‘Acarajé’ es el nombre de la reciente fase de investigación del caso ‘Lava Jato’, la número 23, en alusión “al término utilizado por algunos investigados para denominar el dinero en efectivo” de esta red de corrupción. Ayer 22 de febrero la Policía Federal de Brasil convocó a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana para informar precisamente sobre el trabajo realizado en esta etapa de la investigación que ha permitido identificar la recepción de dinero en el extranjero de más de 7 millones de dólares, entre otros hallazgos, confirmaron a Convoca.pe en la Oficina de Comunicaciones de la Policía Federal. 

En el recuento de estas cifras y documentos, saltó en el reporte policial un caso de especial interés para el Perú: el “Proyecto OH”,  que hace referencia, según los agentes, al presidente Ollanta Humala y al monto de 3 millones de dólares. Las autoridades de Brasil investigan cuál fue el destino de ese dinero. Luego de conocerse estos hechos a través de los medios de comunicación, la Presidencia de la República difundió un comunicado en el que rechazaba estas informaciones y daba cuenta de una reunión entre el presidente Humala y el embajador de Brasil, Marcos Raposo Lopes, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez. En  la reunión, reportaron desde Palacio de Gobierno, se solicitó al funcionario brasileño información oficial sobre el caso.

En la relatoría de la Policía Federal de Brasil, elaborada por el delegado Filipe Hille Pace, se señala que el equipo de análisis tiene la hipótesis investigativa “que el máximo dirigente del Perú habría sido beneficiado por el grupo Odebrecht” y que esto estaría “de alguna forma vinculado a las inversiones hechas por el Gobierno Federal en aquel país”. En otra parte del documento, que Globo.com refiere que tiene una extensión de 44 páginas, se menciona que hay “fuertes evidencias” del pago indebido a políticos extranjeros, entre ellos al “Proyecto OH”.

En la investigación de la Policía Federal también se da cuenta de una anotación sobre pagos para Perú en el teléfono de Marcelo Odebrecht. 

Durante el gobierno de Ollanta Humala, Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC contrató entre julio de 2012 y diciembre de 2014 por más de mil 300 millones de soles por cuatro proyectos de infraestructura, según el sistema electrónico de contrataciones del Estado. Este monto no incluye la concesión por 34 años del Gasoducto Sur Peruano por más de 7 mil 300 millones de dólares. Durante el régimen de Alan García, a la empresa brasileña también le fue muy bien. 

Cuotas y contratos con García

En pleno régimen aprista, Petrobras ocupó el primer lugar en el ranking anual de proveedores del Estado de 2010 con 3 mil 812 millones de dólares aproximadamente. Las filiales peruanas de Odebrecht fueron contratadas por más de 180 millones de dólares entre 2007 y 2011 y si se considera su participación en otros consorcios, los negocios con el Estado en los tiempos de García superaron los 666 millones de dólares.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, entre setiembre de 2006 y julio de 2011, periodo en el que García fue Presidente, el Director Superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, fue recibido 16 veces en estas instalaciones. En doce oportunidades se entrevistó con el propio Alan García y en tres ocasiones con el entonces Secretario de Palacio, Luis Nava Guibert.

Nava era el hombre de confianza de García. Al mismo tiempo que asistía al Jefe de Estado, el estudio jurídico que fundó y transfirió a sus hijos, Nava & Huesa Abogados, fue contratado por Odebrecht y Petrobras. Los ingresos del estudio crecieron en esos años, según las declaraciones de impuestos de Nava obtenidas por la comisión del Congreso de la República que investigó el gobierno de García. Los clientes del estudio Nava también tuvieron su apogeo en ese periodo (ver: ‘Patrimonio aprista: lo no dicho y lo no escrito).

El apellido García también es mencionado en otro documento de la Policía Federal que da cuenta de presuntos pagos de sobornos a políticos de manos de los representantes de otra empresa de Brasil, Camargo Corrêa, para la construcción de la carretera Interoceánica, en la que también participó Odebrecht. La empresa brasileña conformó el consorcio Conirsa con las peruanas Graña y Montero y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas para construir el tramo 2 de la carretera, en Cusco, y el tramo 3, en Madre de Dios.  

