Marilia tenía apenas 14 años cuando las fuerzas militares ingresaron al distrito de Manta (Huancavelica) en el año 1984 con la intención de combatir a los terroristas de Sendero Luminoso que actuaban en esa zona del país provenientes de Ayacucho donde iniciaron su escalada violentista y asesina. 

Los militares que, se supone, venían a imponer el orden y la paz terminaron convirtiéndose en otros agentes de violencia y muerte. Violencia que Marilia y otras mujeres niñas, adolescentes y adultas tuvieron que soportar no solo como espectadoras sino como tristes protagonistas de hechos que nadie debiera vivir. Ella fue violada sexualmente en su casa durante una incursión militar, también fue sometida, vejada y violada en reiteradas ocasiones en la base militar de Manta por soldados que formaban parte de una tropa. Uno tras otro, por voluntad propia y por órdenes del superior al mando violentaron a Marilia y a su sobrina de 12 años. 

“Uno de ellos me arrastra a la cama, a mi sobrina la llevan al otro cuarto. Parecía un momento de muerte como si mi alma se desmayara. Yo grito y grito, pero no sé si es demasiado fuerte para que alguien me escuche. Yo estaba con mi pantalón y mi falda. Con mi pie hago fuerza, pero el soldado me lo dobla –hasta ahora me duele-, agarra el arma que lleva colgada y rastrilla. “¡Cállate, terruca!”, me dice. Me viola y yo pienso: “ahorita estoy muerta”. Ese era mi pensamiento, en segundos, no dejaba de pensar (en) la muerte”.

Esto es parte del testimonio que Marilia dio para el libro “Nuestras voces existen. Testimonios de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Manta” publicado por Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer que recoge las declaraciones de tres de las nueve mujeres víctimas de los abusos sexuales cometidos por los militares en Manta y Vilca. 

Base militar de Manta instalada en 1984. Foto: Archivo del Lugar de la Memoria

40 años después del dolor y el drama vivido, además del estigma que cargó durante toda su vida, Marilia no podrá ser testigo de lo ocurrido en el Poder Judicial donde el colegiado de la Sala Penal Nacional sentenció a seis, ocho, diez y doce años de cárcel a 10 de los 13 exmilitares que violaron a decenas de mujeres durante la ocupación militar en Manta y Vilca en Huancavelica. 

En abril de este año Marilia falleció sin encontrar justicia, siendo parte de esas más de 5 mil mujeres (de las que se tiene registro) que fueron violadas sexualmente en todo el país por elementos de las fuerzas del orden y que no pudieron ver a sus victimarios siendo encarcelados recibiendo las penas que le correspondían. 

La tarde de este miércoles 19 de junio la Sala Penal Nacional del Poder Judicial sentenció a 10 de los 13 miembros del ejército que fueron denunciados por nueve mujeres que se sobrepusieron a su dolor, al estigma, el abandono estatal y la discriminación de sus propios vecinos y familiares. 

La sala presidida por el magistrado René Martínez Castro dispuso que Rufino Rivera, Vicente Yance, Epifanio Quiñones, Amador Gutiérrez, Lorenzo Inga (autores directos), Raúl Pinto y Arturo Simarra (cómplices primarios) fueron condenados a 10 años de prisión. 

Mientras que Martín Sierra y Pedro Pérez fueron condenados a 8 y 6 años de prisión respectivamente. Mientras que Sabino Valentín fue condenado a 12 años de prisión al ser considerado -según los testimonios y la prueba fiscal- como uno de los principales responsables de estos casos. 

Valentín Rutti es sindicado como el “suboficial Rutti” quien se encontraba en la base militar y que inició la violación grupal de la cual fue víctima Marilia y el que dio las órdenes al resto de la tropa para que también la agredan sexualmente. 

Todos ellos cumplirán condena cuando sean puestos a disposición, toda vez que no se presentaron a la lectura de sentencia.  Además el juzgado dispuso el pago de una reparación civil de 100 mil soles a cada una de las víctimas por parte de cada uno de los sentenciados.

La impunidad y el caso “Los Cuellos Blancos”

En diciembre de 2017 el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” no solo remeció los cimientos del Poder Judicial, sino que generó impactos en el escenario político de ese entonces. Todos los meses se iban revelando audios de las conversaciones que tenían los protagonistas del caso donde se negociaban puestos, ratificaciones de jueces y fiscales e incluso rebaja de penas para violadores de niñas. 

