judiciales las que configuran en sí mismo requisitos intrínsecos para descartar cualquier forma de impunidad de los procesados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la aplicación de jueces sin rostro viola la Convención Americana.

Corresponde ahora ver si la actual legislatura, que se instala en estos días de fervor patriótico, insistirá con varios de estos proyectos o si pesará sobre los congresistas una mirada más reflexiva frente a la indignación ciudadana. En todo caso, mucho de lo que hace el Legislativo cuenta con el respaldo tácito del Ejecutivo que no observa o se pone de costado ante las normas que son emitidas desde el Congreso y eso es algo que la población también percibe cuando responde a las encuestas.