El país cierra una etapa de aislamiento social obligatorio que duró más de tres meses, con un total de 288 mil 477 casos confirmados de COVID-19 y 9 mil 860 fallecidos, según los datos oficiales del gobierno de Martín Vizcarra. Luego de 107 días de aislamiento social obligatorio, como medida para enfrentar el nuevo coronavirus, ayer el Perú inició el primer día de lo que el gobierno denomina la "nueva normalidad". En 17 regiones terminará la cuarentena general, mientras que en Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash se mantendrá el aislamiento social obligatorio y los ciudadanos sólo podrán desplazarse para acceder a servicios y bienes esenciales y realizar las actividades económicas autorizadas.

Durante estas más de 14 semanas de cuarentena por la pandemia, las altas cifras de casos del nuevo coronavirus han hecho que el Perú pase de ser un país del que no se hablaba en el escenario sanitario internacional a tener un papel protagónico, al convertirse en el séptimo país con más contagiados, pese a que las restricciones han sido de mayor duración: casi cuatro meses.

A propósito del final del aislamiento social obligatorio, Convoca.pe hace un balance de las medidas tomadas por el Gobierno y sus efectos sobre los principales ejes que este medio digital ha cubierto, investigado y realizado publicaciones durante la pandemia, como la crisis de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), los casos de COVID-19 en los mercados y centros de abastos, los préstamos del programa Reactiva Perú entregados a empresas vinculadas a casos de corrupción y la ejecución de los presupuestos destinados a enfrentar la pandemia en las regiones del país.

El problema ya no son solo los ventiladores

En el último día del aislamiento social obligatorio, el martes 30 pasado, el presidente Martín Vizcarra dio una conferencia de prensa en la que dio detalles de las acciones del Gobierno frente a la pandemia. En su intervención, destacó que el país había pasado de 100 camas UCI, equipadas con ventiladores mecánicos, a más de 1,336 espacios habilitados para pacientes en situación gravísima por el COVID-19, 142 de los cuales, supuestamente, aún están disponibles. 

De acuerdo con las cifras oficiales al día 107 de la pandemia, 433 de las camas UCI ocupadas están en el Seguro Social, 252 en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), 237 en los hospitales regionales, 249 en las clínicas privadas y 41 en los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, ni el mandatario Vizcarra ni las cifras oficiales señalan que la cantidad de médicos especialistas en cuidados intensivos se haya incrementado, sino que incluso había disminuido por las licencias a médicos mayores de 60 años y con comorbilidades (que padece una o varias enfermedades).

Sobre este tema Convoca.pe conversó con Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SPMI), quien afirmó que la situación de los médicos intensivistas que atienden en la sanidad pública es de "esfuerzos sobrehumanos", ya que a la alta demanda de camas de cuidados intensivos de los pacientes graves, que llegan a las áreas de hospitalización, se suma la falta de especialistas para atenderlos.

En la actualidad, están habilitadas más de 1,300 camas UCI y el gobierno afirma que en este mes se llegará a 2,000 camas habilitadas. Foto: Difusión

Cuando este medio de comunicación conversó con Valverde, en las primeras semanas de la pandemia, el especialista indicaba que, en el Colegio Médico solo se tenían registrados a 700 especialistas en medicina intensiva. En la actualidad, el representante de los intensivistas sostiene que han disminuido a 650 o 625, pues un número importante de especialistas ha tenido que dejar sus labores porque son adultos mayores o tienen alguna comorbilidad.

"Estamos haciendo doble o triple turno. Es positivo que se aumentan camas UCI, pero mientras no contemos con especialistas no será posible atenderlas", manifestó.

Valverde refirió que, pese a que el Ministerio de Salud aprobó el 5 de mayo un documento técnico que establece que los equipos en UCI en hospitales deben reorganizarse con médicos de otras especialidades para apoyar a los intensivistas, esto no se cumple en la práctica y los intensivistas están atendiendo a 12 pacientes graves por cada turno.

En la norma aprobada con la Resolución Ministerial 254-2020 se indica que para ampliar la capacidad de la atención de los pacientes en UCI, en situaciones de emergencias masivas, dos médicos no intensivistas debían apoyar en UCI. "Ante la poca cantidad de especialistas en las UCI, necesitamos que nos apoyen médicos como anestesiólogos, cardiólogos, emergenciólogos y neumólogos, pero esto no se está cumpliendo en muchos establecimientos públicos porque otras áreas de hospitalización también están saturadas", explicó Valverde.

El titular de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva señala que no se cumple la normativa para que médicos de otras especialidades apoyen en los intensivistas.

En su reflexión, el titular de la SPMI aseveró que pese a las adversidades, los médicos intensivistas "han aprendido mucho" de la enfermedad y de cómo tratarla en Unidades de Cuidados Intensivos. Comentó que en las primeras semanas de la epidemia hasta abril, la letalidad en los pacientes COVID-19 que llegaban a UCI era mayor de 80%, pero la tasa ha disminuido hasta promedios que llegan hasta el 50%, según los datos recogidos por los médicos intensivistas.

El médico añadió que en la "nueva normalidad", anunciada por el presidente Vizcarra y que empezó ayer, "el panorama no es muy claro" para las áreas de UCI en los hospitales, porque el riesgo de que un nuevo "pico" de casos graves se presente está latente y aún teniendo las 2 mil camas que el mandatario anunció "no sería posible" atender a la cantidad de pacientes graves que lleguen, por la falta de personal.

Este grave escenario que advierte el médico intensivista también ha sido observado por el Centro de Epidemiología del Minsa que, un día antes del fin de la cuarentena, emitió un informe que señala que las regiones de Lima, Callao, Loreto, Lambayeque, Ucayali, Tumbes, Piura, Áncash e Ica requieren "mayor soporte y apoyo urgente" para la atención de los casos confirmados y control del COVID-19, pues estas jurisdicciones se encuentran por encima del promedio de la tasa de propagación de la enfermedad y de la tasa de letalidad hospitalaria y domiciliaria.

Informe señala que nueve regiones requieren apoyo urgente para atención de los casos y control de la expansión del virus. Imagen: Minsa

La tardía reacción ante la ‘super expansión’

Las medidas que el presidente Vizcarra anunció el domingo 15 de marzo, al anunciar la declaratoria del estado de emergencia y el aislamiento social, no contemplaron el cierre o mayor control de establecimientos comerciales de productos de primera necesidad. Algo que, para diferentes especialistas, fue un vacío muy grave debido a que no se tomaron medidas iniciales de contención de la transmisión de la enfermedad en los principales focos de "super expansión" del virus: los mercados.

Recién 48 días después de haber empezado el estado de emergencia, el Estado puso sus ojos en los mercados como fuentes de la proliferación del nuevo coronavirus. El 2 de mayo, en una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el jefe de Estado anunciaba que dos centros de abastos de Lima, el mercado San Felipe, de Surquillo y el mercado de Caquetá, en San Martín de Porres, habían sido intervenidos y se registraron más del 40% de casos de COVID-19 entre los comerciantes analizados.

El gobierno inició la estrategia para intervenir los mercados locales para prevenir la pandemia 48 días después del inicio del estado de emergencia. Foto: Andina

Una semana después del anuncio presidencial —el 8 de mayo—, el Ministerio de Economía publicó una norma que modificó los requisitos para que las municipalidades distritales reciban los incentivos económicos del gobierno central, entre las cuales se añadió que los gobiernos locales hagan cumplir las regulaciones de limpieza y aforo de los centros de abasto en los barrios para enfrentar la ampliación del virus. La medida fue acompañada de una resolución del Ministerio de Salud para intervenir a 36 centros de abasto a nivel nacional.

En mayo, solo en Lima, en los 21 mercados más concurridos se encontró que de los 4,625 comerciantes testeados con pruebas rápidas, 2,251 dieron positivo al virus SARS-CoV 2. Incluso en mercados como el Mayorista de Frutas de La Victoria y el Mercado Mayorista de Santa Anita, que abastecen a toda la ciudad, se registró que entre el 70% y el 86% de sus comerciantes tenían la enfermedad. 

Por otro lado, en tres mercados intervenidos durante el mismo mes, en regiones con alto índice de letalidad por COVID-19, como Piura, Lambayeque y Ucayali se encontró que de los comerciantes testeados entre el 34% al 66% estaban contagiados y continuaban atendiendo al público. Como dijo el mandatario: "dando de yapa el COVID-19".

En declaraciones a Convoca.pe, el director ejecutivo de Promoción de la Salud del Minsa, Alexandro Saco, afirmó que el criterio de intervenir los centros de abasto locales fue un cambio importante y fue “un giro en la salud pública, ya que según comentó, “a veces solo se piensa en la hospitalización o las camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)” y no en la atención primaria y preventiva. Sostuvo que la adecuación de los mercados permite a las autoridades sanitarias regionales y locales identificar los focos de propagación del nuevo coronavirus y aplicar las medidas correctivas.