Este otro reporte de la Policía Federal fue elaborado como parte de otro escándalo de corrupción, ‘Castillo de Arena’, a partir de documentos, coreos y USB incautados de las oficinas y domicilio de los propios representantes de Camargo Corrêa Camargo que sirvieron de base para el informe policial de 2009 y que revelaron el pago de coimas que habría realizado la empresa a políticos y funcionarios para ganar la licitación de obras, financiar campañas políticas y cuentas en el exterior como parte de un sistema de lavado de dinero.

En el documento policial, al que accedió Convoca.pe y BRIO, se menciona como parte de pagos de obras en el exterior lo siguiente: GIP (Peru)-US$ 50,0000, relacionado a “político”, “García”,“campanha”. Esta anotación corresponde a mayo de 2006, según el informe. En esos días García se alistaba para la segunda vuelta de la campaña de ese año. Esta mañana, el ex presidente y hoy candidato no quiso pronunciarse ante la prensa sobre los recientes hallazgos de la Policía Federal que involucran al presidente Ollanta Humala. 

En el Perú, el incremento millonario del Pago Anual por Obras (PAO) de la Interoceánica Sur estuvo envuelto en una sombra de críticas y sospechas. Los aumentos del presupuesto más contundentes fueron precisamente en los tramos a cargo de las compañías que protagonizan el escándalo ‘Lava Jato’. En el tramo 2, liderado por Odebrecht, el costo subió en 207 por ciento: de 213 millones de dólares a 653 millones, según montos iniciales referidos por el Banco de Desarrollo CAF (antes Cooperación Andina de Fomento), que otorgó préstamos al gobierno peruano para el megaproyecto, y cifras del incremento actualizadas a marzo de 2015 por OSITRAN, el regulador estatal en infraestructura de transporte público. En el tramo 3, que también estuvo a cargo de Odebrecht, el costo subió en 105 por ciento, de 294 millones de dólares a 602 millones. Mientras que en el tramo 4, encabezado por Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão, el monto se disparó en 237 por ciento, de 198 millones dólares a 667 millones.

En total, solo en estos tres tramos, el costo adicional de inversión de la obra superó los mil 200 millones de dólares. La inversión de la obra estuvo camino a triplicarse con el cambio reiterado de los contratos: 22 adendas para los tramos 2, 3 y 4 de la carretera, como dio a conocer Convoca.pe en su reportaje ‘Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica’, que dio inicio a las investigaciones de las autoridades peruanas sobre los presuntos pagos de soborno de empresas brasileñas a políticos en el país.

En el informe de la Policía Federal por el caso ‘Castillo de Arena’ se da cuenta de montos registrados al 25 de octubre de 2007 que detallan pagos mensuales de 175 mil dólares para la construcción de la carretera Interoceánica. “Esos pagos serían divididos en seis cuotas a partir del 30/07/07”, entre julio y diciembre de 2007, lo que hacen un total de un millón 50 mil dólares, el 0.5 por ciento de los 198 millones de dólares que era el monto inicial fijado para el tramo 4 que tenía en sus manos Camargo Corrêa y sus socios.

Precisamente en 2007 se empezó a intensificar la puja entre las empresas concesionarias y el ministerio de Transportes y Comunicaciones por el aumento de los costos de la obra. Los saltos presupuestales se dieron fundamentalmente durante el régimen aprista (Ver entrevista al ex ministro Enrique Cornejo). 

En los USB incautados a Pietro Gavina Bianchi, ex director y consultor del Grupo Camargo Corrêa, aparecen diversos pagos relacionados a la Interoceánica Sur no solo durante el régimen de Alan García sino también del gobierno de Alejandro Toledo. El reporte policial por la operación ‘Castillo de Arena’ da cuenta de pagos entre 2005 y 2008.

El caso Toledo

En este documento policial, se muestra un cuadro detallado con montos que según la Policía describe “la base del cálculo de los valores relacionados con la Interoceánica en Perú” registrada en una hoja de cálculo bajo el título “Previsão de Capilés Tramo IV – Interoceânica” (que puede traducirse como “Predicción Capilés Tramo IV-Interoceánica). Para la Policía este nombre es “sugestivo” porque “Capilés” son las “propinas (coimas) pagadas a la gente de ese país”.

De acuerdo con el informe policial, “de un total de US$180,373.536 recibido por Camargo Corrêa, se pagarían sobornos de la siguiente manera: 3% o US$ 5.411.207 (del monto total) a la rúbrica general y 0,5%, o US$ 901,868, destinados a "JR" (en el documento no se menciona el nombre completo, solo estas iniciales). Así, los totales de "Capilés" que tendría por pagar Camargo Corrêa sería de US$ 6.313.075". Estos montos serían desembolsados en momentos clave del inicio de construcción de la Interoceánica en los últimos meses de gobierno de Alejandro Toledo, registra el documento.

El informe de la Policía Federal describe que “los cálculos indican cantidades que habrían sido pagadas y las condiciones para que los pagos sean realizados”. En el documento se destaca que ya “habría solicitudes de pagos aprobadas por un valor de US$106,944. De acuerdo con la información relacionada, parte de este valor, US$15,277 serían pagos al contado, o en efectivo”. Y la otra parte, “en total US$91,667 debería ser pagado a través de la operación CABO”. Esta modalidad es muy usada por los cambistas para lavar dinero mediante el desvío de recursos a otros países. Y precisamente “la mención de la operación de CABO está explícita en el documento, lo que corrobora una vez más el uso de este mecanismo por el Grupo Camargo Corrêa”, dice el informe. Junto a la operación hay una remesa vía CABO relacionada con una cuenta del Banco Citibank de Londres.

En los documentos se registran las obras en ejecución del grupo empresarial mediante siglas. Los montos asociados a la Interoceánica aparecen con el código INT. Bajo esa denominación aparecen diversos pagos fraccionados como el de los 106 mil 944 dólares. En otra parte del informe policial se detalla en un archivo con fecha 23 de mayo de 2006, que dicho monto está relacionado a un apellido conocido por todos los peruanos y escrito a mano: “Toledo”, y junto a él, “Max Vanderlei”, quien en realidad es Marcos de Moura Wanderley, que actuó como representante legal de Camargo Corrêa durante las negociaciones de la Interoceánica con el gobierno peruano.

Hoy una comisión especial en el Congreso de la República, la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público investigan estos hechos a los que ahora se suma el “Proyecto OH”. 

Actualización: 23 de febrero. Hora: 12:25 pm

Juan Pari: Comisión del Congreso sabía que Humala era mencionado en los documentos

El presidente de la comisión que investiga el caso ´Lava Jato’ en el Congreso, Juan Pari, informó a Convoca.pe, que su grupo de trabajo ya conocía el informe de la Policía Federal en el que se menciona al “Proyecto OH” referido al presidente Ollanta Humala y vinculado a un monto de 3 millones de dólares. "Nosotros ya teníamos esta información, no lo podíamos hacer público porque obviamente podía poner en riesgo su mandato. Esperemos que no sea así, hay que buscar las aclaraciones que necesita el país, hay que profundizar la investigación", aseguró. 

El congresista Pari informó que Ollanta Humala no está obligado a asistir a la comisión investigadora por su alto cargo pero que de todas maneras será citado mediante otros mecanismos. Sobre el comunicado de la Presidencia de la República en el que se rechaza las informaciones de la Policía Federal de Brasil, el parlamentario señaló que este deslinde de Palacio de Gobierno no puede ocultar la existencia del reporte policial. "No se puede negar la existencia del documento, a partir de esa información hay que profundizar que conjunto de informaciones se dieron o si se trata de una información suelta o inconexa".

De otro lado, el legislador Yohny Lescano aseguró que Ollanta Humala debe ser citado. Dijo además que si hay “fuertes evidencias” se debe evaluar la posibilidad de “tramitar” su vacancia. “Lo mínimo que se puede hacer es tomarle la declaración”.

* Con la colaboración de Alicia Tovar.

Ver también:

US$3 Millones de Odebrecht ligados a Humala fueron consignados en las elecciones 2011

Cuotas y Pagos millonarios de la Interoceánica

Cornejo: Yo estaría en la cárcel si hubiera hecho cosas contra la ley