"Como familiares de las personas que desaparecen, seguimos en la búsqueda, pero no hay apoyo de las autoridades. Sin ese apoyo, cómo podemos encontrar a nuestros familiares que desaparecen. Si tuviera plata, dinero, iría por todos sitios", dice Sandra Pichihua, madre de Xiomara Muñante Pichihua, una adolescente de 13 años que desapareció en Ica, el 24 de junio de 2022.
La desaparición de más de 15 mil mujeres en el Perú durante los últimos tres años y el hallazgo de menos de la mitad de ellas es una muestra de que los avances normativos y las acciones tomadas por las autoridades son insuficientes. Para Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, el Estado tiene mucho por hacer con el fin de prevenir y afrontar este problema, que es una de las manifestaciones de la violencia contra la mujer.
La promulgación del Decreto Legislativo 1428, que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, y su reglamento, fueron considerados como un gran avance normativo. Sin embargo, las cifras de mujeres desaparecidas siguen siendo altas. “De febrero de 2020 a octubre de 2022, se han registrado 15861 mujeres desaparecidas, entre adultas, niñas y adolescentes, 325 feminicidios y 282 tentativas de feminicidio”, destacó Carolina Garcés en una entrevista con Convoca.pe.
La Defensoría del Pueblo advierte que no solamente le preocupa que el 67% de las más de 15 mil mujeres desaparecidas, desde febrero de 2020, sean niñas y adolescentes sino también que no se ha llegado a ubicar al 50% del total. “¿Y qué pasa con el resto?”, pregunta la defensora adjunta para los derechos de la mujer.
El problema con el registro de cifras de mujeres desaparecidas persiste, aunque la defensora Carolina Garcés reconoce algunas mejoras. Hay data del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior (Mininter) y de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero aún no hay un registro unificado. El Mininter y la PNP tienen un registro de denuncias de personas desaparecidas y un portal de personas desaparecidas, de donde la Defensoría del Pueblo obtiene la información para elaborar sus reportes mensuales "¿Qué pasó con ellas?".
Sin embargo, Carolina Garcés resalta que también se necesita conocer el motivo de las desapariciones y qué tratamiento se está dando a las personas halladas. “Hay que realizar un estudio criminológico sobre las causas de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, porque esto nos da una respuesta sobre lo que está pasando, las causas y consecuencias”, recomienda.
La funcionaria defensorial considera que no es solo un tema de cifras sino también de fortalecer el sistema de registro, evaluar las dificultades en la aplicación de los procedimientos, como la geolocalización por parte de la Policía, impulsar la implementación de mecanismos para la difusión de notas de alerta y de alerta de emergencia en zonas rurales, entre otros.
"La Policía y la Fiscalía han tenido para investigar los celulares de las compañeras y de los dos chicos involucrados, para que puedan sacar las conversaciones, pero no hacen eso. Es muy deficiente la labor de la Policía y la Fiscalía", advierte Sandra Pichihua, cuya hija Xiomara, de 13 años, desapareció tras reunirse con un supuesto enamorado de 27 años.
La madre de Xiomara dijo que el supuesto enamorado de su hija está detenido porque el juzgado le dio nueve meses de prisión preventiva, por el presunto delito de seducción a una menor de edad. "Tuve que llevar testigos, que me dijeron que él era su enamorado, busqué videos de cuando ella iba a su casa. Cuando lo han detenido, han entrado a su casa y no han encontrado a mi hija. Él dice que no sabe dónde está", relató Sandra Pichihua a Convoca.pe.
Para hablar sobre la información registrada acerca de estos casos y las dificultades en la aplicación de los protocolos, la Defensoría del Pueblo ha solicitado una reunión de trabajo con el Ministerio del Interior, del que depende la Comisión Multisectorial Permanente para el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada el 5 de mayo de 2022 con el propósito de que se enfrente este problema de manera articulada con 13 instituciones públicas. Sin embargo, en lo que va del año, este grupo solo se ha reunido una vez, en junio.
“Hemos pedido reunirnos, pero no hemos recibido respuesta. Venimos insistiendo en que no es el tema de una reunión, porque este es un problema estructural en el Perú. Hay avances, pero no es suficiente” afirma Carolina Garcés.
En uno de los primeros informes que la Defensoría del Pueblo hizo sobre las mujeres desaparecidas, encontró vinculaciones entre estas y las víctimas de manifestaciones de violencia, como trata de personas, violencia sexual, violación sexual y feminicidio. Por ello, recomendó al Ejecutivo que incorpore la desaparición como una manifestación de violencia de género contra las mujeres en el reglamento de la Ley 3064, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El Ministerio de la Mujer acogió esta recomendación.
“Eso es un avance. Los avances normativos son importantes, pero lo más importante es la aplicación de estas normas por parte de los operadores jurídicos. Todavía encontramos problemas, además de los temas de registro”, señala la defensora Carolina Garcés.
Cuando desapareció Xiomara, en junio de 2022, su madre, Sandra Pichihua, contó que recibió una llamada de un hombre, que le dijo que la menor había llegado a Pucallpa con un grupo de víctimas de trata de personas. Sin embargo, la mujer recuerda que la Policía no investigó ni siguió la pista de la adolescente.
Aunque las normas han considerado varias mejoras, como el hecho de que ya no se requiera que pasen 24 horas para la denuncia de una desaparición, que la Policía difunda la fotografía de la desaparecida o la identificación clara de esta persona reportada, Carolina Garcés advierte que, en la realidad, no siempre ocurre esto. “Por ejemplo, las fotografías no siempre son puestas en el reporte de mujeres desaparecidas, lo cual es grave porque no ayuda a poder encontrarlas”, detalla.
Si falla una de las instancias del Estado en la búsqueda de una mujer desaparecida, como la Policía y el Ministerio Público, falla todo un sistema, advierte la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Además, Carolina Garcés destaca que más que generar problemas al Estado, estas fallas afectan la vida, la salud y la integridad de las víctimas de desaparición.
“En el primer momento que desaparecen, en la Policía dicen que la niña se fue con el enamorado, que tiene problemas en su casa, que la mamá le pegaba. Eso piensan, pero no saben si es la realidad o no. Cuando pasan meses, dicen que si mi hija no llama, es porque algo ha pasado. Recién dicen que puede ser que esté en trata de personas”, recuerda Sandra Pichihua, quien lleva más de cinco meses buscando a su hija Xiomara, de 13 años.
“Es el momento de evidenciar estas situaciones, no como una cifra más sino como vidas humanas que se encuentran en una situación en la cual el Estado tiene la responsabilidad de actuar adecuadamente para ir solucionando problemas tan graves”, concluye Carolina Garcés, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo.