Es domingo y son las 10 de la mañana en el centro poblado Malingas, del distrito de Tambogrande, en la región Piura. El sol brilla con toda su fuerza, los mototaxistas se resguardan bajo la sombra de su paradero, los quioscos, farmacias y tiendas de fertilizantes esperan a los clientes. Un grupo de mujeres pega carteles en algunos locales y un grupo de niños uniformados prepara una exposición para la asignatura de un curso frente a su colegio.

En medio del movimiento, una motocicleta con dos personas se detiene, saca un parlante y reproduce un aviso a todo volumen. Es una emisora móvil: “Se solicita dos señoritas con experiencia para atención al público, turno mañana y tarde, cualquier información a este número…”. El mensaje se repite dos veces, la motocicleta se va y el movimiento continúa. Los mototaxistas se van veloces, los locales siguen abiertos, las señoras terminan de pegar los carteles y los niños continúan ensayando.

El anuncio a todo volumen era una forma de captación para la trata de personas, un delito cuyas víctimas suelen sufrir en silencio. Solo en 2024, el Ministerio Público registró 2,058 casos a nivel nacional. Esta información corresponde a 14 fiscalías especializadas del país: 4 en Lima y 10 distribuidas en distintas regiones. Piura es la región que concentra el mayor número de casos de trata después de Lima, la capital.

Tambogrande: bares, cantinas y minería informal

Tambogrande es uno de los diez distritos de la provincia de Piura, conocido como la tierra del mango y el limón. Con una población de más de 119 mil habitantes, su principal actividad económica es el agro, aunque en los últimos años la minería informal ha empezado a abrirse paso, generando tensiones y riesgos para la agricultura y la seguridad de sus habitantes

Esa mañana llegamos a Malingas, centro poblado de Tambogrande, para acompañar a la Red de Mujeres de este distirito en una de sus intervenciones preventivas contra la trata de personas. La misión era sencilla pero crucial: sensibilizar a la mayor cantidad posible de vecinos con una breve charla y, después, colocar carteles con los números de la línea 1818, en la que se puede denunciar casos de trata de personas, y de la comisaría de Tambogrande.

Miriam Álvarez, vicepresidenta de la Red, comenta que realizan estas campañas de concientización una vez al mes en las zonas más alejadas del distrito. Su labor es urgente, pues la red que integra es uno de los canales de apoyo que tienen las mujeres de Tambogrande que no se atreven a denunciar los casos de trata.

“Las jóvenes desaparecen y cuando las encuentran, vienen transformadas psicológicamente por el trato que han llevado, porque aquí las llevaron con engaños a hacer labores de trabajos sexuales, son explotadas, maltratadas y cuando regresan a sus hogares ya no son las mismas”, relata Mriam.

La situación socioeconómica en Tambogrande se agrava por su cercanía a la frontera con Ecuador, un factor que aumenta la vulnerabilidad de su gente. En medio de esa realidad, bares y locales clandestinos funcionan como focos de explotación sexual de menores y mujeres jóvenes.

“Tambogrande merece una atención especial porque aquí existe un factor determinante que es la minería informal, que viene generando condiciones para que se den nichos en donde se incremente el número de víctimas de trata con la proliferación de bares y cantinas”, explica Claribel Mauricio, especialista del Centro Ideas.

No es raro encontrar falsas ofertas de empleo en las calles, en redes sociales o incluso en los parlantes móviles que recorren los caseríos más apartados, como aquel que escuchamos esta mañana. Con engaños, muchas víctimas de trata terminan allí, atrapadas en un ciclo que se ha repetido tantas veces que, tristemente, parece haberse normalizado.

