Angie tiene 15 años y desapareció el jueves 25 de noviembre, en el distrito limeño de Chorrillos, cuando salió de su casa, a la 1:20 de la madrugada. Cabello y ojos negros, tez trigueña, raza mestiza, lunar en el cuello, casaca negra y falda de cuadros color marrón, son algunos de las señas de la adolescente que figuran en la nota de alerta emitida por la Policía Nacional del Perú. Detrás de estos fríos datos, hay unos padres, hermanos y otros parientes desesperados, una de las miles de familias que buscan a una mujer desaparecida en el Perú.

Solo entre enero y octubre de este año, la Policía Nacional del Perú ha emitido 4904 notas de alerta por desapariciones de mujeres (3189 niñas y adolescentes y 1715 adultas), lo cual significa 16 notas en promedio por día, según información recogida por la Defensoría del Pueblo de la página web de la PNP y del portal de personas desaparecidas.

La desaparición de las mujeres es una de las caras de la violencia de género y, aunque en el último año las autoridades del gobierno peruano tuvieron avances en la lucha contra esta problemática, aún hay temas pendientes para que sea más efectiva la búsqueda de las miles de niñas, adolescentes y adultas que nos faltan. En el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Convoca.pe recordamos lo que se hizo y lo que falta por hacer respecto a las desaparecidas.

Un año después de que, el 15 de octubre de 2020, el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra pusiera en marcha el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que incluía herramientas tecnológicas para atender las denuncias y acciones de difusión, investigación, búsqueda y ubicación de las víctimas, sigue siendo difícil hallar a los desaparecidos que, en su mayoría son mujeres.

Para Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una muestra de la falta de voluntad política del Estado peruano es que no haya implementado un sistema integral de búsqueda específica por enfoque de género, a un año de la creación del portal “Desaparecidos en Perú”, y que la investigación de los casos solo recaiga en la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Interior.

Como ejemplo, Liz Meléndez cita el informe “Búscalas: Las Mujeres que nos faltan”, elaborado por Flora Tristán y Amnistía Internacional, que presenta la historia de cinco mujeres desaparecidas que evidencian las acciones machistas en las comisarías, que impiden la búsqueda oportuna de la posible víctima, y “los obstáculos que sus familias han tenido que afrontar en los procesos de búsqueda, los cuales están signados por discriminación, machismo y negligencia”. 

Entre las dificultades que aún enfrentan las familias en la búsqueda, el informe “Búscalas: Las Mujeres que nos faltan” destaca que los policías no reciben la denuncia, no informan a los denunciantes, demoran en la generación de la nota de alerta sobre las desapariciones y tanto los efectivos policiales como los denunciantes desconocen que se puede solicitar el uso de la geolocalización de los teléfonos celulares.

Ante una desaparición, la Defensoría del Pueblo recordó que las autoridades policiales, fiscales y judiciales no solo deben disponer acciones necesarias para ubicar a la víctima sino que las denuncias recibidas por su personal deben evitar dilaciones por estereotipos y prejuicios de género. 

El reporte defensorial “¿Qué pasó con ellas?” advierte que la desaparición de mujeres por particulares “es una forma de violencia, a menudo, vinculada a delitos como feminicidio, trata de personas y violencia sexual, y destaca que “el factor de género y la interseccionalidad con otras formas de discriminación son claves para comprender la mayor exposición a vivir este tipo de violencia”.

La Defensoría del Pueblo señala en dicho reporte que la desaparición de personas no solamente se agrava por la variable de género sino también por la edad, nivel de desarrollo y madurez de  las víctimas. Advierte que las niñas y adolescentes son más propensas a sufrir esta situación: De los 349 menores de edad reportados ante la Policía como desaparecidos en octubre último, 291 eran niñas y adolescentes mujeres, lo que representa el 83% de las víctimas.

La desaparición de mujeres en Perú es considerada por diversas instituciones como un tipo de violencia de género porque se produce solo por el hecho de ser mujeres. Por ello, la Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Mujeres Desaparecidas Perú, entre otras organizaciones coinciden en pedir al Estado peruano que reconozca este modalidad y la incluya en su legislación.

Katherine Soto, representante de Mujeres Desaparecidas Perú, hizo un llamado a las autoridades para que las desapariciones de mujeres sean contempladas como una forma de violencia en la Política nacional contra la violencia de género, que se va a publicar en el 2022, y en el reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. “Esto es importante porque las familias de mujeres reportadas como desaparecidas podrían aproximarse a otro tipo de protección y las niñas y niños huérfanos puedan acceder a pensiones”, resaltó.

Precisamente entre los temas pendientes que considera la Defensoría del Pueblo en su reporte “¿Qué pasó con ellas?” destaca la necesidad de incluir la desaparición de mujeres por particulares como una forma de violencia de género en el reglamento de la Ley 30364, “porque la desaparición afecta de manera diferenciada a las mujeres colocándolas en una situación de especial vulnerabilidad de que sean víctimas de vejámenes más gravosos como el feminicidio”.

Los denunciantes tienen que insistir ante la Policía para saber cómo van las investigaciones, si es que las realizan, luego de presentada la denuncia por desaparición de una niña, adolescentes o mujer adulta. Foto: Difusión

¿Qué hacer?

Presupuesto y voluntad política es lo que se requiere para ubicar a las mujeres desaparecidas, según afirma Katherine Soto, representante de Mujeres Desaparecidas Perú. “También necesitamos hacer un llamado de promoción desde el Estado para generar más conciencia social sobre las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres”, dijo a Convoca.pe.

Hacer pública la estadística sobre cómo la desaparición se relaciona con delitos, a partir del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) y la situación en que se hallaron a las personas ubicadas es uno de los temas pendientes que destaca la Defensoría del Pueblo. Dicha entidad destaca la importancia de conocer acerca de las víctimas que fueron ubicadas que, hasta julio último, eran 5199.

En el caso de las niñas y adolescentes, la Defensoría recomienda que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice un estudio criminológico sobre las causas de su desaparición en el Perú. “Este debe contar con cifras estadísticas de las causas reales de dichas desapariciones para saber si estas responden a causas delictivas o de desprotección familiar”, señala en su reporte ¿Qué pasó con ellas?

La identidad de género, estado civil, nacionalidad y otros datos deben ser incluidos por el sector Interior en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Reniped), según las recomendaciones del Centro Flora Tristán y Amnistía Internacional, que también piden sincerar el número de denuncias, incluir el número de las víctimas que son ubicadas o no, el estado de su ubicación, así como las causas de su desaparición o si se iniciaron investigaciones por delitos conexos, para diseñar políticas de prevención y búsqueda de mujeres desaparecidas.

Alejandra tiene 23 años y desapareció el miércoles 24 de noviembre, en Tacna, cuando salió de su trabajo, a las 3 de la tarde. Cabello y ojos negros, tez trigueña, raza mestiza, lunar al costado del ojo, casaca negra y pantalón jean, son algunos de las señas de la joven que figuran en la nota de alerta emitida por la Policía Nacional del Perú. “Si usted tiene información o conoce el paradero de la persona desaparecida, sírvase comunicar a la línea 114”, concluye la nota de alerta policial.

Foto principal: El gobierno puso en funcionamiento el sistema de búsqueda de personas desaparecidas en octubre de 2020. Crédito: Difusión