Hay un paralelismo entre las historias de Alberto Fujimori y Martin Vizcarra, quien también podría ser sancionado y afectado en su candidatura al Parlamento, aunque por motivos muy distintos. El expresidente Fujimori intentó participar en las elecciones el 2006, pero su candidatura fue declarada inadmisible por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que se encontraba inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargos públicos.

Luego de huir del país y renunciar a la presidencia en el 2000, Alberto Fujimori fue sancionado por el Congreso, que aprobó la Resolución Legislativa Nº 018-2000-CR. Los legisladores impusieron una sanción de diez años de inhabilitación para el ejercicio de toda función pública, tras concluir que Fujimori había cometido los delitos de de incumplimiento de deberes y abandono de cargo.

En 2004, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia del expediente 3760-2004-AA/TC, que concluyó que Fujimori estaba inhabilitado para postular, concursar y, en general, acceder a cualquier cargo o función pública durante el período que durara su inhabilitación. 

El abogado penalista Carlos Caro recordó que este es el precedente más cercano que se tiene para evaluar la situación actual del expresidente Martín Vizcarra. 

El 7 de diciembre último, la Comisión de Fiscalización del Congreso, a cargo de Edgar Alarcón (quien tiene 39 investigaciones penales), aprobó el informe final de la investigación seguida a Vizcarra, que recomienda su inhabilitación por diez años. Este grupo de trabajo indagó sobre las contrataciones directas de servicios realizadas en diversos ministerios durante la gestión del exmandatario. Concluyó que se favoreció con contratos a personas del entorno presidencial, entre ellos a Richard "Swing" Cisneros. 

Este informe debe ser visto en el pleno del Congreso, que definirá si aprueba el pedido de sanción. 

El artículo 100 de la Constitución Política del Perú señala que el antejuicio constitucional es una facultad del Congreso. Establece que Martín Vizcarra puede ejercer su defensa. 

Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, ha dicho que el Congreso no puede imponer esta sanción sin que el Poder Judicial determine la culpabilidad de algún funcionario. Citó sentencias del Tribunal Constitucional que determinan este criterio. Se trata de la sentencia del expediente N° 0006-2003-AI/TC y la del expediente N° 00156-2012-PHC/TC.

Hace unos meses, el Ministerio Público inició una investigación por estas contrataciones al expresidente y a funcionarios de su entorno. Sin embargo, aún se encuentra en una etapa inicial y como los presuntos ilícitos se cometieron durante el mandato presidencial de Vizcarra, está sujeta al antejuicio político. 

Sin embargo, Carlos Caro indica que la sentencia del TC en el caso Fujimori establece que el juicio político es distinto al juicio penal y que es una facultad del Congreso. 

La sumilla de esta sentencia señala lo siguiente:

"La inhabilitación política es una sanción política discrecional pero sujeta a criterios de razonabilidad constitucional, que impone el Congreso de la República. Esto lo hace distinta, precisamente por su naturaleza, a la inhabilitación penal (prevista en el artículo 36º del Código Penal) y a la inhabilitación administrativa (según establece el artículo 30 de la Ley de la Carrera Administrativa, el artículo 159º de su Reglamento y la Ley Marco del Empleo Público), las cuales son de carácter estrictamente jurídicos. Dado que la inhabilitación política incide sobre los derechos políticos en dos ámbitos: material y temporal".

Candidatura en riesgo

Martín Vizcarra fue vacado del cargo por el Congreso, luego de que se conocieran delaciones realizadas por testigos protegidos al Equipo Especial Lava Jato, en las que se indicaba que el exmandatario recibió pagos ilícitos de empresas que forman parte del Club de la Construcción, por la entrega de obras cuando este era gobernador de la región Moquegua. 

En noviembre, Vizcarra anunció que participaría en las elecciones generales del 2021, invitado por el partido político Somos Perú. Postulará al cargo de congresista, ya que la ley impide la reelección presidencial. Esta postulación fue cuestionada por el exprocurador anticorrupción Amado Enco, quien manifestó que si el exmandatario es elegido, las investigaciones en su contra podrían demorar. 

Si se aprueba la inhabilitación de diez años en el Congreso, Vizcarra podría ser impedido de participar en las próximas elecciones. Su abogado ya anunció la presentación de un recurso de amparo que, si es admitido, le permitiría continuar en carrera.