En Tambogrande, bares y cantinas se han vuelto focos de explotación, donde anuncios y falsas ofertas atraen a menores y mujeres jóvenes en situación vulnerable. (Foto: Wilson Siancas)

La minería informal ha generado la aparición de bares y cantinas en este centro poblado. “Cuando pensamos en una víctima de trata, nos la imaginamos físicamente encadenada, encarcelada, sin contacto físico con ninguna otra persona. Y este tipo de trata sí existe, pero no es tan frecuente”, explica Omayra Feijó, coordinadora del proyecto “Tu vida no tiene precio, denuncia la trata”.

“Lo que sí es frecuente es la víctima real, la que vemos constantemente día a día. La niña que en la mañana va a estudiar y en la noche se va a un bar a vender cervezas o a tomar con personas adultas, regresa a dormir a su casa y vuelve a su colegio al día siguiente, es una víctima real. No la vemos porque lo hemos normalizado”.

Piura, la segunda región con más casos de trata

Con la creación de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas (FISTRAP) en Piura, se empezaron a registrar más casos en los últimos cinco años. Desde su instalación en diciembre de 2020 y el inicio de funciones en enero de 2021, se registraron 75 casos de trata en su primer año; en 2022 la cifra subió a 86, en 2023 alcanzó los 143 casos.

Al cierre de 2024, la fiscalía especializada de Piura reportó 218 investigaciones de trata de personas, equivalente al 15,7% de los casosl registrados por las 10 fiscalías especializadas en diversas regiones, sin contar Lima. La cifra superó a Puno con el 13,9% (193), Madre de Dios con el 13,8% (191), Arequipa 13,4% (186) y Tumbes con 12,4% (172).

La FISTRAP de Piura encabeza el registro nacional con 218 casos de trata en 2024, reflejando un preocupante incremento sostenido desde su creación en 2021. (Elaboración propia).

Aunque la creación de las fiscalías especializadas es un gran avance para la lucha contra la trata, la falta de recursos limita el trabajo de los fiscales. En agosto de este año, la FISTRAP Piura asumió la carga fiscal de Sullana. Con ello aumentó el número de expedientes, pero no el de magistrados para atenderlos. Sólo se cuenta con dos fiscales para investigar estos casos.

“La Fiscalía de Trata fue creada con una plaza de fiscal provincial y dos plazas de fiscales adjuntos. A la fecha solo tenemos dos fiscales adjuntos, debido a que en noviembre del año pasado el fiscal provincial fue ascendido a un cargo titular”, indicó Katterin Ríos, fiscal adjunta FISTRAP Piura.

Entre víctimas olvidadas y luces de justicia

Melissa, nombre que utilizaremos para proteger la identidad de la víctima, tenía 14 años cuando su captor la convenció de trabajar en su bar en Paita, en la región Piura. La promesa era dinero para poder solventar sus gastos y ayudar en casa, sobre todo porque era madre. El sujeto la llevó al lugar y le dio un cuarto para que conviva con las demás trabajadoras. Melissa trabajó 3 veces a la semana con turnos de 10 horas durante 4 semanas.

En un operativo de control realizado por efectivos de la comisaría del distrito de La Huaca, de la provincia de Paita, y personal de fiscalización municipal, Melissa fue rescatada junto a otras mujeres en el mismo momento en que atendían a los clientes.

El caso llegó a manos de la fiscalía especializada de Piura y un año después del rescate de Melissa, los magistrados lograron una condena de 12 años de prisión efectiva contra el tratante. La fiscal Katterin Ríos recuerda el caso de la menor, como el primero en tener una sentencia por el delito de trata, pero aquí no termina todo.

La Comisaría de Malingas, ubicada en una zona con presencia de trata de personas, cuenta con escaso personal policial y, durante los operativos, suele quedarse con un solo efectivo para atender a la ciudadanía. (Foto: Wilson Siancas)

Según el protocolo de reinserción de las víctimas de trata de personas, la menor debió recibir atención y protección inmediata, ser trasladada a un alojamiento temporal o de regreso a su domicilio. Al ser menor de edad se debió dar todas las garantías para que se respeten sus derechos y luego se siga el proceso de reinserción.

