Actualización: 8 de marzo de 2023, 2:10 pm.

Repsol insiste en que solo pagará indemnizaciones en 2023 si el Estado prohíbe la pesca

Luego de reiteradas cartas, marchas y hasta una gira de sus dirigentes por España, 19 gremios de pescadores artesanales de Ventanilla, Ancón, Chancay y Aucallama, afectados por el derrame de petróleo de enero de 2022, lograron que la empresa española Repsol aceptara el inicio de negociaciones en una reunión ocurrida el último lunes. Los hombres de mar buscan obtener compensaciones justas por los ingresos que dejarán de percibir en 2023 por las consecuencias del vertido de más de más de 10 mil barriles de crudo en el mar.

A pesar de que la petrolera dijo estar dispuesta a conversar para llegar a un acuerdo, no aceptó la pretensión de los pescadores para instalar una mesa de diálogo con participación directa del Estado, según contó a este medio Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama.

Cientos de pescadores afectados por el derrame de Repsol acompañaron la reunión desde las afueras de la Refinería La Pampilla. Foto: Difusión

Durante el encuentro, la empresa petrolera también defendió los términos de los acuerdos extrajudiciales que viene firmando con otros pescadores o comerciantes afectados. Sin embargo, a los pescadores de los 19 gremios presentes en la reunión les parecen lesivos para sus intereses. La cláusula más controvertida, y que ha sido el motivo principal de las últimas protestas, es una que señala que Repsol solo les pagará indemnizaciones en 2023 si el Estado prohíbe la pesca en las zonas contaminadas.

Los pescadores alegan que independientemente de que haya una norma o no, la contaminación no permite una actividad extractiva saludable en el mar y la productividad del ecosistema aún seguirá afectada por mucho tiempo, aunque para conocer el verdadero impacto se necesitan estudios especializados. Por eso, argumentan, la condición que exige Repsol en los acuerdos no resulta razonable. “Sabemos que quienes lo firmaron [el acuerdo extrajudicial] lo hicieron por desconocimiento”, indicó el dirigente.

Además, Díaz Barroso indicó que los gremios ya preparan toda la documentación para presentarla en las reuniones. Estas contarán con la presencia de veedores y facilitadores como la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). En esta primera cita estuvo presente Rolando Luque, representante de la entidad defensorial.

Nota original: 4 de marzo de 2023

Ha pasado más de un año desde el 15 de enero de 2022, día en el que ocurrió el derrame de 10 mil barriles de petróleo en la costa de Ventanilla, en Callao, y la mancha negra se extendió contaminando 11 mil hectáreas de litoral. Desde entonces, los pescadores artesanales afectados protestan contra la petrolera española Repsol, responsable de este desastre calificado como la peor catástrofe ambiental de la historia republicana.

Esta vez, los hombres de mar de 19 asociaciones de Ventanilla, Ancón, Chancay y Aucallama, han iniciado acciones a nivel nacional e internacional para que Repsol se siente en una mesa de diálogo para establecer un acuerdo económico compensatorio por la afectación a su actividad pesquera, que no pueden desarrollar como antes.

El derrame del 15 y 24 de enero de 2022 afectó a 11.061 hectareas de litoral. Foto: Andina.pe.

Desde noviembre de 2022, han solicitado a Repsol que se realice una reunión para iniciar un proceso de negociación en el marco del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos, que contempla que en caso de daños ocasionados por derrames de estos elementos tóxicos las compensaciones por daños debe ser adecuada, a la brevedad posible y en acuerdo con los afectados.

La propuesta de los pescadores, que fue presentada en noviembre de 2022 con un memorial notarizado, fue reiterada en enero último. Sin embargo, ambos intentos no obtuvieron respuesta de Repsol. Esto llevó a que los gremios de pescadores enviaran un tercer memorial el último viernes 24 de febrero, que fue seguido de una gran manifestación el martes 28. Así, los pescadores artesanales de Ventanilla, Ancón, Aucallama y Chancay llegaron a la sede principal de la empresa en el distrito limeño de San Isidro para exigir una respuesta.

Los marchantes recorrieron desde el Centro de Lima hasta la sede principal de Repsol, en San Isidro.

"Se quiere negociar en condiciones de respeto a los derechos de los pescadores, ya que la empresa invoca los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos para remediar los impactos negativos de su operación petrolera. Este proceso de reclamación extrajudicial debe ser acompañado por la Defensoría del Pueblo y por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos", afirma Mario Carranza, abogado de los pescadores afectados.

En sus memoriales remitidos a Repsol, los 19 gremios de pescadores advierten que la empresa petrolera estaría celebrando acuerdos extrajudiciales compensatorios con otros pescadores artesanales, con “términos lesivos y engañosos que condicionan el pago de una futura compensación”.

Convoca.pe tuvo acceso a uno de los documentos de transacción extrajudicial elaborados por Repsol que algunos pescadores han firmado. En el punto 7 se indica que el afectado acepta que sólo podrá solicitar la negociación de una compensación adicional este año para reparar el daño económico por el cese de su actividad pesquera "en el supuesto de que", por consecuencia del derrame de más de 10 mil barriles de petróleo, el gobierno peruano dispusiera el cierre de las playas afectadas para la pesca durante el verano de 2023. 

Esta cláusula despertó las alarmas entre los 19 gremios pesqueros, pues coloca un condición que depende del Estado, que sería la prohibición de su actividad. Y esto no toma en cuenta que lo que en realidad no permite que los hombres de mar salgan de faena no es ninguna norma sino la contaminación persistente en el océano. La afectación al ecosistema, de donde extraen sus productos, continuará haya una norma o no.

Convoca.pe accedió a uno de los documentos de acuerdos extrajudiciales firmados por los afectados por el derrame de hidrocarburos.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, Luis Antonio Díaz Barroso, indica que la empresa "está imponiendo una cláusula en la que solo se podrá volver a negociar si el gobierno prohíbe la pesca”.

Por su parte, el abogado Mario Carranza explica que de esta manera Repsol estaría generando una falsa expectativa en las personas que firman la transacción extrajudicial y que piensan que este año tendrían una nueva compensación.

“Si no hay prohibición de pesca, no hay compensación en el 2023", comenta. "Además, dicen que no podría ser un monto mayor al entregado en el acuerdo original”, precisó el abogado. Se refiere a los acuerdos celebrados en el 2022, pues estos tienen vigencia anual.

Además, el documento establece que el afectado que acepta el acuerdo "cede y transfiere a la Refinería La Pampilla SAA todos los derechos, reclamos, títulos, acciones y demandas que pueda tener o surjan en el futuro" como consecuencia del desastre. "El afectado reconoce expresamente que ya no es titular de los derechos y/o acciones que le corresponde o en relación con el evento y/o sus consecuencias", se lee en el documento al que accedió Convoca.pe.

El acuerdo extrajudicial también añade que el afectado cede a Repsol todos los derechos a demandas por el derrame de petróleo.

Para el abogado, esta cláusula es una “compra de derechos”, pues Repsol se convierte en el nuevo titular de los derechos de los afectados para reclamar cualquier otra indemnización a otros eventuales responsables. Por ejemplo, Carranza recuerda que en febrero de 2022 Repsol inició acciones legales contra la compañía italiana Fratelli d’Amico Armatori, dueña del buque Mare Doricum implicado en el derrame, y su seguro para cubrir los daños y gastos provocados.

“Este punto del acuerdo extrajudicial deja a los trabajadores afectados fuera de todo escenario respecto a algún proceso contra la naviera armadora del buque, pues los que lo han firmado cedieron sus derechos a la demanda sobre cualquier hecho vinculado al vertido de petróleo en el mar peruano”, resaltó Carranza.

Repsol respondió a Convoca.pe que las cláusulas, incluída la que condiciona una nueva compensación en el 2023 a un probable cierre de playas, que forman parte del acuerdo de compensación voluntario, son habituales en una transacción extrajudicial y están regidas por las leyes peruanas. También dijo que los acuerdos son absolutamente voluntarios e incluso se hacen en presencia, “si así lo requieren, de los abogados de las personas o asociaciones, en fiel respeto a sus derechos”.

“Siendo la transparencia un principio clave, la compañía invitó a la Defensoría del Pueblo para que nos acompañe en el proceso. A la fecha, se han firmado acuerdos de compensación total con más del 80% del padrón oficial [de afectados por el derrame de petróleo] realizado por el Estado Peruano. De los firmantes, más de 3.300 son del sector de la pesca”, indicó la petrolera española.

