Las empresas implicadas en actos de corrupción siguen contratando con instituciones públicas porque entre los cuestionamientos y la aplicación de sanciones pueden pasar de cuatro a cinco años sin que nada las detenga. Así lo advirtió Ricardo Kanashiro Romero, abogado perito en contrataciones públicas de la Procuraduría Anticorrupción, durante la última emisión de nuestro ciclo de conversatorios “Convoca al diálogo”, difundido por Convoca.pe.

Para evaluar identificar las malas prácticas de los funcionarios y las empresas en cada entidad del Estado, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción se ha propuesto elaborar una base de datos de todas las denuncias relacionadas con contrataciones públicas en el país.

“Seguiremos con el enfoque caso a caso, pero abriremos una línea de investigación de tendencias porque una falla o anomalía en una entidad no es la única. Hay casos en los que el modus operandi se repite, pero solo se conocen los que van al Poder Judicial”, explicó Kanashiro.

En opinión de Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las empresas inmersas en sospechas de corrupción siguen trabajando sin ningún problema debido a la poca interconexión entre las entidades del Estado, lo que no permití fiscalizar a las infractoras a tiempo. Hay que recordar que hay repartidos en el territorio 1.800 municipios y 24 gobiernos regionales, además de las instituciones propias del gobierno nacional.

El economista advirtió que si no hay voluntad política al más alto nivel, que va más allá de las labores de la Fiscalía, la Procuraduría y otras organizaciones, no habrá avances en la lucha contra la corrupción. Y esa voluntad se debería traducir en una mayor asignación presupuestal para mejorar el sistema.

“La corrupción no es el problema, es el síntoma. Es una seria afectación sobre la integridad en la sociedad, que tiene efectos multidimensionales”, agregó durante su participación en “Convoca al diálogo”.

Ausejo respaldó la denominada “muerte civil” que algunos piden para las empresas implicadas en actos de corrupción. “Si luego de un proceso de investigación se encuentra evidencia de que la organización y los dueños tienen responsabilidad, lo que corresponde es que la sociedad, en la figura del Estado, les dé una sanción y ya no puedan contratar con el sector público”, manifestó.

Por su parte, Marco Montoya, abogado experto en contrataciones públicas, recordó que aproximadamente 3 mil 500 empresas están sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado y que el principal motivo es la presentación de documentos falsos en las licitaciones públicas.

El especialista destacó la importancia de acelerar los trámites y promover el intercambio de información entre el Tribunal de Contrataciones del Estado y las instancias que investigación los presuntos delitos. “El Tribunal de Contrataciones del Estado no llega a conocer todos los casos porque las entidades públicas [Fiscalía, Poder Judicial] no informan y viceversa”, resaltó Montoya durante su participación en “Convoca al diálogo”.

Sobre los funcionarios implicados en actos de corrupción, el experto destacó la alta rotación que hay entre las instituciones de la administración pública y también los traspasos de trabajadores entre el sector público y el privado.

Nuestros conversatorios “Convoca al diálogo” buscan brindar información confiable a la audiencia sobre temas de coyuntura, con el fin de promover la vigilancia pública y la transparencia en las instituciones del Estado. La transmisión en vivo se realiza una vez al mes a través de nuestras cuentas en Facebook, YouTube y Twitter.