China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Sucursal del Perú solicita "rectificar o eliminar inmediatamente" de todas las plataformas de Convoca.pe el reportaje sobre sus contratos millonarios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicado el 25 de agosto de 2025, porque considera que contiene "afirmaciones falsas, basadas en hipótesis, insinuaciones subjetivas y conclusiones carentes de sustento". Lo que afirma esta empresa en su carta notarial de ocho páginas firmada por su representante legal, Liu Xuebing, es probadamente falso.
Por lo tanto, no eliminaremos el reportaje por ser de alto interés público. Todo lo contrario: ratificamos la información publicada y respondemos con la responsabilidad que nos caracteriza ante las presiones del poder. El reportaje, de autoría de la periodista Francesca García, está basado en documentación oficial, datos corroborados y diversas fuentes consultadas. Son hechos verificados.
La compañía asegura que "respeta la libertad de prensa y el ejercicio de la labor periodística en todos sus ámbitos de difusión" y hasta invoca el Código de ética del Consejo de la Prensa y el de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con argumentos que hacen todo lo contrario: desinformar, manipular y mentir. La empresa atribuye al reportaje afirmaciones que no incluimos. No sólo eso, esta empresa que asegura respetar el ejercicio periodístico no accedió a darnos una entrevista cuando Convoca.pe solicitó su versión en diversas oportunidades y por diversas vías entre julio y agosto último, antes de publicar la investigación periodística.
¿Qué es lo que le incomoda tanto a China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Sucursal del Perú del reportaje publicado por Convoca.pe? Aquí copiamos el resumen del reportaje tal cual está en su versión original para que los lectores saquen sus propias conclusiones:
Pueden acceder al reportaje completo AQUÍ.
Todo lo relacionado a los cuatro contratos de la empresa con las entidades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está sustentado con información y documentos del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), las sanciones que se le impuso a la empresa por presentar documentos "falsos o adulterados" en contratos con el Estado está registrado en el Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE, lo que menciona la comisión investigadora del Congreso sobre la compañía china y el 'Club del Dragón' también es documentación oficial, así como la investigación que enfrenta la empresa por el presunto delito de lavado de activos ante el Ministerio Público.
Sobre esto último, China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Sucursal del Perú señala "actualmente tenemos en curso investigaciones por lavado de activos, sin embargo, tenemos la confianza de que ello no prosperará pues nos asiste la transparencia y el manejo ético en el desarrollo de todas nuestras actividades". Mientras que en la segunda página de la carta la compañía aclara que no tiene "sentencia firme" por algún delito en el Perú como si el reportaje lo señalara, y menciona que "no tiene sanción vigente de inhabilitación para contratar con el Estado", una vez más, como si eso se informara en el artículo periodístico. ¿Es posible rectificar o eliminar algo que no se menciona en el reportaje? Claramente no es posible.
Una mención aparte merece el caso de la empresa socia con la que CCECC ganó en consorcio estos cuatro contratos millonarios con las entidades del Ministerio de Transportes: Ricardo Prado Building Studio S.R.L. Esta empresa no tiene experiencia en el sector construcción, el único contrato previo a los negocios con la compañía china y que aparece en OECE es un “servicio de recorrido virtual y renders maqueta con cargo al proyecto Modelo Red Parque C” por el que cobró S/2,870 soles a la Universidad Nacional del Centro.
El gerente general de esta empresa peruana es Serggio Ricardo Prado Vargas, un arquitecto de solo 30 años sin experiencia en el rubro, que tiene como socio de la empresa a su padre, el contador ayacuchano Richard Prado Ramos, quien tiene una vida política activa en diversos partidos y en 2013 fue gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho de Wilfredo Oscorima, conocido como "Wayki" (amigo o hermano en quechua) por la presidenta Dina Boluarte en el contexto del caso Rolex, por el que ambos funcionarios son investigados en el Ministerio Público.
El reportaje no afirma que las conexiones políticas de Richard Prado Ramos hayan generado que ganen la buena pro de las licitaciones como señala la carta notarial de CCECC. Lo que muestra son antecedentes relevantes de la empresa peruana y sus dueños, a partir de información corroborada, que aparece en el artículo periodístico con el subtitulo "El hijo novato y el padre con nexos políticos".
Sin embargo, CCECC señala que se tratan de "calificativos" "discriminatorios" y "denigrantes". Astutamente, la empresa desvía la atención sobre aspectos que nada tienen que ver con el reportaje y manipula la información restándole relevancia pública: que la empresa china que cuenta con amplia experiencia en el sector y ha ganado contratos millonarios con el Estado repite, una vez más, el patrón de asociarse a una compañía gerenciada por un joven sin experiencia en el rubro.
En 2022, se conoció que Roberto Aguilar Quispe, un joven de 27 años, gerente general de la constructora INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., ganó junto CCECC Sucursal del Perú y otras empresas, contratos millonarios nuevamente con Provías Nacional. Estos hechos fueron investigados en el Congreso. Pero no sólo eso, la entonces Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante el Congreso una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y 24 legisladores acusados de direccionar licitaciones a favor de empresas chinas, entre ellas, China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú.
También son hechos corroborados que la empresa obtuvo medidas cautelares en el Poder Judicial para dejar sin efecto las sanciones que le impuso el Tribunal del sistema de contrataciones y así poder seguir licitando con el Estado. Los ciudadanos merecen conocer los antecedentes y prácticas de las empresas que acceden a fondos públicos a través de las licitaciones.
Somos periodistas, no somos relacionistas públicos del poder. Nuestro trabajo consiste en corroborar hechos y publicar reportajes de interés público con responsabilidad y sentido ético, no nos ocupamos de proteger intereses empresariales. La ética en el periodismo consiste en corroborar información relevante antes de publicarla de manera independiente y libre, como sucedió con esta investigación periodística. Por lo tanto, es nuestro deber mantener la publicación del reportaje.
Aquí reproducimos las ocho páginas de la carta notarial de China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú.