¿Qué dicen los planes de gobierno? 

Una revisión de los 36 planes de gobierno de los partidos en contienda electoral evidencia que más del 90% no aborda el problema de la trata de personas con propuestas concretas.

Para el análisis se establecieron cinco categorías:

1.“No menciona”:  Son los casos de los partidos que omitieron por completo propuestas sobre la trata de personas. Identificamos 13 agrupaciones: Renovación Popular, Ahora Nación, País Para Todos, Fe en el Perú, Unido Perú, Partido Político Federal, Partido Patriótico del Perú, Cooperación Popular, Podemos, Progresemos, Un Camino Diferente, Perú Moderno y el Partido de los Emprendedores.

2. “Menciona pero no tiene propuestas”: partidos que reconocen la trata como un problema, pero no plantean medidas para enfrentarla. En este grupo se ubican Fuerza Popular, Libertad Popular, Partido Obras, Perú Acción y Unidad Nacional.

3.“Tiene propuestas vagas”: partidos que mencionan acciones, pero sin detallar cómo se ejecutarán ni con qué recursos.  Son los casos de Avanza País, Somos Perú y Perú Primero.

4. “Tiene propuestas contra la criminalidad”: agrupaciones que abordan el tema de forma indirecta, mediante políticas generales de seguridad, justicia y lucha contra el crimen organizado. En este grupo se ubican APP, Fuerza y Libertad, Juntos por el Perú, APRA, Buen Gobierno, Demócrata Verde, Frente de la Esperanza, Perú Libre, PRIN, Primero la Gente y Salvemos al Perú.

5.“Tiene propuestas concretas”: partidos que presentan un enfoque integral, con medidas claras de prevención, sanción y atención a víctimas, que incluyen la reinserción social y asignación de presupuesto. En esta categoría figuran las agrupaciones políticas Venceremos, Partido Morado, Integridad Democrática y Sí Creo.

¿Por qué los candidatos no tienen propuestas sobre la trata de personas?

“¿Qué es lo que está pasando? Se está invisibilizando este tema dentro de las agendas políticas, estamos viendo que no están articulando con la realidad que hay en estos territorios”, reflexiona Milagros Mendoza, representante de Centro Ideas en Piura.

En el Perú, más de 8,000 candidatos participan en las nuevas elecciones, en un escenario marcado por el constante cambio de jefes de Estado y una alta fragmentación política. Este proceso reúne a 37 organizaciones políticas y 36 fórmulas presidenciales. Esta amplia oferta electoral se repite en dos regiones que concentran los casos de trata: Piura cuenta con 313 candidatos (58 al Senado y 255 a la Cámara de Diputados), mientras que Madre de Dios registra 139 postulantes (41 al Senado y 98 a la Cámara de Diputados).

En este escenario, resulta complejo para la ciudadanía identificar qué candidatos priorizarán realmente la protección de las víctimas de trata de personas y propondrán medidas concretas para prevenir nuevos casos. 

Milagros Mendoza, de Centro Ideas en Piura, advierte una desconexión entre la política y la realidad; la trata de personas sigue ausente en muchos planes de gobierno y permanece invisibilizada en la agenda pública. Foto: Wilson Siancas

El tema es complejo y exige una mirada descentralizada del territorio. Piura es la segunda región del país con mayor incidencia de trata de personas, solo por detrás de Lima: 237 casos y 237 víctimas, en 2025, según el Ministerio Público.

El caso de Piura es más urgente, es la segunda región con más casos de trata, pero no cuenta con un Centro de Acogida Residencial (CAR) para las víctimas de trata de personas. En enero de este año, la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes – PNP, con el apoyo de la ONG “OUR Rescue”, implementaron una casa de acogida para víctimas del delito de Trata de Personas.

En estas elecciones, Piura elegirá un total de 8 representantes en las elecciones generales de 2026, en el contexto del retorno al sistema bicameral. Esta región contará con 1 senador y 7 diputados, asignación determinada en función de su padrón electoral, que alcanza aproximadamente 1 millón 495 mil 72 electores. A nivel nacional, el Senado estará conformado por 60 miembros, mientras que la Cámara de Diputados tendrá 130 escaños.

Ante este escenario, entrevistamos a 13 postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados por Piura sobre sus propuestas para prevenir y enfrentar la trata de personas. Debido a su mayor probabilidad de ser elegidos, se priorizó a los candidatos ubicados en los primeros números de sus listas y mejor posicionados en encuestas locales. Aunque en la mayoría de casos, sus partidos no tienen propuestas concretas en sus planes de gobierno para enfrentar este delito, algunos respondieron lo que implementarían en la región. Veamos.

Los candidatos de Integridad Democrática, como Aldo Apolaya Huasasquiche, que encabeza la lista para diputados por Piura, y Waldir Emiliano Sánchez Rangel, quien lidera los postulantes al Senado por la misma región, no consideran la trata de personas como un problema central y plantean medidas limitadas, como capacitaciones o el fortalecimiento institucional.

Consultados sobre sus propuestas, candidatos al Senado y a Diputados por Piura dieron respuestas diversas, pero ninguno priorizó la trata de personas como un problema urgente en la región. Foto: Wilson Siancas

Lucio Arana, candidato a diputado por Ahora Nación (N.° 1), cuestionado por haber sido proveedor del Estado mientras postulaba a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), plantea impulsar el crecimiento económico como estrategia para enfrentar las economías ilícitas. 

Por su parte, Reynaldo Hilbck, exgobernador regional de Piura y actual candidato al Senado por Renovación Popular que encabeza la lista en esta región, plantea velar por el cumplimiento de las normas vigentes. En tanto, la abogada Karin Benites, candidata a diputada por País para Todos, la segunda de la lista, propone el seguimiento a las denuncias de las víctimas y la creación de espacios seguros para mujeres. Estas propuestas, aunque relacionadas, no abordan de manera directa ni específica el problema de la trata de personas.

Reynaldo Hilbck, exgobernador regional de Piura y candidato al Senado por Renovación Popular (N.° 1), propone priorizar el cumplimiento de las normas vigentes, pese a que su partido no aborda la trata de personas en su plan de gobierno. Foto: Wilson Siancas

Desde el Partido Morado, Mariela Leonor Mendoza, candidata que lidera la lista a la Cámara de Diputados de su agrupación, plantea el refuerzo policial y una reforma educativa orientada a la prevención en menores. En la misma línea, Luis Montenegro, exjefe de seguridad en el distrito de Veintiséis de Octubre y actual candidato al Senado por el Partido Morado, propone fortalecer la capacitación a padres y ciudadanos para prevenir la vulneración de menores, así como reformar la Policía Nacional para garantizar una atención inmediata a víctimas de violencia y trata de personas, evitando retrasos en la recepción de denuncias.

Por su parte, Mario Rentería, candidato al Senado por Perú Libre propone sancionar este delito con la máxima pena y priorizar el rescate de las víctimas. En tanto, Victor Velarde, excongresista y candidato al Senado del APRA por Piura, considera necesario endurecer las penas, aunque el tema no esté incluido en su plan. 

Uvaldo Pizarro Paico, condenado en 2019 por el delito de colusión simple en agravio de la administración pública y candidato a diputado por Somos Perú, plantea endurecer las leyes contra la trata de personas mediante la imposición de cárcel efectiva no solo para quienes cometen este delito, sino también para quienes facilitan su operación, como propietarios de inmuebles.

Edward Zárate Antón, candidato al Senado por Alianza para el Progreso, propone fortalecer la difusión y aplicación efectiva de la normativa vigente sobre trata de personas mediante campañas informativas en instituciones y espacios públicos. De ser necesario, propone impulsar iniciativas legislativas para endurecer las sanciones contra las organizaciones criminales involucradas en este delito.

Cinthia Ruby More Esquivias, candidata a diputada por Perú Libre, plantea enfrentar la trata de personas mediante la implementación de un plan integral contra la criminalidad que articule a la Policía Nacional y otros operadores para identificar a los responsables y rescatar a las víctimas; mientras que Gladys Doris Siancas Adanaque, candidata a diputada por el APRA, propone fortalecer la prevención a través de la educación y los medios de comunicación, además de sanciones severas.

De los 13 candidatos de Piura entrevistados, el 23 % (3) no considera la trata de personas como un problema central y plantea medidas limitadas o indirectas; alrededor de un 46 % (6) la aborda de manera tangencial, vinculándola a seguridad, educación o cumplimiento normativo, sin propuestas específicas; mientras que cerca de un 31 % (4) plantea acciones más directas, principalmente centradas en el endurecimiento de sanciones, prevención o articulación institucional.

En Piura los representantes del partido Fuerza Popular evitaron responder nuestras consultas. 

Aún predominan los silencios, los enfoques parciales y fragmentados, con escasa presencia de estrategias integrales que aborden de manera simultánea la prevención, persecución del delito y atención a las víctimas.

Madre de Dios: La trata y la minería ilegal

Madre de Dios —históricamente considerada una de las zonas más golpeadas por este delito— registra en 2025 una reducción relativa, con 91 casos y 101 víctimas, cifras menores frente a años previos como 2022 (195 casos) y 2024 (191 casos). Sin embargo, el nivel sigue siendo alto si se considera su menor población, lo que evidencia un problema aún latente, principalmente vinculada a economías ilegales.

En Madre de Dios, aunque varios candidatos reconocen la trata de personas como un problema, pocos plantean propuestas concretas y la abordan de forma indirecta, con enfoques generales como seguridad o lucha contra la corrupción, sin estrategias específicas ni planes detallados para enfrentarla.

“Esto evidencia la poca preocupación que existe actualmente por los derechos humanos, por proteger la vida de jóvenes, niñas y adolescentes. Resulta alarmante que, entre todos los planes de gobierno, sean muy pocos los que siquiera mencionan este problema, y más aún que solo un reducido grupo esté pensando realmente en cómo enfrentarlo”, señaló Vanesa Soto, asesora local de fortalecimiento de capacidades y responsable de Promsex en Madre de Dios,

Soto plantea cuatro ejes clave para enfrentar la trata de personas en esta región: reconocer y fortalecer las políticas vigentes, mantener el trabajo preventivo, garantizar una reintegración real de las víctimas sin revictimización y asegurar un presupuesto fijo. 

Los operativos continúan en Madre de Dios, con 101 víctimas de trata rescatadas en 2025 y 13 mujeres liberadas en enero de 2026, según la FISTRAP. Foto: Fiscalía Madre de Dios

Para el periodo electoral 2026–2031, Madre de Dios contará con la representación de 1 senador y 2 diputados, es decir 3 escaños, con un padrón de 141 mil 916 electores.

Para este reportaje, se entrevistó a 7 candidatos en esta región amazónica y esto fue lo que respondieron.

El candidato a diputado por Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana Cavides, expresidente del Congreso, planteó combatir la trata de personas mediante el impulso del desarrollo económico y sanciones más severas. Salhuana enfrenta tres investigaciones fiscales en Madre de Dios por presuntos delitos de corrupción y favorecimiento a la minería informal.

Eduardo Salhuana Cavides, candidato al Congreso por Alianza para el Progreso (N.° 1) y expresidente del Parlamento, registra tres investigaciones en la Fiscalía de Madre de Dios por presuntos delitos de corrupción y favorecimiento a la minería informal. Foto: Congreso de la República

En Avanza País - Partido de Integración Social, hay posturas diferenciadas: mientras Carlos Pérez Alencart no presenta propuestas directas sobre trata, Jessica Escalante Chirinos sí la vincula con la informalidad y propone aumentar presupuesto para seguridad y fortalecer programas sociales de atención a víctimas.

El candidato al Senado de Perú Primero, el ingeniero agrónomo César Chía Dávila aborda la trata como parte de la inseguridad general del país, plantea un enfoque integral y articulado entre Estado y sociedad, aunque sin medidas específicas. En Renovación Popular los candidatos a la Cámara de Diputados, Wilfredo Villena Losa, y Kelly Lianaje Palomino coinciden en relacionar la trata con la minería ilegal: el primero propone su formalización y mayor control, mientras que la segunda añade la lucha contra la corrupción e incluso plantea apoyo internacional, además de ordenar la actividad minera.

En Ahora Nación, el abogado Raúl Villavicencio, candidato a diputado, considera que la trata de personas es consecuencia de una corrupción estructural en el Estado y plantea una reforma profunda de las instituciones y la evaluación de la Policía Nacional, a la que señala por su ineficiencia y presunta colusión con mafias.

Seis de los siete candidatos reconocen la trata de personas como un problema en Madre de Dios, mientras que solo uno no la menciona de forma directa y se limita a referencias indirectas.

Se buscó entrevistas con los representantes de agrupaciones políticas como Fuerza Popular, País para Todos, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, pero no obtuvimos respuesta.

¿Qué es posible hacer ahora?

Erika Solís, investigadora del DEPECCO (Grupo de Investigación en Derecho Penal, Corrupción y otras Formas de Criminalidad) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica que cuando se habla de trata, las principales afectadas por el delito son mujeres en condición de vulnerabilidad, quienes en su situación de pobreza caen en engaños de ofertas de trabajo fraudulentas y terminan trabajando en bares de zonas alejadas de su lugar de origen.

Indicó que la actual atención a este problema es aún bastante deficiente, principalmente por limitaciones presupuestales. La prevención ha quedado relegada y no se observan estrategias claras ni sostenidas en el tiempo.

Solís alertó que no se están abordando de manera adecuada la prevención, la reparación y la reintegración de las víctimas, siendo este último uno de los mayores desafíos, ya que son muy pocas las que logran reinsertarse plenamente en la sociedad. En ese sentido, subrayó la necesidad de articular acciones integrales que incluyan prevención, reintegración, sanción y cooperación. 

Desde su aprobación, en julio de 2021 mediante el Decreto Supremo N.º 009-2021-IN, la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, establece que al menos el 14,3 % de los distritos a nivel nacional deberán contar con sistemas de vigilancia social, policial y de fiscalización, orientados a disminuir los factores de riesgo.

La política también pone énfasis en lo que ocurre después del rescate. En materia de atención y reintegración, busca que las víctimas no solo sean liberadas, sino que logren reconstruir sus proyectos de vida. Para ello, fija como meta la reintegración de al menos el 70 % de niños, niñas y adolescentes afectados, así como que el 90 % de las mujeres y población diversa rescatada culmine de manera exitosa su proceso de reintegración.

Sin embargo, sobre este último punto persiste un vacío de información. No existen cifras oficiales que permitan verificar el cumplimiento de estas metas, en particular en el caso de las víctimas menores de edad, que en su mayoría son mujeres.

“Les falta, a las autoridades les falta”, apunta Mercedes Vallejos vicepresidenta de la Red de mujeres de Paita, un grupo feminista que desde hace algunos años se ha convertido en un soporte para las víctimas de violencia y grandes aliadas para la prevención contra la trata.

“Las autoridades deben de conocer la ley y deben enfocarse en tres ejes muy importantes: prevenir el delito, proteger y asistir a las víctimas”, indicó.

Desde Paita, Mercedes se prepara para continuar con las intervenciones de prevención, esta vez la labor será en los colegios, en donde las redes de trata han puesto la mira para captar a escolares. Tiene la esperanza de que este arduo trabajo dé frutos, por mientras espera que aquellos que pretenden tomar el rumbo del país no ignoren este problema que afecta a su comunidad. 

El 12 de abril, el votante, convencido o no, estará frente a una sábana –como coloquialmente llaman los medios a la cédula electoral– con rostros y símbolos que, en la mayoría de casos, se han olvidado de todas esas voces que la trata de personas silenció.

Este reportaje ha sido desarrollado en el marco del proyecto ‘No Más Mujeres Invisibles’, ejecutado en el Perú por Promsex y Centro Ideas, con el financiamiento del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres.

Metodología para el análisis de los planes de gobierno:

Para este reportaje analizamos 36 planes de gobierno de fórmulas presidenciales. Con apoyo de la herramienta de Pinpoint se sistematizó la información y, además, cada documento fue revisado manualmente para garantizar precisión en los hallazgos.

Asimismo, se elaboró una base de datos en Excel para organizar y sistematizar la información analizada. A partir de este análisis se establecieron cinco categorías: “no menciona”, cuando la trata no aparece en el plan; “menciona, pero no tiene propuestas”, cuando se reconoce el problema sin plantear soluciones; y “tiene propuestas vagas”, cuando se plantean acciones sin detallar su implementación. También se incluyó “tiene propuestas contra la criminalidad”, que agrupa planteamientos generales de seguridad y justicia sin enfoque específico en la trata.

Finalmente, la categoría “tiene propuestas concretas” reúne a los planes que abordan la trata de manera integral, incluyendo prevención, atención a víctimas, reinserción social y asignación de presupuesto.

Para contrastar estos hallazgos, se entrevistó a 20 candidatos a diputado y senador de Piura (13) y Madre de Dios (7), pertenecientes a partidos ubicados en estas categorías.