“Si se trata de una víctima menor de edad, usualmente es porque han desertado del colegio. Entonces, ¿cómo reintegramos a esa víctima para que vuelva a insertarse a nivel educativo?”, indica la fiscal Ríos.

Tras el rescate, Melissa pasó por el programa de protección de las víctimas y reinserción, pero ella no quiso volver al colegio, al tener carga familiar optó por aprender un oficio y con el apoyo de una organización no gubernamental pudo encaminar poco a poco su vida.

Melissa obtuvo justicia y atravesó por todo el proceso para defender su dignidad, pero no todas las sobrevivientes tienen esa suerte.

“En la región Piura muchas víctimas quedan entre el tránsito institucional, no se completa todo el sistema de protección. Se les brinda el primer abordaje de salud, pero no existe posterior a esto, un acompañamiento sistemático tanto en el nivel psicosocial como en el socioeconómico para hablar de reintegración. Entonces, esta situación más bien expone a las víctimas a que regresen a entornos de riesgo”, indicó Claribel Mauricio, especialista del Centro Ideas.

Las víctimas de trata son trasladadas a bares para atender clientes y ofrecer servicios sexuales. En Tambogrande, la presencia de bares y cantinas es constante. (Foto: Wilson Siancas)

Mediante la ley de transparencia y acceso a la información pública, se solicitó conocer el estado de los casos de trata que fueron registrados en el distrito fiscal de Piura desde 2020 hasta el 30 de agosto de 2025.

En 2020, cuando aún no existía la FISTRAP, se registró un reporte de 21 casos, de los cuales 13 pasaron a investigación preliminar, tres fueron archivados y se lograron dos sentencias. Mientras que desde 2021 hasta agosto de 2025, la FISTRAP Piura registra un total de 121 casos en investigación preliminar, 58 archivados y apenas 14 sentencias por el delito de trata.

El distrito fiscal de Piura tiene el registro sobre el estado de las denuncias del delito de la trata de los últimos cinco años.

La fiscal Ríos insiste en que la falta de recursos limita el trabajo de su oficina. “Se hacen los esfuerzos; sin embargo, sí sería necesario contar con el equipo completo. Como ahora también vemos los casos de Sullana, que es otro distrito fiscal muy diferente al de Piura, hace falta capacitar al personal fiscal y administrativo”, acotó.

Corina, nombre que utilizaremos para proteger la identidad de esta víctima, tenía 14 años cuando llamó desesperada a su mejor amiga para pedir ayuda, estaba sola en un terminal en Paita y tenía mucho miedo.

Un par de meses antes, Corina había conocido a unas jóvenes venezolanas. Con engaños, la convencieron de irse con ellas a trabajar a otro lugar y Corina partió con estas jóvenes.

Los padres de Corina, al percatarse de su desaparición movieron cielo y tierra para buscarla, pusieron la denuncia en la comisaría, y así se activó la alerta Amber, un sistema de notificación inmediata para la búsqueda de menores de edad en estado de desaparición. Los padres recorren caserío tras caserío con la esperanza de que alguien supiera del paradero de Corina.

Una semana después, Corina se reencontró con sus padres, pero ya no era la misma chica. Sobre su tiempo en Paita hay sólo silencio, la denuncia por desaparición fue retirada, nada se sabe de las mujeres que se la llevaron y el caso quedó en el aire.

“Yo creo que ahí debieron hacer el seguimiento, el soporte emocional y llegar hasta las últimas, pero nada de eso se hizo”, comenta Miriam Álvarez, quien siguió el caso de cerca como vicepresidenta de la Red de Mujeres.

Pese a haber sido víctima de trata, Corina no recibió la atención que requería por parte de las autoridades. Su historia no es aislada, en Tambogrande, varias jóvenes eligen callar, cargando en silencio con experiencias similares.

