Mientras la situación de caos y violencia escala en Venezuela, Estados Unidos observa con cierto beneplácito la posición de los gobiernos de México, Colombia y Brasil que han ofrecido sus oficios para generar un espacio de diálogo para resolver la crisis generada tras las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio, donde Nicolás Maduro se reivindicó como el ganador de la contienda frente al rechazo de la oposición con denuncias de fraude y una movilización ciudadana reprimida con violencia.
En medio de este panorama caben algunas preguntas: ¿Si falla el diálogo qué medidas se pueden tomar? ¿Puede Nicolás Maduro quedarse permanentemente en el poder sin que ninguna instancia o convenio internacional pueda removerlo del cargo? ¿Puede Venezuela quedarse aislada ante las decisiones de Maduro de renunciar a instancias como la Organización de los Estados Americanos?
Conversamos con Elizabeth Salmón, abogada y doctora en Derecho Internacional Humanitario, para conocer algunos aspectos sobre la delicada situación que vive Venezuela y la forma en que se pueden encontrar salidas para recuperar el camino democrático. Para Salmón no es tan cierto que Venezuela quede aislada y que Maduro pueda ejecutar planes de permanencia ilimitada.
“Venezuela es un estado soberano que existe en la comunidad internacional y como tal es muy difícil que existan “parias” en la comunidad internacional donde no les alcance ningún tipo de normativa, de pronunciamientos sobre diversos temas”, puntualiza Salmón.
Entre la OEA y la Corte Penal Internacional
Hace unos días, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que solicitaría a la Corte Penal Internacional (CPI), la detención del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Es hora de la Justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión”, dijo Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA realizada el 1 de agosto.
Para Salmón Garate, si bien Venezuela renunció a los alcances de la OEA, “es un estado miembro de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional y de muchas otras organizaciones”. Desde el punto de vista de lo que corresponde a Naciones Unidas, continúa Salmón, “está obligado con una serie de normas, una serie de pronunciamientos y de jurisprudencia que debe cumplir”.
Consultada sobre la acción de la Corte Penal Internacional (CPI) con relación al momento actual de Venezuela, la también catedrática de Derecho Internacional Humanitario, señala que en la CPI existe una investigación abierta contra personas concretas del régimen de Maduro.
En noviembre de 2021, la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela luego del pedido del fiscal británico Karim Khan, quien anunció el inicio del caso conocido como “Venezuela I” por delitos de lesa humanidad ocurridos en 2017, año en el que se registraron protestas contra Maduro tras la escasez de alimentos y medicinas, además de la suspensión de un referendo que buscaba decidir si el mandatario continuaba o no al frente del control del gobierno venezolano.
“Esa investigación (en la CPI) está en marcha en este momento y también está el caso Venezuela II que es un caso muy extraño porque el propio régimen le pidió a la Corte que analizara hechos ilegales que entendía podían ser crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de Venezuela, pero no especificaba por parte de quién y esto ha sido visto más como una maniobra para tratar de diluir el impacto de (el caso) Venezuela I”, puntualiza Salmón.
En efecto, según un informe de Washington Office for Latin America (WOLA) el 13 de febrero de 2020, el régimen de Maduro solicitó la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad, cometidos ―según el gobierno― como “consecuencia de la aplicación de sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos desde 2014”. Esto, reitera WOLA, se convirtió en el examen preliminar conocido como Venezuela II y es un proceso abierto que continúa su propio camino.
Con esta mirada de lo que pasa en la CPI, se confirma que no existe un estado que sea “paria” en el derecho internacional, por ello considera Salmón que “todos los estados se encuentran obligados por normas y por el derecho internacional (...) que tiene otros mecanismos que van presionando para que un determinado régimen modere sus comportamientos”.
El diálogo con los gobiernos “cercanos”
Frente al contexto difícil que vive Venezuela, se ha promovido una iniciativa de diálogo, liderada por los gobiernos de Gustavo Petro, de Colombia; Luis Inácio “Lula” Da Silva, de Brasil y el saliente mandatario mexicano, Manuel López Obrador. Desde el día 28 expresaron cierta cautela en sus declaraciones, aunque sin dejar de lado el apoyo a Nicolás Maduro, en un discurso que se movía por el vaivén de las situaciones que se daban hora a hora en el país llanero.
Esta propuesta de diálogo, como señalamos al inicio de este informe, ha sido vista con buenos ojos por la administración estadounidense de Joe Biden. La información que llega de Estados Unidos está basada en las declaraciones del subsecretario interino del Departamento de Estado, Mark Wells, quien ha dicho que el gobierno está “a favor” de esta propuesta y de la respuesta de Venezuela. Wells ha manifestado que el accionar del régimen estadounidense está “centrado en que las partes dialoguen para que haya un retorno a las normas democráticas”.
“(Esta opción) es una forma de encontrar un punto medio en el cual, frente a las voces que piden presión de la comunidad internacional, se encuentre esta tercera vía que ayuda a solucionar los temas en Venezuela y puede ser una alternativa de encontrar un camino de solución”, puntualiza Salmón. Agrega que si bien hay un discurso beligerante que pide “el fin del intervencionismo del imperio estadounidense en Venezuela” también hay “una posición más silenciosa, menos visible, pero de una negociación de otros actores internacionales preocupados por la dictadura en Venezuela y que busca ponerle fin al sufrimiento de la población venezolana”.
En esta situación hay que considerar que si bien existe una confrontación política y mediática, vale la pena rescatar el nivel de diálogo que existe desde hace un tiempo. Salmón reitera que, por ejemplo, el Acuerdo de Barbados de 2023 es “precisamente esa puerta que no está 100% cerrada y que busca conversar, reconocer los problemas, llegar a acuerdos”. Sin embargo, el régimen de Maduro “no cumple (...) y la comunidad internacional se cansa de estos intentos de querer negociar o conversar. Pero, al final, la posición de Brasil, México y Colombia, cada uno con sus diferentes matices, es algo novedoso”.
Y la novedad está en que existe este nivel de diálogo promovido por países cercanos al régimen, algo que no fue tan visible cuando Juan Guaidó fue reconocido por la comunidad internacional como el ganador de las elecciones anteriores.
Precisamente, María Corina Machado, lideresa de la oposición en una reciente entrevista con Connectas y medios de comunicación aliados de Venezuela y Colombia expresó su confianza en que esta iniciativa pueda dar paso a una salida negociada.
“No descarto que esta iniciativa pueda establecer los términos de una negociación clara o efectiva, ni descarto que puedan adherirse otros países. Ellos tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen y se han mantenido en una posición de diálogo para esta situación”, remarcó.
La situación en Venezuela es, qué duda cabe, complicada. Hay un importante sector de la población que, lejos del debate político, está sufriendo tanto dentro como fuera de su país. La salida dialogada de Maduro puede generar un atisbo de esperanza en el cambio y como señala nuestra entrevistada, mirando a la distancia, este escenario de tres países cercanos a Maduro, intentando un diálogo es un panorama distinto al de hace unos años.