La corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos son fenómenos interrelacionados que afectan gravemente a las sociedades de todo el mundo, especialmente a aquellas donde la debilidad institucional y la falta de transparencia de sus gobiernos crean un entorno propicio para la impunidad. En las últimas décadas, estos males han logrado expandirse en América Latina, infiltrándose en las actividades de las economías lícitas e integrándose en las estructuras legales de los países, dificultando de esa manera su identificación y sanción. 

Estas son algunas de las conclusiones de la mesa de trabajo “Corrupción, crimen organizado y lavado de activos”, organizada por Convoca.pe y en la que participaron periodistas de investigación y expertos en crimen organizado y corrupción. Este foro de reflexión tuvo lugar en el marco del lanzamiento del Observatorio Transfronterizo de la Corrupción, una novedosa plataforma digital que sistematiza las investigaciones periodísticas producidas en los últimos años de manera colaborativa con más de doce medios de comunicación y organizaciones periodísticas de Latinoamérica.

La mesa de análisis contó con la participación de Daniel Linares, intendente de análisis operativo de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF); Érika Solis, abogada investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP; las periodistas Gabriela Flores, Alejandra García y Milagros Salazar, directora de Convoca. 

Para el representante de la UIF, Daniel Linares, lo más importante es comprender que la corrupción es transversal a todos los delitos como el crimen organizado y el lavado de activos, por lo tanto, es necesario observar este fenómeno desde varios ángulos que permitan obtener un enfoque integral para combatirlo. En esa línea, señaló cómo operan las redes criminales con el fin de proteger sus intereses ilícitos a través de estructuras financieras y empresariales.

“En el crimen organizado el tema es más sistémico. Primero, todos buscan un rédito económico, entonces, crean como un departamento de finanzas que se encarga de administrar estos fondos, pero también de lavarlos. No solamente es tener el efectivo que han podido acumular por el delito, sino se trata de darle la legalidad. Ese departamento se encarga justamente de tener la plata para darle las utilidades a la organización, pero también para pagar las coimas a los funcionarios”, añadió Linares. 

La abogada Érika Solis explicó la “utilidad” del lavado de activos para disimular los orígenes ilícitos del dinero recaudado por la corrupción y las organizaciones delictivas. “En casos de corrupción, por ejemplo, en gobiernos regionales o gobiernos locales muchas veces vemos que cambian los actores, pero el sistema de corrupción se mantiene. Entonces, en esos casos, el lavado de activos estaría más vinculado a una utilidad personal o grupal. A diferencia del crimen organizado donde muchos de los grupos criminales trabajan con mercados ilícitos y requieren una inversión a partir del lavado de activos”, dijo.

A su turno, la directora de Convoca, Milagros Salazar, hizo hincapié en lo relevante que es identificar los mecanismos de las economías legales que vienen utilizando los actores de las actividades ilícitas para introducirse al sistema formal sin ser descubiertos y evadiendo a la justicia. “Sabemos que la actividad económica del sector construcción es permitida. Hay consensos a nivel del poder político de que se requiere y que está conectada con las demandas sociales. En el caso de la Interoceánica Sur, por ejemplo, Jorge Barata admitió que varias de las acciones que realizó Odebrecht eran para hacer la caja para las coimas, es decir, la actividad era lícita porque era una contratación con el Estado que avala la inversión de la obra pública. Luego, los mecanismos eran incrementos vía adendas o normas ad hoc, decretos de urgencia, y varias otras formas de poder hacer la caja donde intervinieron abogados, estudios de abogados y empresas aliadas. Hay un mecanismo para poder hacer la caja, otro mecanismo para que llegue la coima al beneficiario final”, agregó.

En esa línea, Salazar relató que durante la investigación periodística de “Dorada Opacidad”, una serie investigativa transfronteriza lidera por Convoca sobre los mecanismos del tráfico de oro l: “La venta, compra, procesamiento y exportación de oro no es ilegal. No obstante, la mayor cantidad de oro (ilegal) que sale es porque entra al sistema formal. Entonces, consideramos que si podemos hacer la comparación entre producción y exportación, podemos ver quién lo procesa, de que zonas proviene, cómo va de mano en mano. Si uno hace ese paso a paso y, además, ve las cifras, los actores que intervienen, uno puede darse cuenta de que hay una gran debilidad en el sistema formal, que es responsabilidad de varias instituciones”.

El lanzamiento del Observatorio Transfronterizo de la Corrupción de Convoca se realizó durante el IV Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la Corrupción y Redes Criminales (ELPIC), que se desarrolló en Lima del 28 al 29 de noviembre.