Miriam Álvarez, vicepresidenta de la Red, ha acompañado a mujeres víctimas de violencia y trata en el proceso de denuncia. Advierte que la demora en los trámites desalienta a muchas a seguir adelante. (Foto: Wilson Siancas)

Proceso debilitado por el poco presupuesto

En junio de este año, el Ministerio Público presentó el "Estudio sobre la trata de personas como delito fuente del lavado de activos en el Perú", que fue elaborado entre febrero y mayo de 2025. En este documento se identifica 275 sentencias condenatorias en casos de trata de personas, muchas de ellas vinculadas a redes criminales organizadas y delitos conexos, como el lavado de activos.

Las autoridades saben que alrededor del 30% de los beneficios totales generados por la trata, se reinvierten para garantizar el funcionamiento de estas redes criminales y corromper a funcionarios.

Si la trata es un delito que mueve la suma de US $1300 millones al año, según un informe de La Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo de 2022, ¿por qué el accionar de las autoridades es lento?

“Estamos en un momento de crisis donde las propias instituciones de justicia, están atendiendo temas como la corrupción, tienen otra agenda. Entonces, no se están generando esos acuerdos, no se están destinando presupuestos”, indicó Flor Huayana, especialista de Promsex.

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no existe una partida presupuestal estatal específica para enfrentar el delito de la trata de personas. Los fondos públicos destinados para prevenir, atender y sancionar este delito se incluyen dentro de partidas más generales, lo cual es reducido.

En el Ministerio del Interior funciona la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Su financiamiento forma parte de un presupuesto más amplio del sector.

Por su parte, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables destaca el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, considerado un eje clave en la asistencia y reintegración de las víctimas de trata. Este programa previene y protege a personas afectadas por violencia contra las mujeres. Los Centros de Emergencia Mujer forman parte de esta iniciativa, lo que refuerza su papel en la atención y proceso de reintegración de víctimas de explotación.

Según el Ministerio de Economía, el presupuesto destinado a este programa, para enfrentar la violencia basada en género, mostró una tendencia decreciente en los últimos años. En 2021 alcanzó su punto más alto con 292 millones 557 mil 674 soles, pero luego fue reduciéndose hasta llegar a 222 millones 440 mil 358 en 2024, la cifra más baja del periodo. Esto representa una reducción del 24% en apenas cuatro años, lo que implica menos recursos para prevención, atención y reintegración de las víctimas. Para 2025 se registra una ligera recuperación con un poco más de 232 millones de soles, aunque aún distante de los niveles de 2021.

El presupuesto nacional para la lucha contra la violencia de género disminuyó en un 24% al pasar de S/ 292,5 millones en 2021 a S/ 222,4 millones en 2024 Foto: (Elaboración propia)

El coronel PNP Luis Castillo Cortez, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Piura, indicó que solo 25 agentes están a cargo de la investigación de los casos de trata en todo el territorio de Piura, donde viven más de dos millones de personas. Explicó que la oficina de trata realiza las primeras diligencias urgentes para verificar el hecho y luego el caso pasa al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

“Si por mí fuera, pondría 50 policías, pero no hay forma. Existen también otros delitos que debemos atender; por ahora he dispuesto que vengan 20 agentes más y creo que podemos llegar fácilmente a 30", sostuvo.

Con recursos limitados, la DIVINCRI enfrenta la trata de personas en una región de más de dos millones de habitantes. Foto: Wilson Siancas

Reinsertar a las víctimas: un desafío pendiente

Piura no cuenta con un Centro de Acogida Residencial (CAR) para atender a las víctimas de este delito. Este espacio es clave para brindar protección durante las primeras horas de rescate, mientras la Fiscalía inicia las investigaciones, tal como lo establece la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030.

En sólo cuatro años, el registro de casos de trata casi se ha triplicado. Solo en 2024 la FISTRAP Piura reportó 255 víctimas por delitos de trata. El 2023 cerró con 117, el 2022 con 96 y en 2021 registró 135. Aunque la tendencia al alza es clara, las posibilidades de atención inmediata para las víctimas se reducen por la falta de espacios seguros y fondos públicos.