Mapa de los mercados que han sido intervenidos a nivel nacional entre mayo y junio. Imagen: Minsa

Muchos reportes y pocas visitas

El Gobierno tuvo entre sus primeras estrategias ante el COVID-19 el fortalecimiento de la plataforma de atención telefónica del Ministerio de Salud ‘Línea 113’, para la atención temprana, resolución de consultas de los ciudadanos y reportar casos sospechosos, con el fin de que las direcciones regionales de salud atendieran los casos. Esa línea pasó de tener 62 operadores, que atendían 3,500 llamadas diarias, a contar con 1,726 personas que atienden un promedio de 19,587 comunicaciones por día.

Según la directora general de Telesalud del Minsa, Liliana Ma, desde el 16 de marzo, cuando se inició la cuarentena, hasta el 29 de junio, los operadores de la Línea 113 reportaron más de 322,540 casos sospechosos a un sistema único, para que esta información sea tomada por los Equipos de Respuesta Rápida de las Diris de Lima Metropolitana y las Direcciones Regionales de Salud y que programen sus visitas domiciliarias y realicen la confirmación de los casos.

Reportes diarios de los casos sospechosos que reportó la 'Línea 113'. Imagen: Minsa

“Nosotros registramos a todos los pacientes sospechosos en un sistema único, donde también se ingresan los casos sospechosos que se registran vía el cuestionario virtual y otro grupo desde las centrales telefónicas de cada dirección de Salud. Con este registro, las Diris y Diresas hacen sus programaciones de visitas”, precisó la doctora Ma.

Los equipos de respuesta rápida están conformados por un médico, una enfermera y un técnico de laboratorio. Foto: Difusión

Sin embargo, las importantes cifras de la central telefónica no se reflejan en el número de Equipos de Respuesta Rápida (ERR), necesarios para responder a la demanda de atención domiciliaria de los pacientes sospechosos.

En un informe del Centro de Epidemiología del Minsa, publicado el 29 de junio, se reconoce que solo Amazonas, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Tacna tienen más del 75% de ERR requeridos para sus regiones, mientras que Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Ica y Arequipa disponen de menos del 30% de ERR necesarios para atender a su población. Todas las demás regiones, entre las que figuran las que tienen alto número de casos, como Lima Metropolitana, Piura y Lambayeque, cuentan con entre 30% y 75% de ERR necesarios.

Según el Ministerio de Salud, hasta el 24 de junio, los equipos de respuesta rápida han realizado más de 253,757 visitas a nivel nacional en viviendas, entidades y empresas. 

Marcados en rojo están las regiones que tienen un marcado déficit de equipos de respuesta rápida. Foto: Minsa

Uso de los fondos en las regiones

A inicios de mayo, cuando el número de contagios había alcanzado los 54,817 casos a nivel nacional, los gobiernos regionales estaban destinando, en conjunto, entre reasignaciones presupuestarias y transferencias que el gobierno central realizó, un total de  278 millones 778 mil 938 soles a las entidades de salud bajo su administración, para enfrentar la pandemia. Haasta esa fecha, con 1,533 muertes por el virus, se había ejecutado en promedio 26,7% del presupuesto COVID-19 en todas las regiones.

Al 30 de junio de 2020, casi dos meses después y con 420% más de casos del nuevo coronavirus detectados en todo Perú y 9 mil 677 decesos por el virus, el presupuesto se ha duplicado y alcanzó los 610 millones 906 mil soles, 41,9% de los cuales está en ejecución.

En promedio, todas las regiones han aumentado en 123,7% sus presupuestos, en comparación con el 5 de mayo pasado. Sin embargo, en tres regiones, el aumento presupuestal para afrontar esta pandemia no ha pasado del 50%, en estos dos meses, e incluso, una tiene menos presupuesto con respecto a inicios de mayo.

Las regiones con menos alza de presupuesto

Las regiones Apurímac y Huancavelica tan solo subieron en 38% y 30,3% sus respectivos presupuestos, mientras que Pasco disminuyó su presupuesto inicial en 9,8%, siendo así 13 millones 521 mil 387 soles. Pasco es, junto a Tumbes, Tacna y Madre de Dios, una de las cuatro regiones con menor presupuesto para afrontar la crisis por el COVID-19.

Si bien estas regiones no son las que encabezan los rankings de cantidad de casos detectados de COVID-19, Tumbes es la quinta región con más letalidad por el virus, con 4.49%, porcentaje que supera a Arequipa, Loreto y Piura, que reporta16 mil 923 casos. El presupuesto de Tumbes ha subido desde el 5 de mayo en 142%, pero aún se encuentra entre las regiones con menos presupuesto para afrontar la pandemia, registrando un total de 10 millones 30 mil 572 soles.

Las regiones con más casos

Los casos de contagio de COVID-19 se han focalizado en Lima; le siguen las regiones Callao, Piura y Lambayeque, superando los 10 mil casos en cada una. Piura y Lambayeque presentan presupuestos altos con respecto a las demás jurisdicciones regionales, 55 millones 701 mil 13 de soles y 30 millones 34 mil 810 soles, respectivamente. 

Sin embargo, Callao, la segunda región con más casos, 17 984, tiene un presupuesto menor que estas regiones: 23 millones 822 mil 870 soles. Incluso menor que Cusco, región que reportó 1 796 casos y 1,06% de letalidad del virus, la segunda más baja de todas las regiones. Cusco tiene 31 millones 650 mil 980 soles, casi 10 millones de soles más que el Callao, a pesar de tener más de 90 % menos de casos.

Compañías investigadas en Reactiva Perú

Una de las medidas económicas que anunció el gobierno, a inicios de abril, y que fue una de las más publicitadas por las autoridades estatales es el programa de préstamos con garantías estatales Reactiva Perú, que tenía como objetivo otorgar garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que habían sido afectadas por el estado de emergencia, para que obtuvieran créditos de entidades bancarias y así puedan cumplir sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Sin embargo, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo pública la lista de empresas que accedieron a los préstamos de con aval estatal de Reactiva Perú y, luego de un análisis, Convoca.pe identificó que el 0,74% de compañías —de las más de 71 mil empresas que accedieron a los créditos— concentraron más del 21% del monto total de dinero que se había prestado. Se trata de 532 grandes empresas que accedieron a préstamos de 10 millones de soles, cada una, de bancos privados con garantías públicas.

Estas más de 500 empresas pidieron créditos por un total de 5 mil millones 320 mil soles de los más de 24,747 millones 982 mil soles que la banca privada otorgó a mínimos intereses con garantía del Estado. Estas compañías fueron beneficiadas por el aval estatal a los bancos privados, que señala que el Estado pagará el 80% del monto total prestado, en caso de que esas compañías no logren devolver el dinero y los intereses pactados, que promedian el 1,12%.

En otro análisis detallado también se detectó que las compañías supervisoras CESEL S.A. y HOB Consultores S.A., investigadas junto a las constructoras brasileñas por el megacaso de corrupción de Lava Jato, accedieron a préstamos por 13 millones 200 mil soles, en total, del programa Reactiva Perú. La primera se benefició con un préstamo de 10 millones de soles otorgado por el Banco de Crédito del Perú; y la segunda, accedió a 3 millones 200 mil soles, entregados por el Banco Pichincha, de acuerdo con el registro oficial de empresas beneficiarias difundido por el MEF. Las dos aparecen en el sector “actividades inmobiliarias, empresariales”.

CESEL S.A. está incluida como tercero civil responsable en el caso de irregularidades y corrupción relacionadas al Hospital Antonio Lorena, de Cusco, en el que están implicados la empresa brasileña OAS, los exgobernadores regionales Jorge Acurio y René Concha, la exprimera dama Nadine Heredia y otras personas.

A HOB Consultores S.A. se le involucró en el sobrecosto de 1 millón 188 mil dólares referido al cerro “El Dedo de Dios”, como parte de la construcción del tramo 4 de la Interoceánica Sur, cuya concesión por 25 años fue entregada en agosto de 2005 al consorcio Intersur, que está conformado por Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

Las pesquisas fiscales indican que el exjefe de supervisión del Consorcio Supervisor Interoceánica Sur (HOB Consultores S.A. y CPS de Ingeniería S.A.C.) se puso de acuerdo con el consorcio de firmas brasileñas para sobredimensionar y sobrevalorar diversos trabajos en esa vía. Por este ilícito penal también se indaga a exfuncionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (Ositran) y de Provías Nacional, órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo con documentos a los que accedió Convoca.pe, HOB Consultores S.A. se adjudicó contratos para supervisar al menos cuatro obras de constructoras brasileñas, entre 2007 y 2015: de Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao, las cuales están investigadas por corrupción.

Estos y otros hallazgos periodísticos, que revelaron los vacíos normativos que permitieron a empresas cuestionadas acceder a los préstamos, hicieron que la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, solicitara información al Ministerio de Economía sobre el procedimiento de verificación del programa (Reactiva Perú) y los créditos elegibles para este plan de rescate financiero, que serán garantizados por el Estado. Fuentes de Convoca.pe indicaron que la Procuraduría Ad Hoc ya recibió respuesta del MEF y está trabajando en el análisis de la información, para elaborar un informe para la Procuraduría General.