Sin embargo, pese a que se reiteró la pregunta sobre si la cesión de derechos por parte de los afectados incluye la posibilidad de demandar a la empresa naviera y su aseguradora, Repsol no emitió respuesta.
 

Próxima reunión

La manifestación de los 19 gremios de pescadores frente a la sede de Repsol en San Isidro tuvo efecto luego de casi cuatro meses de silencio. La multinacional aceptó programar una reunión entre los ejecutivos de su subsidiaria Refinería La Pampilla y los representantes del grupo de afectados que reúne aproximadamente a 700 personas. El encuentro será este lunes 6 de marzo en la sede de Ventanilla.

Según el abogado Carranza, a esta reunión también se ha invitado a representantes de la Defensoría del Pueblo para que sean testigos. "Se está buscando fijar las reglas de la mesa de diálogo de común acuerdo y que no solo sean temas económicos, sino también compromisos para la recuperación del mar", dice el defensor legal de los pescadores.

El lunes 6 de marzo, Repsol se reunirá con los representantes de las 19 asociaciones de pescadores. 

El letrado resaltó que para llegar a un acuerdo es importante que Repsol sea transparente con la información e indique por cuánto tiempo va a estar afectado el mar y el que se necesita para rehabilitar las aguas. Esto debería estar en el Plan de Rehabilitación. Como se recuerda, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) dio a la empresa española un plazo de doce meses para presentar este documento, que se vence el 3 de octubre de 2023.

“Debe ser un acuerdo reparatorio. La posibilidad de que los pescadores reciban compensaciones futuras no debería estar en función a una prohibición de pesca, sino a un tema de rehabilitación y repoblamiento de especies marinas”, resalta el abogado Mario Carranza.

Por otro lado, anunció que en la tercera semana de marzo la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Perú, Fernanda Hopenhaym, también atenderá a las 19 asociaciones afectadas de Callao, Lima y Huaral.

Afectados llegan a España

Una comitiva formada por los representantes de los pescadores afectados llegó a España para exponer sus reclamos ante las autoridades y organizaciones ibéricas. Hasta la península llegaron Zenón Gallegos, presidente del Sindicato de Pescadores de Chancay, y Luis Antonio Díaz, dirigente de los trabajadores de Aucallama. Fueron recibidos por la Asociación Entrepueblos de Barcelona.

Clara Ruiz, de Entrepueblos, comenta a Convoca.pe que los representantes peruanos se reunieron con parlamentarios del Congreso de los Diputados de los partidos Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu. Los legisladores se comprometieron a hacer cuestionamientos y propuestas ante su Parlamento para vigilar que se haga justicia, pues el caso es responsabilidad de una empresa española.

Los pescadores fueron recibidos por la diputada María Carvalho Dantas de Esquerra Republicana y el diputado Oskar Matute de EH Bildu. Foto: Entrepueblos

En tanto, el pescador Luis Antonio Díaz cuenta que fueron recibidos por funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores, de Derechos Sociales y de Industria, Comercio y Turismo de España. No obstando, solo respondieron que están expectantes de la evolución del caso en los fueros administrativos y judiciales de Perú.

La gira también incluyó una protesta de peruanos y grupos ambientalistas en Madrid, frente a la sede principal de Repsol. Convoca.pe también consultó a la compañía si sus ejecutivos iban a reunirse con la comitiva que llegó hasta España, pero evitaron dar respuesta.

La comitiva fue recibida por el subdirector general de Países Andinos, Antonio García Roger (de saco gris). A su izquierda están los dos representantes de los pescadores. Foto: Entrepueblos

Registra infracciones laborales

De acuerdo con información de Convoca Deep Data, nuestra plataforma de análisis de datos sobre las industrias extractivas en el Perú, la Refinería La Pampilla de Repsol cuenta con siete infracciones laborales relacionadas con la obstrucción a la labor inspectiva, condiciones de seguridad en lugares de trabajo, formación y gestión interna sobre seguridad y salud en el trabajo y compensación por tiempo de servicios.

El monto total de las multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), del Ministerio de Trabajo, entre los años 2016 y 2018, es de más de 2 millones 80 mil soles.