Entre 2021 y 2024, las víctimas de trata registradas por la FISTRAP Piura casi se triplicaron. Foto: (Elaboración propia)

“Una víctima de trata necesita un espacio donde tenga profesionales capacitados que puedan atender sus necesidades y sus demandas, al no tener un CAR (un centro de acogida) especializado, se las expone a ser revictimizadas”, indica Flor Huayana, especialista de Promsex.

Al no tener un centro de acogida, las sobrevivientes de trata son expuestas a situaciones como las que pasó Daniela, un nombre ficticio para proteger su identidad, una adolescente venezolana que fue rescatada en un operativo de las autoridades.

Como lo dicta el protocolo, ella necesitaba ser ubicada en un lugar de acogida, por lo que fue trasladada a un albergue de la Unidad de Protección Especial que dirige el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero a los pocos días apareció un hombre que se presentó como su «tío» y se la llevó alegando que era su tutor.

El captor de Daniela recibió una sentencia, pero nunca más se supo del paradero de la adolescente.

“Las sobrevivientes son derivadas a espacios que son contemplados para otros tipos de violencia, pero no para el tema de trata, por lo que no se prestan las garantías necesarias que sí tendría un CAR (centro de acogida)”, apunta Claribel Mauricio.

“Una víctima de trata de personas es muy diferente a la víctima de violencia de género, porque la víctima de trata de personas no se percibe, por lo general, a sí misma como una víctima”, insiste Omayra Feijó.

Ambas especialistas ven con urgencia la implementación de este centro de acogida para garantizar la protección de las víctimas luego de su rescate. Asegurar este paso es importante para el siguiente: la reinserción.

Omayra Feijó afirma que las víctimas de trata casi nunca se reconocen como víctimas. (Foto: Wilson Siancas)

Un protocolo regional para Piura

Desde el proyecto “No más mujeres invisibles”, Promsex ha elaborado un Protocolo de reintegración social a víctimas de la trata, este piloto fue aplicado en 13 casos de víctimas de trata en las regiones de Piura y Madre de Dios.

Claribel Mauricio detalla que el protocolo cuenta con la línea de intervención, guías, fichas y el material necesario para servir de insumo en la adecuación regional del protocolo intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas.

Flor Huayana, de Promsex, espera que la región cuente con un protocolo aterrizado a la realidad de Piura, en donde se incluya el fortalecimiento de las entidades involucradas para capacitar al personal y mejorar los mecanismos de coordinación.

“El tema de capacitación a los funcionarios sobre sus funciones, la necesidad de establecer mecanismos de coordinación y articulación, porque lo que también hemos identificado es que no terminan coordinando necesariamente y actuando de forma inmediata,” indicó la especialista.

Los recursos son escasos, pero hay algunos avances. En julio de 2025, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo, informó que durante el primer semestre del año se realizaron 30 operativos en Piura y Sullana, se obtuvieron 14 sentencias condenatorias, se dictaron medidas de prisión preventiva en seis casos y se brindó atención integral a 32 personas rescatadas.

La Fiscalía y la Policía realizan intervenciones frecuentes para reducir los índices del delito; sin embargo, son conscientes de que requieren mayores recursos. (Foto: Ministerio Público)

Sin fiscales suficientes, sin policías preparados, sin un centro de acogida que brinde refugio inmediato y sin datos claros de las sobrevivientes reintegradas, la lucha contra la trata aún es una deuda que el Estado mantiene con cientos de víctimas invisibles, decenas de ellas jóvenes de distritos como Tambogrande. Ahí el silencio y el miedo siguen cubriendo estas historias.

*Este reportaje ha sido posible con el apoyo del proyecto ‘No Más Mujeres Invisibles’, ejecutado por Promsex y Centro Ideas, con el financiamiento del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres.