Así como avanza el impacto en la salud púbica del nuevo coronavirus, también crece el gasto público para enfrentar esta emergencia sanitaria. El Estado peruano ha transferido al menos 2,500 millones de soles para la compra de equipos e insumos médicos así como subsidios a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. En forma simultánea, las autoridades del gobierno central han destinado recursos para subsidiar a empresas privadas para el pago de sueldos de sus trabajadores. Sin embargo, hasta hoy no se conoce con esa misma celeridad la información detallada sobre cómo se gastan estos fondos públicos.

Convoca.pe conversó con Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, quien indicó que es clave que el principio de transparencia se garantice porque ayudará a una eficiente atención de la emergencia y recordó que el decreto de estado de emergencia no ha suspendido el derecho a la información pública como sí ha ocurrido en países como El Salvador, Honduras o Brasil. Por lo tanto, agregó Rotta, el Ejecutivo debe publicar una norma que permita que todos los niveles del Estado respondan a las solicitudes de acceso a la información.

Este medio digital ha realizado pedidos de información a entidades estatales a través de los formatos digitales de los portales de transparencia del Ministerio de Salud y EsSalud. Sin embargo, hasta el momento estas instituciones no han respondido sobre la recepción de las solicitudes.

Para el director de Proética, es necesario que el Ejecutivo defina un plan para que se garantice el derecho al acceso a la información pública. Foto: Proética. 

Subsidios bajo la lupa

Rotta destacó que el presidente Vizcarra haya solicitado al Congreso de la República la aprobación de una ley que permita a la Contraloría el control concurrente, que busca prevenir y corregir situaciones que generen riesgo al erario público. Actualmente, la Contraloría solo está autorizada a realizar el control concurrente a las obras de la 'Reconstrucción con cambios' y, en los demás casos, sólo el control posterior.

La fiscalización también debe alcanzar a la entrega de los bonos de 380 soles para conocer si las personas que los recibieron cumplían con las características para merecerlos, así como las transferencias de los subsidios aprobados a favor de las empresas para el pago de los trabajadores con el propósito de conocer qué compañías se beneficiaron y qué grupos económicos han concentrado más subsidios, señaló Rotta. 

Respecto al anuncio del presidente Vizcarra sobre el fondo de 200 millones de soles que destinará a los gobiernos locales del país para la compra de alimentos de la canasta básica en beneficio de poblaciones vulnerables, el representante de Proética consideró que es necesario que estas adquisiciones sean auditadas. No obstante, alertó que las Oficinas de Control Interno (OCI), que son los brazos del sistema nacional de control, solo están presentes en el 30% de municipalidades. 

Rota indicó que la Contraloría debe fiscalizar también los subsidios otorgados durante el estado de emergencia por la enfermedad COVID-19. Foto: Andina.

Para apoyar la fiscalización en los gobiernos locales, Rotta añadió que se tiene que facilitar la denuncia de los vecinos organizados y también de los regidores municipales que van a estar cerca a los procesos de contratación durante el estado de emergencia.

Transparencia para compras y licitaciones

En declaraciones a este medio digital, el representante de Proética informó que su institución ha propuesto al Ejecutivo la creación de un portal digital dedicado a publicar en tiempo real el avance de la ejecución presupuestaría con el mayor detalle posible. "Necesitamos saber qué se está comprando, a cuánto se compra, y a quién se está comprando durante el estado de emergencia. Eso se debería centralizar en un solo sitio web o un micrositio del Ministerio de Economía o la Presidencia de Consejo de Ministros”, recomendó Rotta. 

Añadió que la centralización de la información en un solo canal digital facilitaría la vigilancia independiente a cargo de periodistas y de la sociedad civil, así como el trabajo de fiscalización de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. 

Mirada latinoamericana

Trece organizaciones de la sociedad civil que conforman Transparencia Internacional, entre las que aparece Proética, desarrollaron un informe en el que señalan cuáles son los principios básicos que deben garantizar los gobiernos para asegurar la integridad de los procesos de adjudicación pública que realicen durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus. 

En el documento se resalta que los gobiernos deben garantizar la transparencia y los datos abiertos en materia de contrataciones públicas y la información debe concentrarse en un sitio web público con información estandarizada.

Transparencia Internacional recomienda que al término de la emergencia los gobiernos deben rendir cuentas sobre los recursos invertidos, las contrataciones, así como el número y localización de los beneficiarios de los subsidios entregados durante la emergencia. Puedes leer el informe completo en este enlace.