El informe de la Megacomisión sobre las cuentas, bienes e ingresos aún no esclarecidos del ex presidente Alan García y sus colaboradores más cercanos sigue en el limbo parlamentario. El último jueves 9 de abril, el pleno del Congreso postergó por segunda vez el debate de las conclusiones de este documento de más de 200 páginas que recomienda al Ministerio Público que a partir de las evidencias encontradas, investigue a los funcionarios por presunto delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. La recomendación también alcanza a los familiares, socios, apoderados y empresas vinculadas. Convoca revisó el informe para conocer lo que está en juego en relación al ex presidente que en estos últimos días hizo noticia por dilapidar a aquellos que llegan al poder para enriquecerse. Hoy, 16 de abril, el informe está de nuevo en la agenda del Pleno pero nada asegura su revisión.

La mañana del 6 de abril, el ex presidente Alan García reapareció sonriente en la emisora RPP con una entrevista para promocionar los nueve tomos de su libro “Obras: Lo dicho y lo escrito” que recopila más de 30 años de su trayectoria en la política. En los últimos diez minutos de la entrevista, la conductora Patricia del Río le preguntó si en el voluminoso libro, el líder aprista hizo alguna reflexión sobre las denuncias de corrupción durante sus períodos de gobierno. García lanzó una respuesta solemne y reflexiva que minutos después alborotó a las redes sociales: “Hay mucha gente que llega al gobierno a enriquecerse. Eso es una cosa que a mí verdaderamente me da asco”. 

Las redes sociales explotaron con comentarios de todo calibre. Aquí solo algunos de los menos iracundos: “Qué tal frescura”. “Se pasó de cara de palo este señor”. “Qué tal ostra”. Pero lo dicho por García no sólo despertó la rabia de sus críticos, también invitaba a confrontar su “asco” con las conclusiones del informe sobre desbalance patrimonial que elaboró la comisión investigadora del Congreso luego de revisar los ingresos y bienes de Alan García y sus colaboradores más cercanos durante el último régimen aprista. 

El documento, que está programado por tercera vez para debatirse hoy 16 de abril en el Pleno del Congreso, revela que el ex mandatario y sus colaboradores más cercanos omitieron información en las declaraciones juradas de sus ingresos y bienes que presentaron ante la Contraloría General de la República entre 2006 y 2011, período en el que estuvieron en el poder.

Por lo menos en los casos de dos ex ministros y militantes del partido aprista, Aurelio Pastor y Luis Nava, existen indicios de desbalance patrimonial de más de 700 mil soles si se suman ambos hallazgos, según el informe que recién fue liberado en marzo último.

La comisión investigadora finalizó el documento de 249 páginas en enero de 2014 y recomendó que la Fiscalía considere las evidencias recogidas para determinar si hubo enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir de quince ex funcionarios del gobierno de García debido a que varios de ellos brindaron servicios a empresas que se beneficiaron por contratos con el Estado durante ese período.

El informe también recomendó que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) indague la presunta evasión tributaria en el manejo de estos ingresos y bienes debido a que en el caso del ex ministro Hernán Garrido Lecca, se encontraron diferencias sustanciales entre los tributos pagados y los ingresos reportados. Revisemos cada caso.

García: contradicciones palaciegas

La comisión investigadora, liderada por el ex congresista nacionalista Sergio Tejada, encontró que Alan García omitió información sobre su patrimonio en sus declaraciones juradas presentadas entre 2006 y 2011 a la Contraloría General de la República. Y que hubo contradicciones entre la versión que dio el ex mandatario al grupo especial de trabajo en dos sesiones reservadas (en junio de 2012 y octubre de 2013) y la información obtenida por los investigadores de Sunat y diversas entidades financieras como resultado del levantamiento del secreto bancario y tributario de las cuentas del ex presidente.

Durante su mandato, García no incluyó en sus declaraciones juradas dos cuentas bancarias en Francia: una con 20 mil dólares y otra que, según el propio García “era una cuenta hipotecaria” por un préstamo solicitado para el conocido departamento en París que salió a la luz en 2001 después de su primer gobierno. Sobre este inmueble, el ex mandatario explicó a la comisión investigadora en la sesión reservada de junio de 2012, que se trataba de un “adelanto de herencia” para sus hijos y que incluso continuaba pagando el préstamo hipotecario con el que adquirió el inmueble.

El ex Presidente trató de justificar la omisión de los 20 mil dólares en su declaración jurada al señalar que no pudo transferir el dinero a sus cuentas en Lima porque el banco de Francia le exigía hacer el trámite de manera personal. La declaración jurada debía incluir la información sobre cuentas, bienes y préstamos en el extranjero. Pero García no lo hizo.

Las contradicciones de García van de menos a más. La Megacomisión detectó que, en setiembre de 2012, el ex mandatario reportó a la entidad financiera Banbif como su domicilio, la vivienda de Chacarilla que tenía con su ex esposa Pilar Nores, a pesar que para entonces la casa ya no figuraba a su nombre debido a la separación de bienes con Nores y, sobre todo, que la propiedad pasó, por lo menos en el papel, a manos de otro dueño: la constructora Britania S.A.C.

García registró esta dirección ante el Banbif en una solicitud de préstamo de 300 mil dólares, con fecha 19 setiembre de 2012, para comprar su nueva casa en Las Casuarinas. El ex presidente obtuvo el dinero y se comprometió a pagar en tres años. Un año y un mes más tarde, explicó en octubre de 2013 a la comisión investigadora, que aún se encontraba pagando el crédito hipotecario con el que adquirió el inmueble. Pero lo que no dijo es que la Universidad San Martín de Porres, donde él dirige el Instituto de Gobierno y Gestión Pública y, además, su ex ministro José Antonio Chang Escobedo es el rector, ya había cancelado el préstamo bancario según el informe del Congreso. El mandatario no tuvo que esperar hasta el 2015, como era el plan inicial del crédito, para saldar su deuda.

Con las asesorías, al ex mandatario tampoco le ha ido mal. En setiembre de 2013, el grupo español Abengoa lo nombró miembro del Consejo Asesor Internacional, cargo que es remunerado y que cuenta con la cobertura de los gastos generados por estas funciones, según el reglamento interno del Consejo. Esta empresa fue una de las más beneficiadas en su segundo gobierno: firmó varios contratos con el Estado para obras de saneamiento como el proyecto Pachacutec, para construir sistemas de agua y desagüe en Ventanilla, por más de 320 millones de soles.

La Megacomisión encontró irregularidades en el uso de más de 4 millones de soles del presupuesto del proyecto ejecutado por Abengoa y Graña y Montero. Entre ellas, que la compañía justificara gastos con facturas de servicios brindados por la misma Abengoa. Por eso, en otro informe que espera ser debatido en el Congreso, la comisión recomienda que el Ministerio Público investigue estas relaciones.

¿Pero qué respondió García sobre sus servicios a Abengoa a la Megacomisión? En la sesión reservada de octubre de 2013, explicó que se convirtió en miembro del Consejo Asesor de la empresa para “temas de cambio climático” porque se le consideraba un experto. García, entrenado en los incendios políticos, había pasado a ser un especialista del calentamiento global.

Nava: el más cercano

De los 15 funcionarios cuyas cuentas bancarias y declaraciones juradas fueron analizadas por la Megacomisión, existe un grupo cercano a Alan García Pérez que presenta indicios de desbalance patrimonial y omisiones de información. Uno de estos casos es el de Luis Nava Guibert, ex Secretario de Palacio de Gobierno y Ministro de la Producción. Hombre de confianza del líder aprista.

La comisión investigadora determinó inconsistencias en más de 259 mil soles de los ingresos y el patrimonio declarados por Nava a lo largo de los cinco años del gobierno de García. Sus familiares tampoco justificaron su ingresos. Su hermano Carlos Enrique registró pagos por más de 152 mil soles y 154 mil dólares; mientras que su hijo José Antonio Nava Mendiola, recibió 20 mil euros y más de 78 mil dólares entre 2007 y 2011.

Además, la comisión encontró que el estudio Nava & Huesa Abogados, creado por el ex secretario de Palacio y transferido a sus hijos, aumentó sus ingresos desde 2007 por brindar servicios a empresas que suscribieron, al mismo tiempo, contratos con el Estado.

Entre 2007 y 2011, los ingresos del estudio crecieron entre 46% y 91%. En 2010, en pleno apogeo del régimen aprista, se dio el máximo incremento con más de 800 mil soles. Lo revelador es que mientras en ese año al estudio Nava & Huesa le fue muy bien, a uno de sus clientes, la brasileña Petrobras, también le fue formidable con el gobierno.

En 2010, Petrobras ocupó el primer lugar en el ranking anual de proveedores del Estado. Se le adjudicó 11 mil 436 millones de soles por suministros de petróleo crudo para la refinería Talara, según el organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. En total, durante el gobierno aprista fue contratada por más de 15 mil millones de soles.

Otra empresa a la que brindó servicios el estudio de abogados fue Odebrecht, cuyas filiales peruanas fueron contratadas por más de 540 millones de soles entre 2007 y 2011, y si se considera la participación de esta empresa en otros consorcios, los negocios con el Estado superaron los 2 mil millones de soles en ese período.

Nava tampoco registró en sus declaraciones juradas la vivienda que tiene con sus hermanos en Bellavista. En este domicilio, existen dos inmobiliarias, en las que el ex ministro tendría el 25% de las acciones y derechos, según el informe.

Chang: El rector con buena estrella

Durante el mandato de Alan García, José Antonio Chang Escobedo fue ministro de Educación y Premier. Al mismo tiempo, se mantuvo como rector de la Universidad San Martín de Porres, donde García dirige la Escuela de Gobierno y Gestión Pública.

La Universidad pagó la hipoteca de la nueva casa de Las Casuarinas de García y, además,  puso a su disposición hasta dos vehículos de lujo. No es gratuito. Durante el régimen aprista, según el registro de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas, la universidad obtuvo contratos por más de 10 millones de soles y el 10 por ciento de este monto fueron por servicios brindados al Ministerio de Educación y la Presidencia del Consejo de Ministros, donde Chang fue titular.

El Pleno del Congreso aprobó en marzo último el informe sobre el programa Colegios Emblemáticos que recomendó denunciar ante la Subcomisión de acusaciones constitucionales a Chang Escobedo por negociación incompatible debido a los beneficios que obtuvo la universidad mientras él era ministro.

El documento sobre desbalance patrimonial señala que Chang declaró como domicilio una vivienda que, en 1997 su familia vendió a Raúl Bao García, vicerrector de la Universidad San Martín de Porres y socio de Chang en la agencia de viajes Inturandes S.R.L.

Sobre sus ingresos, la comisión concluyó que el dinero que recibía Chang provenía principalmente de la Universidad San Martín de Porres y de “otras empresas” vinculadas a este centro de estudios. Y que este mismo patrón se repetía para el caso de otros funcionarios del gobierno aprista.

Garrido Lecca: el ministro publicista

Hernán Garrido Lecca gobernó al lado de García como ministro de Vivienda y de Salud. Lo que declaró ante la Contraloría General y la Sunat, no coincide con otros documentos encontrados por la comisión investigadora sobre sus ingresos.

El ex ministro declaró 267 mil 696 soles menos en impuestos si se cruza los ingresos que recibió entre 2009 y 2010 y sus reportes ante la Sunat, según la documentación obtenida por el levantamiento del secreto bancario y tributario. Estas diferencias, pese a ser conocidas por Sunat, no fueron fiscalizadas en su momento, señala el informe.

Existen, además, remuneraciones de Garrido Lecca que no registran pagos de impuestos. Una de ellas es el servicio por 360 mil soles que le pagó, entre diciembre de 2009 y agosto de 2010, la israelí Global CST por una consultoría al gobierno de Nueva Guinea. Este contrato parecía ser una recompensa. En abril de 2009, ocho meses antes de recibir este dinero, el ex funcionario intervino diligentemente para que el Ministerio de Defensa contrate a Global CST.

Pero los cuestionamientos sobre sus ingresos no solo se refieren a sus tributos. El ex ministro registró pagos por empresas que obtuvieron contratos con el Estado durante el mandato aprista. Por ejemplo, la empresa Innova Andina S.A. le pagó a GarridoLecca más de 56 mil soles entre setiembre y octubre de 2010, pocos días después de que la empresa obtuviera un contrato por más de 6 millones de soles con el Ministerio de Salud por la venta de vacunas antirrábicas, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Otro caso es el de Cosmos Agencia Marítima, integrante del consorcio Terminales Portuarios que obtuvo la concesión del puerto de Paita en medio de serios cuestionamientos en 2009. En abril de 2010, Cosmos suscribió un acuerdo de estabilidad jurídica con Proinversión, luego de que cinco meses antes Garrido Lecca recibiera un pago de más de 31 mil soles. En total, el ex ministro recibió más de 295 mil soles de esta compañía entre octubre de 2010 y febrero de 2011, según el informe. 

Arana: el organizador

Carlos Arana Vivar fue director del programa Agua para Todos y Foncodes, además miembro de Sedapal y viceministro de Saneamiento por un día. Arana figuraba en los puestos claves de las instituciones que brindan servicios básicos y tienen arrastre popular. Antes de ocupar estos cargos, su labor en la campaña electoral que llevó a la Presidencia a Alan García fue organizar precisamente a las bases en zonas populares.

Nada es casualidad.

La comisión encontró que los ingresos de Arana Vivar durante el gobierno aprista incluyeron pagos de empresas beneficiadas con contratos de las instituciones donde él fue titular.Entre 2008 y 2009, cuando Arana era director de Foncodes recibió 25 mil soles del Consorcio Ayacucho por asesorarlos en la ejecución de las obras de saneamiento en Mollepata (Ayacucho). Unos meses antes, la empresa obtuvo el contrato de más de 500 mil soles financiados por el Programa Agua para Todos, según la información que entregó el Ministerio de Vivienda a la Megacomisión.

El ex funcionario es un personaje muy cercano a la cúpula del partido aprista desde que retornó a la militancia luego de ser expulsado por su relación con Agustín Mantilla, el ex viceministro del Interior que recibió dinero de Vladimiro Montesinos y fue sindicado como líder del comando Rodrigo Franco.

Pastor: el de los indultos

En el caso del ex ministro Aurelio Pastor Valdivieso, la comisión detectó un desbalance patrimonial de más de 450 mil soles durante el período aprista. Pastor fue congresista del Apra por San Martín y ministro de Justicia entre julio de 2009 y marzo de 2010. Durante su gestión, la Comisión de Gracias Presidenciales adscrita al sector Justicia, redujo penas carcelarias y otorgó diversos beneficios a un gran número de sentenciados por narcotráfico. El Poder Judicial lo investiga por este caso.

Pero no solo tiene cuentas que rendir por el sonado caso “narcoindultos”. Pastor registra más de 800 mil soles en inversiones inmobiliarias que no se justifican con los ingresos declarados, y además, está vinculado a gestiones sospechosas. En agosto de 2011, transfirió 24 mil dólares a la compañía RDR Logística e importaciones, que fue creada siete días antes de esta  transacción a nombre de su ex asesor en la Comisión de Constitución del Congreso, Juan Carlos Ramírez Documet. Este movimiento de dinero fue posible rastrear por el levantamiento del secreto bancario.

Aurelio Pastor recibió depósitos en sus cuentas bancarias por más de 70 mil dólares, según la comisión investigadora. El origen de ese dinero tampoco fue justificado. En 2008, declaró ante la Contraloría que tenía un préstamo personal por 40 mil dólares, pero la comisión señaló que el ex funcionario no lo pudo demostrar.

En enero de 2013, el ex ministro transfirió todos sus bienes a nombre de su esposa, Anita Quesada Bazalar, luego de cambiar al régimen de separación patrimonial. Una de las empresas de su pareja, Ahuashiyacu Logística del Oriente SAC, está vinculada a la compañía Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) que obtuvo contratos con el Estado por más de 25 millones de soles mientras él era ministro.

Tanto Alan García como Aurelio Pastor han tratado de evitar que los informes de la Megacomisión tengan consecuencias para ellos. Mientras que el ex presidente presentó una acción de amparo en el Poder Judicial y pidió la nulidad de todo lo investigado por este grupo especial, el ex ministro presentó en marzo dos oficios dirigidos a la presidencia del Congreso solicitando que se anule y se archive el informe sobre desbalance patrimonial.

El Congreso de la República postergó la discusión de estos hallazgos en dos ocasiones enredado en temas de coyuntura. Hoy se espera una nueva oportunidad para conocer el destino de estas investigaciones sobre lo que no dijo y no reportó el ex presidente García y su círculo más cercano sobre sus cuentas y bienes.

Fecha de publicación: martes, 16 de abril del 2015.

Actualización (17/04/15 - 15:30): Con 45 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el 16 de abril enviar al Ministerio Público el informe de la Megacomisión sobre posible desbalance patrimonial de los ex funcionarios del gobierno aprista (ver detalle de la votación aquí).

Durante el debate que duró más de siete horas, los representantes del partido de Alan García solicitaron que el documento sea enviado a la Comisión de Fiscalización presidida por el congresista de Solidaridad Nacional Enrique Wong, quien en su participación en el Pleno defendió a los ex ministros Aurelio Pastor y Luis Nava. El pedido fue rechazado con 44 votos en contra (ver detalle de la votación aquí).

El Congreso también rechazó una segunda propuesta del fujimorista Juan Díaz Dios para reactivar la Megacomisión por 30 días para interrogar a los ex funcionarios de García investigados en el informe (ver detalle de la votación aquí). 

En los próximos días, la presidenta del Congreso Ana María Solórzano, enviará el informe y los documentos analizados por la comisión investigadora al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En el Ministerio Público deberá definirse qué fiscalías serán las responsables de investigar los indicios aprobados por el Pleno y el plazo que tendrán para hacerlo. Con los hallazgos del informe sobre desbalance patrimonial, el Fiscal de la Nación podría reabrir las investigaciones archivadas por su antecesor José Peláez Bardales a los ex ministros y al propio ex presidente Alan García.

Mira lo que se encontró al círculo del ex presidente: