Un oficio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con una invitación para iniciar los procesos de consulta previa del proyecto “Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho - Tramo II” ha significado un paso adelante para los miembros de la Comunidad Nativa Centro Arenal ubicada en el distrito de Punchana, región Loreto.
Y es que esta comunidad es una de las que conforma el Consejo Consultivo de las Organizaciones Indígenas de los Territorios del Putumayo, Napo y Bajo Amazonas que vienen denunciando desde hace varios años el impacto negativo que tiene la construcción de dicha vía terrestre cuyo segundo tramo está en camino, pese a la oposición de las comunidades aledañas.
El documento del MTC con fecha 4 de septiembre de este año, está firmado por Martin Elias Del Alcázar Chávez, director de la Oficina de Diálogo y Gestión Social de dicho ministerio y está dirigido a Arthur Francis Cruz Ochoa, jefe comunal de la Comunidad Nativa Centro Arenal. El funcionario señala que en “el marco de la Ley N° 29785 Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, ha delegado la función de dirigir, coordinar y supervisar las acciones vinculadas al diálogo para la implementación del proceso de consulta previa en la Oficina de Diálogo y Gestión Social”.
De esta forma, el oficio convoca a los representantes de la comunidad a participar en las reunión preparatoria que se realizará en Iquitos para la “etapa de publicidad correspondiente al proceso de consulta previa del proyecto Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho" - Tramo II”
Pero, ¿por qué es importante este paso dado por el ministerio para convocar a la comunidad a este proceso de consulta previa? Como señalamos, esta comunidad junto a otras organizaciones amazónicas han mostrado su rechazo a la construcción de esta carretera que -señalan- atenta contra su territorio, generando deforestación e invasiones en los territorios de la comunidad nativa Centro Arenal del pueblo Murui y otras comunidades aledañas.
En diálogo con Convoca,pe, Zoila Ochoa lideresa de la Comunidad Centro Arenal asegura que la construcción de la carretera ha afectado a su comunidad, porque “ha deforestado zonas cercanas y ha aumentado el flujo de vehículos cerca a nuestra zona (...) iniciaron la construcción sin consultarnos, sin preguntarnos si nos iba a afectar (...) además la construcción del puente ¿para qué ha sido? para nada ¿adónde llega? a ningún lugar, solo va a afectar más zonas naturales”, asegura.
Asimismo señala que la carretera facilita la invasión de territorios indígenas, además de la expansión de actividades ilícitas como la tala ilegal, la minería y el narcotráfico, “no solo destruye la naturaleza, sino que aumenta la inseguridad”, precisa.
El puente que nunca acaba
Cuando la representante de la comunidad Centro Arenal menciona el puente, se refiere al puente que atraviesa el río Nanay y que forma parte de este proyecto de vía dividido en cuatro tramos. El puente estuvo en agenda cuando en 2022 se conoció que el primer tramo de este puente que busca unir Perú y Colombia terminaba en la entrada de la huerta de una familia de la comunidad Santo Tomás.
Deyser Quevare, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona) señala en diálogo con Convoca.pe que el puente terminó ahí porque hasta ese momento no se pudo sanear los territorios aledaños de la comunidad ni hubo acuerdos para la expropiación.
Este es uno de los varios problemas que afrontan los pobladores de diversas comunidades que aseguran que su futuro cercano se verá afectado por la construcción del puente y de la carretera cuyas obras se iniciaron en 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
"Cumplimos lo que prometemos, ustedes ven por dónde estará el puente, la conexión a Iquitos y luego al nuevo puerto que se está diseñando en este momento. Me interesa llegar hasta El Estrecho, pero más me interesa al Océano Pacífico", indicó en noviembre de ese año el mandatario durante la ceremonia de inicio de obras.
Sin embargo a lo que no se refirió Kuczynski en aquel momento fue al efecto que tendrìa el primer tramo de la vía Bellavista – Santo Tomás que formaba parte del proyecto de la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho.
El impacto ambiental
Un aspecto denunciado desde el inicio de la obra ha sido el relacionado al impacto ambiental de esta carretera. Hace unas semanas, los representantes del Consejo Consultivo de las Organizaciones Indígenas de los Territorios del Putumayo, Napo y Bajo Amazonas estuvieron en Lima sosteniendo reuniones con algunos congresistas y buscando un diálogo con los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En diálogo con la prensa, los dirigentes de las comunidades han señalado el impacto ambiental que tendrá la construcción de los siguientes tres tramos de la carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho. El principal impacto está directamente relacionado a los territorios indígenas y las Áreas de Conservación Regional (ACR) Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu.
Ellos han señalado que la carretera en mención atravesaría las ACR y territorios indígenas. La ong Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha estimado que más del 60% de la vía generaría la pérdida de más de 428 mil hectáreas de bosques.
“Esto afectaría la conectividad y el intercambio genético en plantas y animales silvestres, poniendo en peligro la alimentación de los pueblos indígenas y contaminando las cabeceras de cuenca”, señala un artículo de Cristina López, especialista de DAR.
Los representantes del consejo consultivo, también aseguran que la carretera generará condiciones que favorezcan invasiones y la ocupación desordenada del territorio. “Eso ya está pasando en el (centro) Arenal”, afirma la señora Ochoa.
El mismo artículo coincide con el reclamo de las comunidades al señalar que estas áreas son parte del sustento de los pueblos indígenas de dicha zona, principalmente los Maijuna, Kichwa, Bora, Yagua, Ocaina, Murui, Secoya y Ticuna.
Frente a ello las comunidades organizadas en el consejo consultivo, con el apoyo de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) han solicitado en reiteradas oportunidades que desde las instancias del Estado se les brinde información, se abran espacios de diálogo para la toma de decisiones.
Por eso, el inicio de las conversaciones esta semana para el proceso de consulta previa es un paso importante en las demandas de los pueblos indígenas, o como señala la lideresa de la comunidad Centro Arenal “queremos que se haga un buen trabajo, con respeto, con diálogo, porque nosotros que vivimos ahí sabemos lo que nos afecta (...) sabemos lo que esa carretera está haciendo.”