"En la zona en la que estamos ya no hay pesca. Y si hay, hay poca, pero contaminada con el hidrocarburo", dice Roberto Carlos Espinoza, pescador artesanal de Ventanilla, en cuyas playas hace exactamente un año se derramaron al menos 11 mil barriles de petróleo de propiedad de la transnacional española Repsol. La mancha negra llegó a ensuciar más de 7 millones de metros cuadrados del mar peruano. Y aunque hoy parte de ese elemento tóxico está asentado en los sedimentos marinos, los pescadores siguen denunciando que encuentran sus rastros aceitosos en las playas que frecuentan.

"Haríamos mal en pescar y vender para el consumo humano directo debido al daño futuro para los consumidores", agrega Espinoza.  Este hombre de mar, que también es presidente de Adispaarvrc, un gremio de 180 pescadores artesanales de Ventanilla, explica que ahora él y sus compañeros tienen que dirigirse a otras playas al norte del litoral chalaco para continuar con su actividad pesquera. El cambio en sus rutinas ha incrementado notablemente los costos y el tiempo de cada faena, dice.

Como se sabe, desde marzo de 2022, dos meses después de la peor catástrofe ambiental registrada en el mar peruano, el Gobierno y Repsol acordaron que la compañía de capitales españoles pagaría 3 mil soles mensuales a los pescadores afectados, a manera de "adelantos" que se descontarían de un acuerdo de reparación futuro. Según denuncian los pescadores de Ventanilla, estos adelantos se dejaron de percibir en octubre de 2022.

"Hasta ese momento Repsol había abonado seis adelantos. Y justamente en ese mes de octubre venció el plazo de vigencia de la declaratoria de emergencia ambiental que había dispuesto el Ministerio del Ambiente", explica Mario Carranza, abogado de cuatro asociaciones de pescadores de Chancay, zona también devastada por el derrame, en la provincia limeña de Huaral. "Entonces la empresa, a través de su representante en la zona, mencionó que había culminado la declaratoria, que la situación estaba normalizada, que los pescadores podían eventualmente retormar sus actividades y que ya era momento de llegar a acuerdos o transacciones", añade.

El derrame del 15 de enero de 2022 contaminó más de 1 millón 800 mil km2 de playas. Foto: Andina.pe.

Sin embargo, según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), para entonces, al 4 de octubre de 2022, todavía existían solo en la costa 71 puntos contaminados de los 97 registrados inicialmente. De los sitios afectados, 48 eran playas y 23 eran puntas y acantilados. De acuerdo con Carranza, en la última semana tuvieron una reunión con representantes de Oefa en la sede del municipio de Chancay en la que se les confirmó que aún se mantenía la polución en los mismos 71 puntos afectados. Consultada la entidad por Convoca.pe, su oficina de imagen remitió solo los resultados de octubre.

De cualquier modo, buena parte de los pescadores ya han aceptado firmar la transacción final con Repsol. Los montos ofrecidos por la petrolera son de 65 mil soles para los "no embarcados" y 70 mil para los "embarcados", previo descuento de los adelantos ya abonados. Carranza señala que al menos la mitad de los hombres de mar en Chancay han cedido a la propuesta de la transnacional y han suscrito los documentos. Y en Ventanilla también pasa lo mismo. Espinoza es uno de ellos.

"Nosotros hemos aceptado por la misma necesidad que [tienen] todos los agremiados, tanto de mi gremio como otros. Hemos tenido que aceptar este monto y firmar las cláusulas que son muy lesivas, que nos quitan todo beneficio. Y se les da la razón y toda la potestad para que ellos nos representen (...). En la cláusula del acta final nosotros renunciamos a todo trámite independiente, a un asesoramiento legal. Lamentablemente nos agarran por el lado de nuestra necesidad económica y tenemos que ver nuestro lado interno, nuestras familias", expresa Espinoza.

"Por los comentarios, como Repsol tiene un poder económico y logístico, se difundió que no iba a haber otra ocasión si no firmaban ahora. Entonces la gente asustada, a nada [decidió firmar]", comenta el pescador. "Lamentablemente esta vez la masa decidió cobrar sabiendo que era muy lesivo. El poder lo tiene Repsol, que nos ha dado una miseria", agrega.

El Oefa ha identificado 71 puntos de contaminación en la costa peruana debido al derrame masivo de petróleo. Fuente: Oefa.

¿Pero qué han firmado? De acuerdo con el abogado Carranza, el monto de entre 65 mil y 70 mil soles acordados es un acuerdo extrajudicial por el daño ocasionado a cada pescador solo por el año 2022. Y de acuerdo con una carta de la Defensoría del Pueblo, a la que este medio tuvo acceso, Repsol le aseguró a esta institución que para que sea posible negociar nuevas compensaciones en los siguientes años "el Ministerio de la Producción debe emitir una norma que prohíba la pesca artesanal por causas atribuibles al evento". Es decir, al derrame masivo de petróleo.

La emisión de una norma que prohíba la pesca es algo que ni siquiera el propio Estado peruano tiene claro si puede o no hacer. El abogado Carranza indica que los gremios de pescadores ya han enviado a dicho ministerio una comunicación solicitando información sobre esta, para conocer si tiene asidero la condición de Repsol, pero no han recibido hasta ahora una respuesta formal.

"Hemos mandado un documento al Ministerio de la Producción el 30 de noviembre haciéndole la consulta, para verificar si los alcances de esa cláusula son algo posible o no. El Ministerio de la Producción ha tenido 20 días y no ha absuelto la consulta. Y en vez de absolver, lo que ha hecho es mandar [el documento] con un oficio al Ministerio del Ambiente para que nos responda. Como si Ambiente tuviera competencia en temas de pesca", cuestiona el abogado de los pescadores.

Sin embargo, comenta que el último jueves los pescadores tuvieron una reunión con Producción. Y en dicha cita, en la que no participó ni la ministra Sandra Belaúnde ni la viceministra de pesca Úrsula León, los funcionarios presentes les aseguraron que les contestarían por escrito, pero les adelantaron que no era viable la propuesta de prohibición de Repsol, según el abogado.

Este medio se comunicó con la oficina de imagen del ministerio para solicitar una entrevista con un vocero. Esta no fue posible de concretar.

Carranza asegura que en los documentos que han firmado los pescadores ni siquiera aparece la posibilidad de negociar acuerdos en "los siguientes años" como indica la carta de Defensoría, sino solo en 2023, y condicionada a la emisión de la norma.

Carta de la Defensoría del Pueblo a pescadores by Convoca on Scribd

La Defensoría del Pueblo se reunió con Repsol y comunicó la posición de la empresa a los pescadores artesanales con esta carta de enero de 2023.

Lo que los afectados ya han solicitado a través de una carta notarial a Repsol, y también a través de la intermediación de la Defensoría del Pueblo, es que las negociaciones tengan el acompañamiento de esta última entidad. También que se les entregue una copia del documento de cada acuerdo para que conozcan su contenido antes del momento de la firma para plantear modificaciones, así como que las indemnizaciones posteriores no estén supeditadas a una norma sino a la rehabilitación real del ecosistema.

El problema es que aún no se conoce por cuánto tiempo tendrán que tener paralizadas sus actividades debido al daño ambiental. Ese dato hubiera ayudado a los pescadores a negociar mejor sus acuerdos, pero ni las autoridades ni la compañía han entregado algún informe concluyente. En tanto, los hombres de mar que aún no han aceptado el trato se mantienen a la espera de estas nuevas informaciones.

Carranza advierte que la afectación al mar peruano recién se va a conocer luego de que la petrolera entregue su Plan de Rehabilitación en octubre de este año y sea aprobado por las autoridades, sin perjuicio de las evaluaciones que Oefa haga en este lapso. Por lo pronto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había determinado en febrero del año pasado que lo daños del desastre ambiental perdurarían por lo menos por seis años en la costa peruana.

Julio César Guzmán, procurador del Ministerio del Ambiente, explica a Convoca.pe que el cálculo del perjuicio debe hacerse a lo largo del tiempo, pues se deben tomar varias muestras en distintos períodos para calcular en cuántos años se irá descontaminando el lugar. Su institución está preparando la demanda civil contra Repsol para reclamar una reparación económica a favor del Estado, por ello también está a la expectativa de las estimaciones científicas.

"Uno tiene que tener una línea base de por lo menos un año y medio [para levantar información]. Nos hemos planteado un año y medio como máximo para tener los informes con la proyección de cuánto más tardará [en descontaminarse]. Con eso se va a plantear la demanda", informa.

Causas

Por el momento, un reciente informe elaborado por el perito Aldo Valer del Osinergmin, fechado a noviembre de 2022, ya determinó la causa del derrame, que surgió en las boquillas que conectaban la manguera del buque con la tubería de descarga (PLEM) de la Refinería La Pampilla de Repsol. Por un lado, el estudio pericial indica que el buque italiano Mare Doricum se desplazó al menos 88,5 metros en sentido opuesto al PLEM, lo que provocó que la manguera se doblara. No obstante, la infraestructura debió resistir si no hubiera tenido una "inadecuada preparación y conformación de la junta soldada de las boquillas, el cuerpo del PLEM y la plancha de refuerzo".

Resulta que la plancha de refuerzo del PLEM fue instalada en 2013 en sentido inverso al que indican los planos de fabricación. "Hay evidencias de que realizó una incorrecta preparación de juntas previo a las soldaduras. Se observa que el cordón de soldadura tiene una sección apreciablemente menor que la definida por el plano de fabricación, habiéndose formado un espacio libre que debió ser parte del cordón de soldadura", indica el informe. Por esta razón se fracturaron las boquillas.

A la izquierda, cómo debió soldarse la infraestructura. A la derecha, cómo se instaló en Refinería La Pampilla. Fuente: Osinergmin.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó en septiembre de 2022 una comisión multisectorial para el seguimiento de acciones adoptadas y hacer frente al daño ambiental, con la finalidad de asegurar la indemnización al Estado. Mario Carranza, abogado de los pescadores, advierte que solicitarán que esta comisión no solo busque el resarcimiento del tesoro público, sino también que apoye a los afectados por el derrame.

Los pescadores en la última semana han sido invitados a reunirse con esta comisión, pero separados por asociaciones y en momentos distintos. Los hombres de mar no están de acuerdo con estas condiciones y han presentado un documento para que todos los gremios estén unidos, en bloque, en una misma sesión. Roberto Carlos Espinoza es uno de los que han firmado esta solicitud, pues fue citado para el 16 de enero. "Nos han dividido. ¿Para qué? Para que no tengamos peso. Divide y vencerás", dice.

Como Repsol detuvo los pagos en octubre último, los pescadores ahora reclaman el abono del octavo adelanto y esperan el apoyo de la PCM. "Ninguna autoridad nos dio apoyo en su momento para actuar como debe ser. Nos apoyaron de una manera superficial, en complemento, no en lo que corresponde a la ley", dice.