Desde junio de 2019, Convoca.pe solicitó entrevistas a expertos y funcionarios del Ministerio de Salud, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC). Sin embargo, en julio, luego de casi un mes de insistencia, en cada una de estas entidades nos informaron que debíamos hacerlo directamente al Ministerio de Salud. 

El 11 de julio, previa coordinación telefónica, enviamos un correo electrónico a Henry Sánchez Benites, director ejecutivo de información pública del Ministerio de Salud, reiterándole lo que ya se había solicitado a las diversas instituciones antes mencionadas: entrevistas con Tania López, coordinadora de la oficina de atención a personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, con la doctora Melinda Valdivia, quien asesora en toxicología al Ministerio de Salud y la epidemióloga Laura Naihua. 

Pero sorpresivamente, el 12 de julio Henry Sánchez nos comunicó vía telefónica que nuestro solicitud de entrevistas debíamos hacerla  a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) porque era la institución que encabezaba la vocería del tema al ser un problema multisectorial. Días después nos comunicamos con la Oficina de Prensa e Imagen institucional de la PCM, que concluyó que no eran ellos los que debían autorizar dichas entrevistas.

En medio de este vaivén burocrático que claramente entorpece nuestro trabajo periodístico, volvimos a solicitar las entrevistas a Sánchez del Ministerio de Salud. Incluso la propia directora de Convoca.pe, Milagros Salazar Herrera, lo llamó para reiterar nuestro pedido, Sánchez quedó en devolverle la llamada pero nunca lo hizo. A pesar de que, el 11 de julio, cumplimos con enviar las preguntas que se requerían hacer a la funcionaria. 

¿Por qué el Ministerio de Salud no responde a nuestras preguntas?, ¿qué esconde esta institución para no atender al periodismo que investigar un tema de gran relevancia pública que afecta a miles de ciudadanos del país?

En forma simultánea a las solicitudes de entrevistas, realizamos 12 pedidos de información para conocer la situación de los pobladores afectados por exposición a metales pesados; pero solo recibimos la respuesta a una solicitud sobre la cantidad de personas identificadas como intoxicadas por región y tipo de metal.

En Convoca.pe consideramos que estos datos son sensibles, por ese motivo los pedidos se formularon señalando expresamente que se tachara información personal como el nombre completo de las personas.  A pesar de tomar estas consideraciones, los pedidos fueron rechazados. 

La Defensoría del Pueblo, encargada de supervisar la eficacia en la administración estatal, también ha enfrentado este silencio del Ministerio de Salud cuando solicitó de manera reiterada, el 20 de marzo y el 25 de julio de 2018, información sobre la cantidad de personas afectadas por metales pesados a nivel nacional, así como edad, sexo y lugar de procedencia. Nunca hubo respuesta, informó la jefa del área de Medio Ambiente, Lissette Vásquez, en una entrevista con Convoca.pe.

Reiteración de pedido de información de afectados por metales pesados que envió la Defensoría del Pueblo al Ministerio de salud el 25 de julio de 2018.

Representantes del Ministerio de Salud como Henry Sánchez han usado como herramienta el silencio, la opacidad y la burocracia para esconder lo que es su deber responder, incluso lo han hecho vulnerando la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta misma estrategia la han aplicado para generar hartazgo en los representantes de las comunidades afectadas por exposición a metales tóxicos.

Yeni Huamán, de Cerro de Pasco, narra con indignación, “cuando vamos a la posta [en Pasco], nos dicen que no hay dinero, y cuando venimos aquí al Ministerio de Salud [en Lima], nos dicen que han mandado dinero allá”. Carmen Chambi, de Cusco, cuenta con respecto a la falta de medicina para su hijo: "nosotros vamos a la regional de Cusco y nos dicen que no hay plata. Le decimos a nuestro municipio, y tampoco hay dinero." Esta situación también le afecta a Pablo Salazar de Ancash, quien señala que "el problema en sí es que frente a algunas dudas que hemos tenido el Ministerio de Salud manifiesta que no tiene presupuesto y entonces no puede hacer a todos [el dosaje]".

Las direcciones regionales de salud del Callao, Cusco y Pasco tampoco respondieron sobre cómo administran el presupuesto para atender a los pobladores afectados cuando fueron consultados en los últimos dos meses hasta el cierre de esta investigación. Estas direcciones no accedieron a dar su versión, a pesar de que nos comunicamos directamente con las áreas de prensa; y en el caso de Cusco, con la funcionaria encargada de la estrategia sanitaria de enfermedades no transmisibles, Caren Choque.

Ante el silencio del Ministerio de Salud, el 3 de octubre de 2019, a la salida de una actividad pública de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, abordamos a la coordinadora de la oficina de atención a personas expuestas a metales pesados del Ministerio de Salud, Tania López. En ese momento, le preguntamos sobre la cantidad de personas afectadas por metales en el Perú y ella respondió: “Tienes que pedir esos datos a la entidad competente, porque nosotros manejamos la atención integral”. ¿Esta funcionaria no debería conocer esa información para ejercer mejor sus funciones y dirigir oportunamente la atención a los afectados?

Mientras el Minsa continúa ocultando información, los reclamos de los pobladores expuestos a metales tóxicos en zonas mineras, petroleras e industriales no cesan.  La incertidumbre, indignación y miedo crece cada día en medio de la ineficacia e indolencia estatal.