Al anochecer, el silencio de una Lima en cuarentena se desvanecía en el resonar de aplausos que rendían agradecimiento al personal médico. Aquellas palmadas provenían de los edificios, donde muchos se mantenían a salvo en cumplimiento del aislamiento social. Mientras abajo en las calles, se observaba el paso de los camiones recolectores de basura y el movimiento de los trabajadores de limpieza, cual sobrevivientes de una ciudad que quedaba detenida tras el toque de queda, impuesto por el Gobierno desde el miércoles 18 de marzo.

Ellos nunca dejaron de trabajar. En la jurisdicción de la Municipalidad de Lima, unos 800 trabajadores de limpieza han estado prestando su servicio durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19, según datos del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Innova Ambiental S.A. (Sitobur). Más de la mitad son mujeres, cabeza de familia en su gran mayoría, con edades entre 40 y 60 años, que laboran ocho horas diarias, con el miedo a cuestas por temor a contagiarse con el coronavirus y transmitir la enfermedad a su familia.

Magdalena Jorge Vega tiene 11 años limpiando las calles de Lima y afirmó que, nunca antes, había sentido tanto miedo de salir a trabajar. Desde mediados de marzo, está a cargo del barrido de los alrededores del Hospital Arzobispo Loayza, uno de los principales centros que acoge a pacientes con COVID-19 en la capital. “Me he topado con mascarillas en el piso, guantes o frazadas que los familiares utilizan para envolver a los pacientes y, luego, tiran al entrar a la emergencia. Yo los recojo con mucho temor a contagiarme. Gracias a Dios, hasta la fecha, estoy bien. Y si me enfermé, nunca me enteré”, comentó.

No todos los obreros de la limpieza pública de la Municipalidad de Lima han corrido con la misma suerte. Isabel Cortez, representante del sindicato, calcula que 40% de los trabajadores se han contagiado con el virus. “Al principio, estuvimos trabajando sin protección. Luego, nos dieron mascarillas, guantes y mandaron a los más vulnerables a sus casas. Estamos haciendo todo lo posible para protegernos, como envolvernos los brazos y cubrirnos el uniforme con bolsas. Aún así, hemos tenido muchos contagiados”, señaló.

A finales de abril, Magdalena manifestó dolor de garganta y malestar estomacal. Se asustó. Pensó en las escenas que ha visto en los alrededores del Hospital Loayza: pacientes que llegan cargados porque no pueden hacer esfuerzos por la insuficiencia respiratoria o la imagen de una señora que se desmayó y ningún funcionario de la Policía quería asistirla por miedo a contagiarse. “Apenas lo notifiqué, me mandaron a mi casa. Pero no me quedé tranquila. Me fui preocupada a hacerme una prueba en EsSalud de San Juan de Lurigancho. Lo único que yo pensaba era en mis hijos. Gracias a Dios, no tenía nada”, agregó.

Elena Coopi, en cambio, ha visto cómo muchas de sus compañeras de las cuadrillas de barrido han terminado contagiadas con el virus. A ella le preocupaba enfermarse, porque en casa tiene a dos hijos y a dos nietos. “Era muy triste escuchar a las autoridades decir que nos quedáramos en casa y que nosotras no podíamos hacerlo. Yo tengo que mantener a mi familia, así que me toca seguir y pedirle a Dios. Muchas veces he pensado en no llegar a casa, para no contagiar a los míos. Psicológicamente, es muy difícil trabajar con ese miedo”, comentó.

El 7 de mayo, Elena se hizo la prueba rápida y salió negativo. Pero su hija y su nieta comenzaron a manifestar los síntomas del coronavirus. “No sé cuándo entró el virus a la casa. Mis hijos no salían. Yo trabajaba y, mi día de descanso, me encargaba de hacer las compras para mantenerlos a salvo. Puede que yo haya sido asintomática y los contagié. No sé. Pero mi hija tuvo que estar aislada y a mi nieta la interné. No le deseo a nadie esa situación. Menos mal, logramos superarlo”, dijo.

La empresa de limpieza le adelantó las vacaciones a Elena para que pudiera resolver la situación en su casa. Pudo reincorporarse el 4 de junio a sus labores y, hasta ahora, no le han vuelto a hacer una prueba rápida. “En el hospital, nunca me la hicieron, porque me dijeron que yo trabajaba en una empresa. Y, aún sabiendo que en mi casa tenía dos contagiados, en el trabajo tampoco me la hicieron. Yo he visto a compañeras que han manifestado sentirse mal y las dejan trabajando. Eso es un riesgo. Ellas no presentan la denuncia ante la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) por miedo a que las despidan”, contó.

A riesgo de quedar desempleados

La pandemia no es lo único que mantiene alerta a los trabajadores de limpieza que laboran en el Cercado de Lima. Una convocatoria a licitación, que se hizo el 12 de marzo pasado, ahora amenaza con dejar a más de la mitad de los obreros en la calle, en medio de esta crisis económica generada por el coronavirus y que suma 2,3 millones de personas desempleadas en la capital peruana, durante marzo, abril y mayo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La empresa Innova Ambiental ha prestado servicios a la Municipalidad de Lima desde 1995. Sus propietarios renovaron contrato con varias administraciones. Hasta que llegó a la alcaldía Jorge Muñoz, quien prometió modernizar y renovar la limpieza pública de su jurisdicción. Esa medida implica la incorporación a la planilla de la municipalidad de sólo 414 personas de las 800 que laboran en la actual concesionaria. Ello en respuesta a un mandato judicial emitido en 2018, que interpuso el sindicato contra Innova Ambiental y el municipio limeño.

El riesgo de quedarse sin empleos mantiene a los obreros de la limpieza pública en protesta contra la gestión de Jorge Muñoz, para que en la licitación se incorpore una cláusula de protección de los puestos de trabajo y evitar así un despido masivo. “Cada alcalde quiere venir con su empresa de aseo bajo el brazo y no nos ven con rostro humano. Después de haber trabajado en cuarentena, ahora, nos quieren dejar en la calle. Esto es un atropello”, reclamó Isabel Cortez.

El martes 30 de junio, un grupo salió a manifestarse cerca de la Municipalidad de Lima, pero la Policía dispersó la protesta gremial con bombas lacrimógenas y se llevó detenidos a 46 trabajadores de limpieza. Estuvieron en la comisaría de Monserrat por más de 12 horas, según relató Emilia Coopi, secretaria de Economía del Sitobur. “La Policía nos acorraló y nos detuvo por supuesto desorden público. Eran las 7 y 30 de la mañana. Nos soltaron a las 8 de la noche. El alcalde nunca nos dio la cara”, afirmó.

Otra detención se produjo el lunes 6 de julio. La Policía replegó a los manifestantes con agua y se llevó a tres trabajadores a la comisaría de Monserrat, ubicada en la cuadra ocho del jirón Callao, en el Cercado de Lima.

Convoca.pe contactó a la Municipalidad de Lima para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, sólo se limitó a enviar comunicados de prensa publicados con anterioridad, en los que se asegura que la Ley de Contrataciones del Estado no considera como posibilidad que la entidad condicione al contratista a mantener al personal asignado o recomendado. “No resulta viable ese pedido, dado que implicaría contravenir el espíritu de libre competencia que persigue el sistema de contrataciones del Estado”, se aduce en el comunicado.

Cuadrilla de trabajadores de limpieza pública en una de las estaciones del Metro de Lima. Foto: Difusión

Además, la comuna informó que, desde el 1 de julio, se inició al proceso de incorporación a la planilla municipal de 414 personas pertenecientes al Sitobur. Aclaró que la cifra debería ser de 570 trabajadores, pero que no han recibido los documentos del resto de los obreros de limpieza para sumarlos a la planilla.

Los representantes del sindicato reiteraron que seguirán luchando por la incorporación de todos los agremiados y por el respeto de los beneficios laborales que han alcanzado. “Queremos que consideren la cláusula laboral y los acuerdos que hemos ganado”, comentó Emilia Coopi. “Si perdemos el trabajo, será muy difícil conseguir otro en este momento. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestras familias? Estamos desesperados, porque con esto vivimos”, declaró.

Actualización: 10 de julio de 2020

Casi cuatro meses después

Después de 113 días de haberse iniciado el estado de emergencia nacional,  es decir recién el lunes de esta semana, el Ministerio del Ambiente (Minam) presentó un plan de acción para atender los requerimientos de seguridad de los trabajadores de limpieza que laboran en 26 municipalidades de Lima Metropolitana y la región Callao, en respuesta a una denuncia que hiciera la Contraloría.
 
Una comisión del ente de control evidenció que 26 de los 28 gobiernos locales supervisados entre el 19 de mayo y el 12 de junio no recibieron en su totalidad los equipos de protección personal para prevenir el COVID-19, lo que dejó desprotegidos al personal de limpieza pública por casi cuatro meses de labores. La Municipalidad de Lima está exenta.

Una omisión por demás injustificada, si se toma en cuenta que el Ministerio del Ambiente  cuenta con un presupuesto de 14 millones 535 mil 709 soles para atender los requerimientos de los gobiernos locales de Lima y Callao, y del Ministerio de Salud (Minsa) para el manejo y tratamiento de residuos municipales y biocontaminados durante la pandemia (Decretos de Urgencia Nº 026-2020 y N° 057-2020).

Fuente y elaboración: Contraloría General de la República

“Al 24 de junio, el Ministerio del Ambiente había ejecutado 4.4% de 14 millones 535 mil 709 soles de sus recursos disponibles para apoyar a los gobiernos locales de Lima y Callao, así como al Minsa, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, señaló la Contraloría a través de un comunicado.

El informe corrobora que hubo 23 municipalidades que no recibieron ni una mascarilla, a pesar de haber hecho la solicitud al Ministerio del Ambiente. La lista incluye a las comunas de Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Ate, Comas, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Chorrillos, Independencia, Los Olivos, Santa Rosa, San Luis, Barranco, Breña, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar y Pueblo Libre. En esos casos, de Lima Metropolitana, los gobiernos locales tuvieron que adquirirlos con sus propios recursos.

Laboraron durante la pandemia sin suficientes mascarillas ni equipos de protección personal. Foto: RPP

Las inspecciones de la Contraloría evidenciaron también que en varias municipalidades el personal de limpieza pública no habría sido debidamente capacitado sobre las medidas de prevención y uso de equipos de protección personal (EPP). Tampoco se habrían implementado programadas o convenios de vacunación contra la influenza o neumonía, generando el riesgo de afectar la salud del personal y no prevenir el COVID-19. Aparte, no se habilitaron contenedores con tapa para la disposición final de los Equipos de Protección Personal de un solo uso, a riesgo de contaminación.

En respuesta a la denuncia de la Contraloría, el Ministerio del Ambiente se comprometió a aplicar las acciones correctivas y aseguró que los riesgos quedarán superados el próximo 31 de julio, cuatro meses y medio después de haberse iniciado la crisis sanitaria.

Foto principal: Municipalidad de Lima