En los últimos años la violencia del crimen organizado se ha ensañado especialmente con los peruanos que defienden el medio ambiente en el que habitan sus comunidades, ante una prolongada inacción de las autoridades. A lo largo de los años el gobierno hizo varias promesas para mejorar su situación, pero los atentados y amenazas contra este grupo de líderes continúa.

Muestra de ello es el registro de amenazas y atentados contra al menos 75 defensores ambientales registrados en la base de datos Resistentes del Perú, actualizada por Convoca.pe. Entre 2013 y 2022, 35 de estos líderes y comuneros fueron asesinados. Y aunque algunos de los casos aún se mantienen en investigación, las primeras hipótesis apuntan siempre al crimen organizado.

Los datos serán compartida con el público en general, a través del mapa interactivo Resistentes del Perú, a fin de llamar la atención sobre esta problemática y dar voz a los pueblos amenazados que exigen la inmediata intervención del Estado peruano.

La mayoría de las víctimas mortales eran defensores de Ucayali (7), Loreto (5) y Junín (5), seguidos de los líderes abatidos en Lambayeque (4) y Madre de Dios, Cajamarca, Huánuco, con tres casos mortales cada una.

Doce de estas personas eran comuneros que intentaban defender sus derechos, ocho ejercían el cargo de dirigentes de sus comunidades, además de un rondero, un monitor ambiental, un secretario y un gerente de la Municipalidad distrital de Pangoa, quien fue abatido de un disparo en la cabeza este año, a corta distancia y por la espalda.

Ulises Rumache fue visto por última vez con vida la noche cuando se desplazaba camino a su comunidad en motocicleta. El día de su asesinato, había participado en reunión con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y unos días antes con Devida.  

Del total de las 35 víctimas, 10 perdieron la vida por defender los bosques. Otras 21 personas fueron silenciadas por su compromiso con la defensa de la tierra, y otras 4, por proteger el agua.

El líder ambiental Roberto Carlos Villanueva Pacheco fue asesinado en 2020 en Madre de Dios, luego de recibir múltiples amenazas que no fueron escuchadas por el Estado. Foto: Comité de Gestión de la Reserva Tambopata. 

Violencia y desprotección

Uno de los casos más sangrientos, y también más reciente, ocurrió el último 2 de agosto, en Loreto. Genaro Comisario Bitap, de la Villa Saramiriza, fue asesinado de dos disparos cuando caminaba cerca de la iglesia Las Nazarenas, en Manseriche, en la provincia loretana de Datem del Marañón. Lo acompañaba su hijo de 10 años, quien también recibió un impacto de bala que le afectó un dedo de la mano derecha.

En lo que va del 2022 han sido asesinados siete defensores ambientales.

"Tenemos una situación crítica por las amenazas que están recibiendo nuestros hermanos y hermanas que defienden sus territorios. Nosotros hemos denunciado en diferentes instancias del Estado, la Policía, la Fiscalía en Materia Ambiental, para que nuestros hermanos sean protegidos ante estas amenazas que están recibiendo. Pero, lastimosamente, hasta la actualidad no estamos recibiendo esa respuesta del Estado", señaló en diálogo con Convoca.pe Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene [Care].

El dirigente, que ha denunciado públicamente que recibe amenazas de muerte, precisó que estas provienen específicamente del narcotrafico vinculado al sembrío de hoja de coca, así cómo de las mafias ligadas a la tala ilegal de madera, la minería ilegal y las empresas que están sembrado palma aceitera [monocultivos], por lo que es esencial que las autoridades tomen acciones para protegerlos.

"En este momento, existe una comisión intersectorial de mecanismo de protección de defensores ambientales. Sin embargo, no esté siendo efectiva en las comunidades. No están protegidos nuestros hermanos. Seguimos amenazados, hostigados y el Estado no está presente", recalcó el líder asháninka.

Ángel Pedro Valerio, líder asháninka, pide que el Estado cumpla con su rol protector. Foto: difusión. 

El último viernes 21 de octubre, la CARE, con apoyo de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), desarrolló un Mesa de Trabajo Multisectorial, con la participación de representantes de varios entidades de Estado, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Ambiente Defensoría del Pueblo, entre otros. 

El objetivo de la reunión fue plantear propuestas que contribuyan con el fortalecimiento e implementación de las normas  que protegen a los defensores y defensoras ambientales. Sin embargo, muchos de las iniciativas no atendían los temas de fondo, que propician la violencia contra los defensores.

Inoperatividad

Irupé Cañari Aragón, asesora legal de Care, puntualizó que los líderes ambientales están desprotegidos porque las instituciones involucradas en el mecanismo multisectorial de protección para defensores y defensoras de derechos humanos —que debe evitar esta violencia— no cuentan con un presupuesto exclusivo para implementar este programa. No obstante, la especialista señaló que hay un inconveniente mayor.

"El mecanismo multisectorial de protección para defensores y defensoras de derechos humanos ha establecido procedimientos y obligaciones para ciertos sectores, que deben elaborar sus lineamientos. Por ejemplo, el Ministerio del Interior debe elaborar lineamientos de protección al defensor netamente cuando ya se le registra como defensor. Lamentablemente, otros sectores no han promulgado sus protocolos y esto genera inoperatividad del mecanismo. No se palpa, no se aterriza aun en la protección real y y efectiva de los defensores", explicó la abogada de Care.

El último 21 de octubre, representantes de varios sectores de Gobierno se reunieron con líderes ambientales para coordinar alternativas de protección. Foto: difusión. 

Karen Martín, representante de la Defensoría del Pueblo en la mesa de trabajo, afirmó que su institución se comprometía a realizar el seguimiento de estas propuestas planteadas para proteger a los defensores. Sin embargo, señaló que su entidad reportó también estas situaciones antes las distintas entidades gubernamentales para promover una protección eficaz de estos ciudadanos.

Retrasos   

Mar Pérez, abogada especialista en derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), explicó a Convoca.pe que desde el 2019, se han debido ejecutar una serie de normas para reconocer la situación de riesgo de las personas defensoras. Los funcionarios y entidades de Gobierno, señaló, se comprometen a implementar algunas medidas, pero de momento ninguna tiene efectos prácticos. 

“Esto tiene que ver con la falta de asignación de presupuesto, recursos para que pueda cumplirse con las tareas de protección. Por ejemplo, en lo que se refiere al Ministerio de Justicia, el presupuesto para el 2022 en materia de personas defensoras es solo de 40 mil soles, de los cuales el total es para consultorías y viajes. No hay un solo sol para medidas de protección”, lamentó la especialista.

En este sentido, la abogada señaló que recién en setiembre, autoridades y defensores pudieron reunirse en una mesa de trabajo, a fin de analizar esta problemática y de generar alternativas de solución. Pero muy poco se hizo.

En dicho encuentro, el Ministerio de Justicia hizo saber que entrego a INABIF los formularios que contienen los datos de los hijos e hijas de los defensores fallecidos, a causa de la violencia. De los 22 casos entregados, solo 11 llegaron a buen puerto para que reciban protección.

Todo lo antes señalado deja entrever que la protección de los líderes ambientales, no es una prioridad para el Gobierno.