Este caso impactó también en el proceso judicial de Manta y Vilca, iniciado en el año 2016. En septiembre de ese año, el magistrado Marco Cerna Bazán dejó su cargo como presidente del colegiado B de la Sala Penal Nacional, que veía el caso además de otros vinculados a violaciones de derechos humanos. Cerna fue reemplazado por la magistrada Emperatriz Pérez Castillo quien, según los pronunciamientos de las organizaciones que asumieron la defensa de las víctimas de Manta y Vilca, tuvo una serie de conductas que profundizaban la revictimización de las mujeres que acusaron a los 13 militares procesados. 

Interrogatorios delante de los acusados, cuestionamientos a la versión de las denunciantes al considerar hechos subjetivos del tipo “la veo muy tranquila para estar nerviosa”, o reproches del tipo “porque permaneció en la cama del acusado si dice que la violó” y otros más que solo aumentaban el daño de quienes valientemente optaron por denunciar los ataques. 

En febrero de 2018 el nombre de la magistrada Pérez Castillo apareció entre los “CNM Audios” que formaban parte del caso “Los Cuellos Blancos”. Walter Ríos, otrora poderoso presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao la menciona como un enlace importante para obtener los votos requeridos para su ratificación. 

“Ese es el pata (José Luis Cavassa) que cuando YO NECESITABA EL VOTO DE EMPERATRIZ PÉREZ CASTILLO, me llevó a la casa de Guido (Aguila. Exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura).”

Así, Demus y otras organizaciones solicitaron que debido a este y otros vínculos de la magistrada con el caso “Los Cuellos Blancos” sea apartada del proceso hecho que se produjo el mismo año, momento en que el juicio se “quebró” tras el recambio de toda la sala que reinició el proceso que finalmente llegó a un punto de conclusión este 19 de junio. 

La sentencia recoge también un aspecto importante. Califica el delito contra la libertad y el honor sexual en su forma agravada como un delito de lesa humanidad, precisamente el tema que forma parte del proyecto de ley que está pendiente de una segunda votación en el Congreso y que busca revertir los procesos y sanciones contra militares y policías por casos de violación a los derechos humanos previos a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, señalando que los “delitos de lesa humanidad” no estaban en la legislación peruana hasta antes de la ratificación de este tratado. 
 

Durante el inicio del juicio oral instituciones defensoras de derechos humanos realizaron plantones exigiendo justicia para las mujeres víctimas. Foto: Spacio Libre

Las cifras de la violencia sexual en el Conflicto Armado Interno

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) en su informe de julio de 2023 son 5492 las víctimas de violación sexual entre los años 1980 - 2000, período en el cual los pobladores de diversas regiones del país tuvieron que vivir en medio de las atrocidades cometidas por las organizaciones terroristas y por militares y policías destacados para enfrentar al terrorismo en las zonas de emergencia. 

Adicional a ello se registran 1707 casos de violencia sexual, que incluyen esclavitud sexual, unión forzada, prostitución forzada y aborto forzado. 

En el caso de Manta y Vilca, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recoge testimonios de estos casos, entre ellos los de las nueve mujeres que finalmente denunciaron a los militares que abusaron de ellas. 

Al respecto, la CVR señala: 

“Los casos de violación sexual se dieron desde la instalación de las bases en el año 1984 y 1985, respectivamente. Los soldados acostumbraban incursionar en la comunidad y violar sexualmente de las mujeres en sus casas o detenidas con la excusa de tener vínculos con los senderistas para llevarlas a la base, donde eran violadas sexualmente. Muchas veces, los soldados irrumpían en las casas de los pobladores, instalándose en ellas y manteniendo en cautiverio a las mujeres.”

Las cifras individuales de los casos de violación sexual en los distritos de Manta y Vilca en Huancavelica no se conocen con exactitud, pero los testimonios de Marilia y las otras 8 mujeres que denunciaron a sus victimarios dan una luz del abuso que cometían los militares. Estos delitos pueden ser considerados de lesa humanidad, en un escenario donde el Congreso busca que los militares y policías procesados por este tipo de casos sean liberados de cualquier proceso o sentencia. 

Hoy Marilia ya no está y tal vez su hijo, ese muchacho que no pidió venir al mundo, pueda ser testigo de un pequeño acto de justicia, tardío pero justicia al fin y al cabo. Esa justicia que Marilia tal vez sabía que no iba a llegar cuando conversó con la hermana de su violador en el momento que ella le inquirió sobre el hijo que tenía.

“Ella me dijo: “Durante 30 años, mi hermano nunca se pronunció de este hijo. ¿Cómo aparece su hijo después de 30 años? (...) Yo le dije: “¡Que Dios se encargue de tu hermano! Él lo sabe en su consciencia, sabe lo que he sufrido”. Así evité pelear con ella porque me había pedido que no hiciera “disgusto”. El progenitor de mi hijo nunca se apareció”.